Alianza por el Clima rechaza la inclusión del gas y la nuclear en las ‘inversiones sostenibles’ de la UE

El pasado 31 de diciembre, la Comisión Europea hizo público un borrador de propuesta de acto delegado que servirá para decidir el papel que debe jugar la energía nuclear y el gas en la transición ecológica. La nueva propuesta complementa la taxonomía, el nuevo sistema europeo que clasifica las inversiones sostenibles, y del que dependerá que se inviertan miles de millones de euros en esas dos tecnologías o no.

La taxonomía de la UE es un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles según criterios basados en la ciencia, que contribuyan de forma sustancial a al menos uno de los objetivos medioambientales fijados en el propio Reglamento de Taxonomía (1) y no causen un daño significativo a ninguno de los otros. Su objetivo es que haya más inversiones del sector privado dirigidas a actividades que faciliten la transición ecológica y el cumplimiento de las políticas climáticas y ambientales de la Unión.

La concreción de la Taxonomía viene establecida por los denominados Actos Delegados. En el caso del segundo acto delegado sobre las actividades de transición, el debate se encuentra sobre todo en la inclusión del gas y la energía nuclear como inversiones sostenibles. El borrador del documento presentado por la CE incluye la inclusión de la energía nuclear y el gas natural como inversiones verdes. Entre  los requisitos para considerar verde a la energía nuclear se encuentran la necesidad de tener un plan y fondos necesarios para deshacerse de los residuos radiactivos; en el caso de las nuevas plantas deberían recibir el permiso de construcción antes de 2045.

Para que el gas sea considerado una inversión verde se requiere que las emisiones sean inferiores a 270g de CO2 equivalente KWH, que estas plantas reemplacen otras más contaminantes y que reciban el permiso de construcción antes de finales de 2030, entre otros requisitos.

Este documento supone, en la práctica, la financiación de combustibles fósiles hasta 2050 y que sectores como el nuclear y el gas puedan obtener la misma etiqueta de sostenibilidad que actividades económicas dirigidas a la construcción de sistemas de paneles solares o turbinas eólicas. 

En este contexto, Alianza por el Clima -que representa a numerosos colectivos ecologistas, sociales, sindicales, agrarios o agroecológicos, entre los que se encuentra Greenpeace- se suma a las voces que ya han exigido al Europarlamento y el Consejo de Europa el veto de este acto delegado sí continúa abriendo la puerta al gas y a las nucleares. Para estas organizaciones es necesario un documento acorde con la ambición climática que se espera de la UE.

Este documento se encuentra ahora en manos de los estados miembros, y de la Plataforma de expertos de la UE sobre finanzas sostenibles, que tienen de plazo para emitir sus comentarios hasta el 21 de enero.. Los colegisladores de la UE, el Consejo y el Parlamento Europeo, tendrán, entonces, cuatro meses para analizar el documento y plantear objeciones. Para Alianza por el Clima es fundamental que el  gobierno español mantenga su posición de no calificar de inversiones verdes a la energía nuclear ni al gas, y contemple un marco de financiación pública en el que exclusivamente encuentren cabida las actividades económicas sostenibles a  largo plazo que sean viables en un escenario de neutralidad climática en 2050. 

AxC pide al gobierno español y a los representantes españoles en el Parlamento Europeo que avancen en las alianzas con otros países para que finalmente la Taxonomía excluya estas energías de  la categoría de verde o sostenible ya que dificultan la necesaria transición energética, incentivando el gas natural que contribuye al cambio climático, y la energía nuclear que genera contaminación y costes desorbitados por residuos radiactivos. Además, incluir como energía verde al gas natural y la energía nuclear construye una narrativa que desplaza del debate otras soluciones alternativas encaminadas a impulsar una democratización de la transición energética, oponiéndose, por tanto, al espíritu del Pacto Verde Europeo.