Cinco empresas acumulan la mitad de las solicitudes de tramitación ambiental exprés: Iberdrola, Capital Energy, Ignis Energía, Acciona y el Grupo Édora

Greenpeace ha presentado un estudio que analiza quién y dónde se aprovecha más del mecanismo de determinación de afección ambiental, también conocido como “tramitación ambiental exprés”. Pide su derogación urgente por constituir un recorte de las garantías ambientales y por suprimir la participación pública en el necesario despliegue de las renovables. 

Ante el reciente compromiso de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para identificar y promover las buenas prácticas que permiten a las renovables beneficiar a los territorios que las acogen , Greenpeace recuerda que la tramitación ambiental exprés es contraria a algunas de las buenas prácticas más prometedoras, identificadas en el informe sobre buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo, presentado por la organización hace unos días:la  participación temprana de las comunidades y la transformación de las plantas en zonas de restauración de la biodiversidad.

“Compartimos la necesidad de agilizar los trámites para las renovables, pero los mecanismos que acortan las garantías ambientales y eliminan la participación pública responden más a los intereses de determinadas empresas que a los generales y fomentan el rechazo social que acaba generando retrasos, el efecto contrario que se buscaba con la norma”, ha declarado Sara Pizzinato, de la campaña de Energías Renovables de Greenpeace.

Greenpeace pide sustituir esta tramitación ambiental por mecanismos de aceleración que incluyan la participación ciudadana y que impulsen los proyectos en zonas urbanas, industriales, urbanizables, de baja sensibilidad ambiental, tejados, infraestructuras existentes y comunidades energéticas.

El análisis de Greenpeace detalla el estado de tramitación de los 210 proyectos que han solicitado la tramitación ambiental exprés, entre el 31/3/2022 (entrada en vigor de la tramitación ambiental exprés “limitada” – RDL 6/2022) y el 7/12/2023 (casi un año después de la entrada en vigor de la tramitación ambiental exprés “sin límites” RDL 20/2022). Ofrece detalles sobre su estado de tramitación, distribución geográfica y qué empresas los han solicitado, con datos diferenciados entre tramitación “limitada” y “sin límites”.

Greenpeace destaca las siguientes conclusiones: 

1. La tramitación ambiental exprés, en sus dos versiones (“limitada y “sin límites”), no ha conseguido su objetivo de agilización masiva de la tramitación de los proyectos de renovables pero ha sentado un precedente peligroso: se acepta como mal menor el recorte de la participación social y de las garantías ambientales. Especialmente en el caso de la versión “sin límites”, en la que el riesgo es mucho mayor.
2. Se han tramitado 8 proyectos al mes por vía exprés. Sólo una cuarta parte de los proyectos ha requerido la tramitación “sin límites”. 
3. Todos los proyectos que se han aprobado, hasta finales de diciembre de 2023, están completamente ubicados en zona de baja sensibilidad ambiental y dentro de los límites de potencia establecidos inicialmente. 
4. Pero hay al menos 11 proyectos que no podrían haber sido tramitados bajo la versión “limitada”, aunque es imposible determinar si hay muchos más entre los proyectos a la espera de resolución por falta de información al respecto. 
5. Ya que el 68 % de las solicitudes de tramitación ambiental exprés “sin límites” sigue a la espera de resolución, sigue siendo elevado el riesgo de que instalaciones en zonas sensibles ambientalmente se evalúen de forma apresurada y reciban la luz verde ambiental sin la información imprescindible que aportan las comunidades locales a través de la consulta pública.
6. Y hay quien se aprovecha más de este atajo ambiental y de excluir a la ciudadanía de las decisiones:
   1. Cinco empresas han aprovechado más la tramitación ambiental exprés: Iberdrola, Capital Energy, Ignis Energía, Acciona y el Grupo Édora. Los primeros en solicitar la tramitación exprés fueron los grupos Capital Energy e Ignis Energía. 
   2. Las dos Castillas no sólo acumulan la mitad de todas las solicitudes (el 56 %). También es allí donde los proyectos tienen más probabilidad que en otras comunidades autónomas de obtener la luz verde ambiental a través de esta vía exprés. 
   3. El primer mes desde la aprobación de la tramitación ambiental exprés “limitada” ha sido el periodo con más peticiones: el 40 % de todas las solicitudes realizadas hasta finales de 2023. Es decir, que la tramitación “sin límites” no tuvo tanta demanda como la versión “limitada”.
      
      

Los primeros 20 meses de tramitación ambiental exprés nos han enseñado que nada justifica la eliminación de la participación pública, ni siquiera en las zonas de baja sensibilidad ambiental. Mucho menos transformar todo el territorio no protegido en zonas de aceleración sin ni siquiera haber realizado anteriormente una Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como obliga la Revisión de la Directiva Europea de Renovables.

“Hay que buscar urgentemente alternativas para agilizar la transición que no lleven a perder las garantías ambientales y la participación ciudadana. Hay opciones como la digitalización de los trámites, creación de ventanillas únicas, mejorar la coordinación entre Administraciones y una ordenación territorial para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas y de alta sensibilidad ambiental. Queda claro que la tramitación exprés no es un trampantojo, como decía la vicepresidenta Ribera, sino una peligrosa trampa para facilitar las malas prácticas y obstaculizar las buenas en el desarrollo renovable”, ha declarado Sara Pizzinato. 

Breve introducción a la tramitación ambiental exprés

El mecanismo de determinación de afección ambiental es conocido como “tramitación ambiental exprés”. El Gobierno español estableció unas zonas de aceleración para las energías renovables en las que se relajan las garantías ambientales dando sólo dos meses al funcionariado para resolver una Declaración de Impacto Ambiental (en caso de que el proyecto sea admitido a pasar por la vía rápida) y se suprime la participación pública en el trámite ambiental. 

Es necesario distinguir entre dos versiones de la tramitación ambiental exprés: la “limitada” y la “sin límites”. El 31 de marzo de 2022, el Gobierno empezó limitando este proceso rápido sólo a zonas de baja y media sensibilidad ambiental y potencias inferiores a 75 MW para eólica y a 150 MW para fotovoltaica (“limitada” – RDL 6/2022). La sociedad se opuso y se consiguió limitar a las zonas de baja sensibilidad. Desafortunadamente, no se consiguió reintroducir la participación pública.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, bajo presión por encontrar soluciones ante el encarecimiento de la vida como consecuencia de la dependencia del gas, el Gobierno transformó todo el territorio español en un área de aceleración para las renovables (a excepción de la Red Natura 2000 y del mar), independientemente del tamaño de las instalaciones (“sin límites” – RDL 20/2022). Greenpeace, junto a muchas otras organizaciones, se opuso a esta decisión.

Más información:

• Informe sobre la tramitación ambiental exprés. 
• Informe Renovables respetuosas con las personas y la biodiversidad. Buenas y malas prácticas en la implementación de proyectos fotovoltaicos y eólicos en suelo, de Greenpeace y Fundación Renovables.
• En Profundidad: Necesitamos renovables, pero tenemos que hacerlo bien.