El grifo paga las inundaciones: la Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia que la Junta desvía el canon del agua y deja pendiente la depuración

La Mesa Social del Agua de Andalucía, de la que Greenpeace forma parte, ha denunciado públicamente la decisión de la Junta de Andalucía de destinar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma a actuaciones frente a inundaciones, alterando de forma sustancial la finalidad para la que este instrumento fue creado. Este canon, regulado en la Ley 9/2010, es un tributo de carácter finalista destinado a la financiación de infraestructuras hidráulicas de interés autonómico. Tanto su configuración como su aplicación práctica han estado históricamente vinculadas, prioritariamente, al desarrollo de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales, con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE.

Lejos de haberse resuelto este problema, Andalucía continúa siendo una de las comunidades con mayores déficits en depuración de aguas residuales, acumulando incumplimientos reiterados de la normativa/las leyes de la Unión Europea. Estos incumplimientos han sido objeto de condena por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacando el asunto C-205/17, que puso de manifiesto la insuficiencia de infraestructuras de depuración en múltiples aglomeraciones urbanas. Esta misma realidad se está poniendo de manifiesto en múltiples expedientes sancionadores en Andalucía, en los que los municipios acreditan la imposibilidad de cumplir con los parámetros de vertido ante la inexistencia de estaciones depuradoras o colectores ejecutados, pese a haber sido declarados de interés autonómico.

A pesar de este escenario de incumplimiento estructural, la Junta de Andalucía ha optado por ampliar el destino del canon para financiar actuaciones de reparación de daños producidos por las inundaciones, tales como obras y actuaciones de reparación de cauces, infraestructuras hidráulicas de regulación, caminos e infraestructuras de transporte asociadas a la regulación del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias andaluzas. La Mesa Social del Agua considera que esta decisión supone un cambio de naturaleza del canon, al destinar recursos vinculados al ciclo urbano del agua a actuaciones que no forman parte del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Esta cuestión adquiere una especial gravedad por un hecho fundamental: los recursos del canon no proceden del presupuesto general de la Junta, sino que son abonados directamente por la ciudadanía a través de la factura del agua. Es decir, son los usuarios quienes están financiando estas actuaciones. Se produce así una ruptura evidente del principio de correspondencia entre el pago realizado y el servicio financiado, desvirtuando el carácter finalista del canon y erosionando la confianza de la ciudadanía en el sistema.

A ello se suma un elemento adicional de inequidad territorial. Las actuaciones financiadas se limitan a las cuencas intracomunitarias andaluzas —Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras—, que representan aproximadamente un tercio del territorio, mientras el conjunto de la ciudadanía andaluza contribuye al pago del canon.

La Mesa Social del Agua subraya que las actuaciones frente a inundaciones son necesarias y deben abordarse con urgencia, especialmente en un contexto de cambio climático. No obstante, estas deben financiarse mediante instrumentos presupuestarios específicos y no a costa de un canon creado para resolver un problema estructural que sigue sin solucionarse. Asimismo, se considera imprescindible que estas inversiones no se limiten a la reparación de daños, sino que se orienten a mejorar la resiliencia del territorio, incorporando soluciones estructurales y sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad frente a fenómenos extremos.

En un contexto en el que la propia jurisprudencia señala déficits estructurales en la ejecución de infraestructuras de depuración, desviar los recursos destinados a corregirlos no solo resulta incoherente, sino que agrava el problema.

La Mesa Social del Agua exige a la Junta de Andalucía que restablezca el destino finalista del canon, priorice las inversiones en saneamiento y depuración pendientes y garantice la transparencia en el uso de los fondos. El cumplimiento de las obligaciones ambientales, la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía dependen de ello.

La Mesa Social del Agua de Andalucía está integrada por las siguientes organizaciones sociales, ambientales, agrarias, sindicales, científicas y de defensa de los consumidores: CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, Fundación Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción-Andalucía, FACUA-Consumidores en Acción Andalucía, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), WWF, SEO-BirdLife, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, Fundación SAVIA por el Compromiso y los Valores y Greenpeace. Desde su constitución, en 2018, actúa como espacio de coordinación y seguimiento de las políticas hidráulicas en Andalucía, promoviendo una gestión pública, transparente y sostenible del ciclo urbano del agua.