El 61% de la población española no usa el transporte público, según un nuevo informe de Greenpeace

• Alrededor de 5 millones de personas, un 10,2% de la población, no lo utiliza porque no hay en su zona, la frecuencia es baja o los horarios no encajan con su vida cotidiana
• Más de 2,2 millones de personas tardan más de una hora por trayecto en llegar al trabajo y 1 de cada 4 personas en áreas rurales y 1 de cada 7 en áreas metropolitanas no disponen de transporte público adecuado
• Con un 10,3%, España registra la segunda tasa más alta de Europa en “propiedad forzada del coche”, es decir, personas sin alternativa pública al vehículo privado
• Greenpeace exige que el Abono Único cubra todo el territorio y tenga un precio competitivo, y acabar con los incentivos generalistas al uso del vehículo particular 

Más de 6 de cada 10 personas en España – el 61%- no usa nunca el transporte público o lo hace menos de una vez al mes. Tan sólo el 12% lo utiliza a diario. Lo que es más alarmante, un 10,2% de la población española, alrededor de 5 millones de personas, no lo utiliza porque no hay en su zona, la frecuencia es baja o los horarios no encajan con su vida cotidiana. Esta son algunas de las principales conclusiones del informe «Movilidad en precario: radiografía de la pobreza en el transporte en Europa» [1] [2], que publica hoy Greenpeace. 

El estudio pone de manifiesto la profunda desigualdad en materia de transporte público que existe en toda Europa, ya que en la mayoría de los países europeos (90%), más de la mitad de la población no lo utiliza con regularidad. Esto demuestra cómo la falta de opciones viables excluye a muchas personas de servicios esenciales y reduce su bienestar. Los resultados para España dibujan un panorama preocupante: moverse en transporte público es todavía un privilegio fuera del alcance de quienes menos recursos tienen. 

Los datos en España sobre gasto en transporte reflejan una profunda injusticia: el 13,9% de los hogares con ingresos bajos o medios destina al transporte una proporción de su presupuesto que duplica la mediana nacional. Además, el 15,2% de esa misma población gasta más del 6% de su presupuesto total en moverse. Esta situación hace a los hogares altamente vulnerables ante cualquier subida de precios de los combustibles derivada del contexto geopolítico. 

Uno de los datos más alarmantes del informe para España es la «propiedad forzosa de vehículo», que afecta a una de cada diez personas. Este indicador refleja la realidad de las familias que, a pesar de sufrir una situación de pobreza material y social, se ven obligadas a mantener un coche por falta de alternativas. España supera en casi cuatro puntos la media europea, que está en un 6,4%. Y la tendencia va a peor: la dependencia del coche privado entre los sectores de la población con menos recursos aumentó más de un punto porcentual entre 2018 y 2024.

«Hay personas en España que renuncian a bienes y servicios básicos para poder pagarse un coche porque no tienen una garantía de transporte público adecuado para poder cubrir sus necesidades de movilidad cotidiana, como ir al trabajo o llevar a sus familiares al médico. Esto es una trampa para el bolsillo y el clima», señala Cristina Arjona Molina, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. 

Además, el informe señala que la pobreza en el transporte en España tiene un componente geográfico determinante. Mientras que en las ciudades solo el 3,3% de la población carece de transporte público por falta de oferta, frecuencia insuficiente u horarios inadecuados, esa cifra se dispara al 14,9% en pueblos y periferias y alcanza el 26,9% en zonas rurales. Más de una cuarta parte de la población rural no puede usar el transporte público, sencillamente porque no existe o no se adapta a su vida cotidiana. Esta brecha de disponibilidad es ocho veces mayor en el mundo rural que en los centros urbanos y empuja a millones de personas a depender del vehículo privado, a menudo de gasoil o gasolina.

El informe también pone de relieve el problema de la pobreza de tiempo: el 9,8% de la población activa, más de dos millones de personas en España, dedica más de una hora sólo de ida a llegar a su puesto de trabajo, por encima del promedio europeo (8,1%). Esto supone, para muchas familias, más de dos horas diarias perdidas en desplazamientos, con el coste en bienestar, conciliación y dinero que eso implica.

“El transporte público y sostenible no debería ser un lujo, sino un pilar básico del Estado de Bienestar. Es una herramienta clave para garantizar el acceso a los servicios esenciales, facilitar la movilidad cotidiana y reducir el impacto del cambio climático. Para ello, es preciso reforzar las conexiones de tren y autobús en áreas metropolitanas, entre pueblos y cabeceras de comarca, asegurando tarifas asequibles y horarios útiles para la vida real. Es hora de acabar con la pobreza en el transporte mediante una red que sirva tanto a las personas como al planeta”, asegura Arjona Molina.

El estudio también destaca una importante brecha de género y demográfica: las mujeres y las personas mayores se ven afectadas de manera desproporcionada por cuestiones de seguridad y de accesibilidad física, lo que a menudo convierte el transporte público en una opción inviable.

El informe revela que todos los países de la UE analizados presentan desafíos importantes en cuanto al uso del transporte, mucho más en el contexto actual de la crisis energética por la inflación fósil derivada de la guerra de Irán.  

“La crisis climática y la crisis de movilidad son dos caras de la misma moneda. El dinero para financiar un transporte público digno existe: está en manos de quienes más contaminan. Necesitamos una fuerte alineación entre los objetivos climáticos y la inclusión social en nuestras políticas de transporte para garantizar que nadie se quede atrás», apunta Arjona Molina.

Ante esta radiografía, Greenpeace reclama medidas urgentes y estructurales:

• Una Garantía de Movilidad con estándares vinculantes de frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad que asegure condiciones mínimas de transporte público en todo el territorio, incluidas las zonas rurales y las islas.
• La extensión del Abono Único de Transporte (introducido en enero de 2026, pero insuficiente) que integre el transporte autonómico, urbano y rural, lo que permitiría aprovechar al máximo su potencial social y ambiental, además de facilitar la vida cotidiana de miles de personas y reducir la dependencia del coche.
• La aprobación de un Plan Social para el Clima que incluya medidas e inversiones claramente dirigidas a los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios vulnerables del transporte con el fin de garantizar una movilidad asequible.
• La eliminación de los descuentos fiscales generalistas a los carburantes y su sustitución por ayudas dirigidas a colectivos específicos y de Escudo Social Verde.
• La financiación del transporte público mediante fiscalidad justa: el reciclaje de recursos provenientes del principio de «quien contamina, paga», como los ingresos de los mercados de derechos de emisiones, tasas al combustible de la aviación o los impuestos a los vuelos VIP.