Aprobada la Directiva Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad

Hoy la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés) ha pasado su último trámite formal y ha sido aprobada por el consejo de competitividad del Consejo de la Unión Europea.

La directiva supone un avance significativo para los derechos humanos puesto que obliga a las empresas a tomar medidas concretas que identifiquen, prevengan y mitiguen violaciones de derechos humanos o daños ambientales. También les obligará a rendir cuentas y responder por los daños que hayan causado a las personas y al medio ambiente en sus operaciones comerciales.

La Directiva aprobada hoy, se aplicará a las empresas establecidas en la UE con más de 1.000 personas empleadas y más de 450 millones de euros de facturación neta anual. También se aplicará a empresas no establecidas en la UE y que facturen más de 450 millones de euros en la UE. 

 “Pedimos al Gobierno español que proceda ahora con la transposición de la directiva a la legislación nacional sin demoras. Vemos esencial fortalecer áreas de la directiva que aún pueden ser mejoradas para asegurar su máxima eficacia pues la directiva va a ser decisiva para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus actividades”, Amaya Acero, coordinadora de la PER. 

Esta normativa es clave ante casos graves documentados por la sociedad civil española como la participación de la empresa vasca CAF en el proyecto de ampliación del tranvía en Jerusalén que une asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado y que ha sido declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violar el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU; o el derrame de petróleo de Repsol en Perú, que afectó no solo el ecosistema sino los medios de vida de más de 10.000 familias de pescadores de las costas del Perú. 

Un avance histórico con oportunidades de mejoras necesarias 

La Plataforma por Empresas Responsables (PER) y sus 20 organizaciones miembro[1], que representan a 530 entidades, acoge con satisfacción la aprobación de la directiva, reconociendo que representa un paso histórico en el establecimiento de requisitos vinculantes para que las empresas que operan en la UE evalúen los riesgos de derechos humanos y ambientales relacionados con sus operaciones y parte de su cadena de valor, para acabar con la impunidad empresarial.  Esta legislación también representa un avance significativo en la protección de las víctimas de abusos empresariales, haciendo que la justicia sea más accesible, asequible y eficiente, y fortaleciendo los fundamentos judiciales para la reparación cuando ocurre un daño. La directiva exige además a las empresas abordar los impactos ambientales de sus operaciones a través de planes de transición climática, estableciendo objetivos climáticos y medidas de implementación. 

No obstante, la PER lamenta que la norma no alcance las expectativas más ambiciosas según los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el ámbito de aplicación ha quedado diluido lo que limita el número de empresas obligadas a cumplirlo. Además, las obligaciones establecidas por la norma afectan a la cadena de actividades pero no a la cadena de valor global, lo que excluye, entre otros, el uso y venta de productos. Otra cuestión preocupante es la exención parcial del sector financiero y del armamentístico.

La votación de hoy culmina el expediente legislativo formal y la directiva entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento los Estados miembros tendrán dos años para incorporar la directiva a su legislación nacional. 

“Las víctimas de abusos empresariales llevan demasiado tiempo esperando justicia. El Gobierno español, que ha estado comprometido con la adopción de la directiva, debería seguir dando ejemplo y ser de los primeros en transponerla sin esperar a agotar el plazo”, añade Amaya Acero. 

Entre los aspectos que deben mejorarse en la transposición, la PER considera fundamental ampliar el ámbito de aplicación, eliminar las exenciones del sector financiero y armamentístico e incluir la perspectiva de género, actualmente ausente en la directiva. Del mismo modo, es crucial garantizar que aspectos como la responsabilidad civil, las medidas de acceso a la justicia o los planes de transición se incorporen adecuadamente al ordenamiento jurídico español para que la directiva cumpla con sus objetivos. 

Desde la PER, instamos al Gobierno español a que durante la transposición se subsanen estas limitaciones para garantizar una implementación robusta y efectiva de la directiva, que verdaderamente proteja los derechos humanos y el medio ambiente, y que ponga fin a la impunidad empresarial en cualquier lugar del planeta.

La Plataforma por Empresas Responsables se mantendrá vigilante y proactiva en la promoción de una implementación efectiva y justa de esta normativa. 

[1] La Plataforma por Empresas Responsables (PER) es una alianza de 20 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y una base social de 3 millones de socios: Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos España, Asufin, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, Educo, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundación Paz y Solidaridad, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO. Estas entidades trabajan de manera conjunta para que exista legislación sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y sostenibilidad.