El Ministerio cede ante la presión del Foro Nuclear, que se resiste a cubrir los costes completos del cierre nuclear y sus residuos

Este martes, el Ministerio para la Transición Ecológica aparcó la subida de tasas para la gestión de los residuos nucleares, y reinicia así todo el proceso legal para empezar de cero el cálculo del cargo que pagan las centrales para financiar su desmantelamiento y los cementerios nucleares. Estos meses, la presión del Foro Nuclear, integrado por las grandes eléctricas propietarias de las centrales -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-, ha sido muy fuerte, a pesar de que sus beneficios conjuntos han alcanzado en 2023 los 8.692 millones de euros. Han presentado duras alegaciones y han abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR). En este proceso de audiencia pública, el Gobierno concedió más tiempo de manera excepcional al Foro Nuclear. Ahora, el Ejecutivo abre de cero un nuevo proceso de alegaciones.

El 27 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el 7º PGRR, en el que se establece la política de gestión de los residuos radiactivos y de cese ordenado de operación y desmantelamiento de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El Plan fue acordado con sus propietarios y con el operador del sistema elećtrico. El Plan también prevé la instalación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las propias centrales nucleares, una medida más lógica que el Almacén Temporal Centralizado (ATC)  de Villar de Cañas (Cuenca) propuesto en el anterior plan. En los ATD se almacena el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su entierro definitivo en un hipotético Almacén Geológico Profundo (AGP). 

El 7º PGRR prevé unos costes totales de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina paga’, se sufragarán con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El fondo recaudado actualmente cuenta con unos 7.400 millones y no da para pagar los costes milmillonarios de desmantelar los reactores, de los ATD y del AGP. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía subir en torno a un 40 % la tasa por cada megavatio hora (MWh) de electricidad nuclear producida. 

En palabras de Francisco del Pozo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace: 
“El Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR) es razonable, y los siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) son la menos mala de las soluciones temporales para evitar cada año 40 convoyes con residuos de las centrales nucleares recorriendo media España hasta el Almacén Temporal Centralizado (ATC). El Foro Nuclear y el oligopolio energético deben dejar de tener acceso privilegiado al Gobierno, que le otorga un poder no lícito frente a la ciudadanía y a otros grupos de interés con menos recursos. No nos podemos permitir ir hacia atrás”.

“Las empresas y no la ciudadanía son las que obtienen los beneficios nucleares, y por eso son ellas quienes deben pagar los costes de su cierre. Efectivamente, los impuestos y las tasas son necesarios y sacan a la luz la realidad, que la energía nuclear no compensa si es operada con seguridad y teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su desmantelamiento y la gestión de todos sus residuos”.

“El cierre y desmantelamiento del parque nuclear en España es necesario y no puede alargarse, para dejar camino a un sistema 100% renovable. Cualquier inversión en alargar su vida útil es invertir en energía del pasado, pues las centrales nucleares no son rentables ni un buen respaldo para las energías renovables”.