Diez años tras la catástrofe del Rana Plaza, Greenpeace denuncia que sigue el greenwashing tras la moda 

Greenpeace recuerda hoy a las 1.134 víctimas del colapso de la fábrica de ropa Rana Plaza en Bangladesh, hace diez años, considerada la mayor catástrofe en la industria de la producción de fast fashion. Para conmemorar el aniversario, la organización ecologista publica un nuevo informe que muestra que, si bien la industria de la moda rápida promociona cada vez más la sostenibilidad y las mejores condiciones de trabajo, en su mayoría es un lavado verde o greenwashing.

El informe demuestra cómo las empresas han creado sus propias etiquetas de sostenibilidad, utilizando términos como «sostenible», «verde» o «justo». Greenpeace ha investigado hasta qué punto esta promoción, por parte de las empresas de moda rápida, líderes en el mercado, se dirige realmente a una mejor producción y verifica que se siguen usando productos químicos dañinos y que muchos empleados siguen sin tener salarios dignos ni se hacen públicos datos sobre las cadenas de suministro. La etiqueta «Vaude Green Shape» ha sido la que mejor resultado ha conseguido, pero otras, como «Mango Committed», se sitúan al final de las marcas analizadas. 

«Diez años después del drama del Rana Plaza, la industria de la moda fast fashion continúa explotando a las personas y destruyendo el medio ambiente», explica Celia Ojeda, portavoz de Greenpeace. «Jugar con los consumidores/as promocionando la sostenibilidad a través de determinadas etiquetas, cuando los volúmenes crecientes de ropa están hechos con tóxicos y en condiciones laborables catastróficas, es solo un lavado verde». 

A todo esto hay que sumar la sobreproducción de textiles con productos procedentes de plásticos (poliéster, PET…) o procedente de basura marina, que crea enormes problemas ambientales. El volumen de textiles no reciclables hechos de fibras sintéticas está aumentando rápidamente. En 2014, se produjeron 100.000 millones de prendas de vestir al año, lo que aumentará a más de 200.000 millones en 2030. Menos del uno por ciento de toda la ropa está hecha de fibras textiles recicladas. La sobreproducción de la industria de la moda rápida lleva a que enormes montañas de basura se acumulen en el Sur Global, destruyendo el medio ambiente y las condiciones de vida. La situación de los trabajadores sigue siendo miserable. 

«En lugar de ropa de plástico recién producida y del greenwashing, los consumidores realmente necesitan opciones para alquilar ropa, comprarla de segunda mano y repararla: una sostenibilidad real, que debe convertirse en el estándar», concluye Ojeda. 

Greenpeace pide a las empresas: 

• Comenzar a producir menos prendas que estén diseñadas para ser de mejor calidad, duraderas, reparables y reutilizables.
• No introducir textiles en el mercado que no se puedan ser reciclados en sistemas establecidos de reciclaje de textiles que están fácilmente disponibles, por ejemplo, la mezcla de fibras.
• Asumir la responsabilidad de establecer la devolución de sistemas y servicios para mantener, reparar y compartir prendas de ropa.
• Fijar un objetivo de que sólo alrededor del 40 % de la ropa sea nueva, favoreciendo un 60% de sistemas alternativos como reparación, segunda mano, alquiler y uso compartido para 2035.
• Publicar datos anualmente sobre los volúmenes de cada material en función de su categoría y de los volúmenes de subtipo (p. ej., orgánico,  material reciclado u otro material certificado o no certificado).

A la Unión Europea, Greenpeace le pide una ley sólida para la cadena de suministro que debe incluir: 

• Transparencia y derecho del público a saber: divulgación pública de proveedores por parte de las empresas (al nivel de materia prima, incluida toda la fabricación, utilizando un número de identificación único para instalaciones).
• Divulgación pública de los resultados de las pruebas y auditorías.
• Apoyo institucional para la armonización mundial de plataformas y sistemas de información (como el IPE o las plataformas de divulgación ZDHC, aunque a ésta última todavía le falta el acceso a datos públicos).
• Es necesario especificar las mejores prácticas para garantizar los más altos estándares y la rendición de cuentas adecuada.