Así viven los animales en la macrogranja más contaminante de España

Abandono, animales muertos, suciedad… son algunas de las condiciones que un equipo de investigación de Greenpeace ha encontrado al acceder al interior de una de las mayores explotaciones de ganadería industrial de España: la macrogranja de cerdos que Cefusa (del Grupo Fuertes, matriz de El Pozo) tiene en el pequeño municipio granadino de Castilléjar, al noreste de la provincia, donde cada año se pueden llegar a producir la friolera de 651.000 lechones. Esta gigantesca instalación, dividida en diez núcleos con varias naves, es además la macrogranja de porcino con mayores emisiones de metano y amoniaco del país.

La visita a este megacomplejo del carnicero de El Pozo se ha producido dentro de la campaña de Greenpeace para denunciar el elevado impacto ambiental y social de la ganadería industrial. Este modelo contribuye a la crisis climática actual, a la pérdida de biodiversidad y al desmesurado consumo y contaminación del agua, y su avance descontrolado no para de agravar estos problemas. España ya es el primer productor de porcino de la UE: en 2020 se sacrificaron más de 56 millones de cerdos. (Informe en profundidad completo).

La instalación a la que ha podido acceder Greenpeace (con equipos EPIS y exhaustivas medidas de bioseguridad) es una enorme nave dedicada a la “producción y cría” de lechones. En su interior se documentaron escenas de madres recién paridas, o incluso pariendo en ese momento, sin ningún tipo de asistencia y con numerosos lechones muertos en minúsculas jaulas llenas de heces, además de roedores por doquier y mucha suciedad. Todo esto contrasta con la imagen que ofrece la empresa en sus comunicaciones en las que los animales viven en un ambiente totalmente diferente.

Cada vez es mayor la oposición que este tipo de instalaciones despierta entre las personas que viven en sus inmediaciones por los malos olores que generan, a los que se suman la contaminación constante de sus acuíferos por las filtraciones de purines y el escaso impacto positivo que generan en forma de fijación de población o creación de empleo. Debido a su producción masiva e incesante, este tipo de instalaciones se convierten en auténticas fábricas de emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco (240.000 kg en 2019), con el único y máximo objetivo de producir carne barata y pingües beneficios a sus propietarios. 

“Lo que Greenpeace ha encontrado en la macrogranja del poderoso Grupo Fuertes, el principal productor cárnico de España, conocido por su famosa marca El Pozo, es vergonzoso. Sí esto ocurre aquí, no queremos ni imaginar cómo pueden estar muchas otras instalaciones de este tipo en el resto de España”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. “Es intolerable que se siga promoviendo este modelo en España, por ello exigimos que en primera instancia la Junta de Andalucía realice una inspección inmediata y completa de las instalaciones de Cefusa en Castilléjar y en segundo lugar ponga en marcha una moratoria a la ganadería industrial: ni nuevos proyectos ni ampliación de los existentes”, ha añadido Ferreirim.

A pesar de que las imágenes son duras, Greenpeace entiende que el sector cárnico no debe ocultar a las personas que consumen sus productos la realidad que hay detrás de ellos, ni vender imágenes que no corresponden con su realidad productiva, por lo que pide mayor transparencia e información. Para la organización ecologista, no sirve de justificación que algunos de los estándares que se aplican en las macrogranjas, como el tamaño de las jaulas, sea algo aceptado por las normativas, sino que pide que se abandone por completo este modelo industrial.

Los datos que ofrece el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes estima que las emisiones de metano de la explotación porcina de Cefusa en Castilléjar, alcanzaron en 2019 los 590.000 kg. Este dato podría ser muy superior dado que, como también señala Naciones Unidas, el conocimiento y monitoreo de las emisiones son incompletos y esto propicia que se subestimen los datos reales de emisión. 

“Es necesario poner fin al sinsentido de las macrogranjas. El Gobierno, y muy en particular el ministro Planas, debe tomar cartas en el asunto y poner en marcha medidas que impidan que las macrogranjas sigan instalándose en España de forma desmesurada y descontrolada y envenenando el aire que respiramos y el agua que bebemos“, ha concluido Ferreirim.

En abril de este año Greenpeace impulsó la creación de una Red de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos. Uno de los grupos que participa en este proyecto  es la Plataforma Salvemos Castilléjar. De las 30 muestras de agua recogidas por esta plataforma, muchas en las inmediaciones de esta macrogranja, se ha calculado un valor medio de la contaminación por nitratos de 31,4 mg/l, y cuatro muestras dieron valores superiores a 50 mg/l (el máximo legal permitido para agua potable), tres de ellas de agua superficial (una de una fuente) con el peligro que supone para la población que la consuma, y una en un pozo.