Ante la emergencia climática que YA sufrimos: soluciones y no declaraciones
Nosotras, las personas afectadas por el cambio climático nos levantamos y manifestamos por nuestra vida en un entorno digno y sano. Exigimos a los gobiernos locales, autonómicos, nacionales e internacionales que cumplan con su deber de proteger la vida y el futuro de todas las personas. Exigimos una respuesta suficiente y adecuada contra la crisis climática que atravesamos, a través de una transformación sin precedentes que ponga en el centro a las personas, la ciencia, la salud, la reducción de las desigualdades y la justicia climática.
El año 2023 se ha convertido en el año más caluroso de la historia de la humanidad, y tras otro año 2022 de récords sin precedentes, los efectos del cambio climático ya impactan de forma desastrosa a millones de personas en nuestro territorio y en el resto del planeta. Las olas de calor, las sequías extremas, las lluvias torrenciales, los incendios forestales… están causando miles de víctimas mortales. Unas pérdidas y daños que se dan especialmente en las mujeres y los colectivos y países más vulnerables, cuya responsabilidad histórica ante la emergencia climática es muy pequeña o inexistente.
Esto no es justo. No es justo porque mientras, grandes empresas contaminantes, transnacionales y del Ibex35, obtienen miles de millones de euros de beneficios cada año a costa de los bolsillos de toda la ciudadanía, al tiempo que aceleran la crisis climáticas y las desigualdades se acrecientan.
Por todo ello, en el marco de un llamamiento internacional nos movilizamos como personas afectadas y en solidaridad con los países del Sur global más impactados por la crisis climática. Mientras los gobiernos mundiales se reúnen en Dubái en la COP28, nos unimos en esta movilización por la falta de ambición y algunas malas prácticas de los gobiernos nacionales, regionales y locales, y la codicia de las grandes empresas y la industria fósil. Al mismo tiempo reclamamos el respeto a los derechos de libertad de expresión y reunión, en la COP28 y en todo el mundo, así como la liberación de las personas presas en EAU por ejercerlos. Exigimos que se inicien de forma inmediata los cambios necesarios para afrontar la crisis climática en las políticas energéticas, urbanas, agrarias, sociales y económicas, que protejan a las personas, especialmente a las mujeres, y al planeta frente a las múltiples agresiones que nos dejan cada vez más expuestas y ante “las puertas del infierno climático”, en palabras del Secretario General de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, exigimos también:
– Cuidar el agua como un bien público escaso. Conforme la sequía se convierte en un problema cotidiano para la ciudadanía y la agricultura, debemos apostar por una adecuada gestión y tratamiento del agua urbana, por cultivos de temporada, locales y poco intensivos. Igualmente exigimos combatir el exceso de regadíos y los pozos ilegales, defender ecosistemas clave como el de Doñana, y evitar las infraestructuras que la malgasten asegurando que toda la población esté abastecida.
– Cuidar la salud de las personas, disminuyendo la contaminación atmosférica que cada año mata a más de 44.000 personas sólo en España y apostando por una sanidad pública y de calidad. Pedimos reforzar el transporte público, impulsar las zonas de bajas emisiones y un modelo ferroviario que vertebre el territorio y enfríe el planeta. También exigimos promover un sistema de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, y elaborar un plan de cierre progresivo de las incineradoras, muy contaminantes y casualmente colocadas cerca de los barrios más populares.
– Apostar por la justicia climática. Cuando millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, tenemos que luchar por sus derechos en todo el mundo, y destinar fondos internacionales suficientes a la adaptación y a las pérdidas y los daños de los países y comunidades más vulnerables. Fondos que en ningún caso deberían agravar la deuda de los países del sur. España no ha cumplido con estos compromisos de financiación.
– Que los gobiernos combatan el poder de los lobbies económicos que se enriquecen a través de la crisis climática. Acabar con la pobreza energética asegurando el suministro a cada persona como un derecho humano, y parar las infraestructuras contaminantes, como las ampliaciones de aeropuertos, que profundizan en el problema.
– Adaptarnos a la crisis climática creando ciudades resilientes y habitables, en lugar de islas de calor y asfalto dónde el poco arbolado urbano que existe se sigue talando en pos de proyectos urbanísticos propios de otro siglo. Esta es ya una exigencia de nuestros compromisos internacionales y del acuerdo de París, para los cuáles España no debe quedarse atrás.
