Dinero público contra el planeta: 23.000 millones al año en subvenciones que dañan el medio ambiente y generan desigualdad

Un estudio pionero en nuestro país, encargado por Greenpeace, denuncia que nuestra economía está “dopada” con subvenciones nocivas para el medio ambiente que alcanzan los 23.330 millones de euros en 2024. En este informe, llamado “De subvenciones tóxicas a inversiones responsables. Cómo poner el dinero público al servicio del bienestar”, se analizan subvenciones por valor de 27.100 millones euros, de los que un 86% van dirigidos a actividades “tóxicas” ya que, lejos de impulsar la transición ecológica, agravan la crisis climática y de biodiversidad, y no resuelven los problemas de desigualdad.   

El análisis se centra en los sectores agrario, transporte y energía en los hogares, por ser sectores responsables del 50 % de las emisiones, y claves para la necesaria transición ecológica. El sector agrario concentra la mayor cantidad de subvenciones analizadas con 12.805 millones de euros (47,3 %), seguido del sector transporte 10.293 millones (38 %) y, por último, el sector vivienda (consumo energético) con 3.998 millones (14,8 %). El análisis medioambiental desvela que, a pesar de la actual situación de crisis climática y de biodiversidad, las subvenciones dañinas (marrones y naranjas) son las mayoritarias en nuestra economía, frente a las subvenciones verdes.^.1

Greenpeace recuerda que el “dopaje fósil” se intensificó tras la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania, siguiendo la tendencia de la UE y otros países. A nivel europeo las subvenciones dañinas al medio ambiente han alcanzado unos 400.000 millones de euros. Esta situación de “dopaje”, lejos de revertirse, sigue generando costes totales, incluidos los impactos ambientales, que en España equivalen al 2 % del PIB, según el FMI. Con un impacto climático al alza en Europa y España, y tras la reciente DANA -que dejó 227 víctimas y daños récord de 18.000 millones de euros-, Greenpeace alerta de que las ayudas marrones frenan la transición ecológica, engordan los beneficios de las corporaciones más contaminantes y alimentan el negacionismo climático promovido por administraciones bajo tutela de la extrema derecha.

“Eliminar las subvenciones tóxicas, permitiría duplicar los recursos para una acción climática justa. Sin embargo, seguimos destinando ese dinero a sostener la dependencia de combustibles fósiles. Si esto sucede es porque el dinero público se utiliza para atar a los hogares y pymes a los negocios sucios dominados por un puñado de empresas y oligarquías en vez de fomentar su participación plena de los beneficios de la transición ecológica. Disfrutar de un transporte público de calidad, energía limpia, hogares renovados y alimentación sana y ecológica no puede ser algo minoritario”, advierte Carlos García Paret, coordinador de Incidencia Política de Greenpeace. 

Otras claves del informe: 

• El análisis de las ayudas al sector agrario arroja el peor balance ambiental y social de los sectores analizados, con la Política Agraria Común (PAC) como principal responsable. La PAC es la mayor subvención existente, con unos 7.344 millones al año, y es dañina con el medio ambiente y enormemente regresiva: un pequeño agricultor (<5ha) recibe 76 veces menos recursos que uno grande (>250ha). Además, las ayudas al gasóleo y los agroquímicos, que suman unos 2.300 millones al año, perjudican el medio ambiente y no ponen el foco en la agricultura familiar y social. Con estos recursos se podrían sostener las rentas de estos grupos más desfavorecidos y promover una transición agroecológica frente al cambio climático, la crisis de biodiversidad y los shocks energéticos.
  
• Se destinan más ayudas al gasóleo que al vehículo eléctrico. La parte positiva es el aumento del uso del transporte público gracias a subvenciones verdes, pero es clave avanzar hacia su garantía en las zonas peor conectadas. Al tiempo que es necesario un abono único a precio asequible en todo el Estado y que tenga tarifas específicas para algunos colectivos. Una buena forma de financiar estas medidas sería poner fin a la “amnistía fiscal” de las aerolíneas por valor de 4.610 millones de euros.
  
• La inversión en renovación de viviendas es seis veces menor de lo necesario y las ayudas no llegan a quienes más las necesitan por trabas burocráticas. Renovar energéticamente los hogares es diez veces más eficaz a largo plazo para luchar contra la pobreza energética que los bonos sociales. La fiscalidad favorable al gas sobre la electricidad es una pésima señal económica. También lo es la imprevisibilidad de las desgravaciones en el IRPF por inversiones en renovación energética.  

• Muchas ayudas justificadas por su impacto social benefician más a rentas altas y grandes empresas, en lugar de a quienes realmente lo necesitan. Es el caso del 28 % de las ayudas de la PAC (1.908 M) o del 50 % de la bonificación al transporte aéreo y marítimo en territorios extrapeninsulares (445,25 M). También en las medidas recientemente extintas del 50 % del descuento de 20 céntimos por litro de combustible (730 M), el 10 % de la reducción del IVA a alimentos (221,8 M) entre otros.
  
• Empresas como Repsol, Moeve, Naturgy, Fertiberia, Iberia o Ryanair reciben ayudas y se benefician de un modelo de subvenciones que genera un consumo dependiente del gas, carburantes y agroquímicos mientras, generan beneficios récord y se escaquean de pagar por el daño ambiental generado. Es urgente una mayor rendición de cuentas y hacer valer el principio de “quien contamina paga”. 

“Frente a la doctrina de la motosierra, la evasión fiscal de grandes fortunas y el despilfarro militar, la mejor forma de defender el dinero público es invertirlo responsablemente. Debemos mantener el foco del esfuerzo público en garantizar el bienestar de las personas, evitar los daños catastróficos del cambio climático y protegernos de la inestabilidad económica y política de los combustibles fósiles. Si queremos seguridad y bienestar, necesitamos más agroecología sostenida por la agricultura familiar y social, hogares bien aislados y climatizados para prescindir del gas, transporte limpio y ecosistemas restaurados que nos protejan de eventos extremos.” señala Paret.

El informe también apunta cómo a pesar de sus compromisos internacionales, el Gobierno carece de una estrategia clara para eliminar las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Greenpeace exige al Gobierno y a las administraciones que pongan fin a las subvenciones tóxicas, especialmente las que terminan en los bolsillos equivocados. Además, reclama más transparencia, planes con objetivos claros y calendarios definidos y redirigir los fondos públicos a hogares y pymes. Según Greenpeace, con esos recursos es posible popularizar el acceso a viviendas de cero emisiones, los alimentos ecológicos y locales, la movilidad sostenible, ciudades de proximidad con zonas de bajas emisiones, el transporte público garantizado en zonas rurales y las compensaciones para los grupos en riesgo en el campo y la ciudad. 

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El informe se puede consultar en este enlace.