17 de junio de 2022: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
El Observatorio Ciudadano de la Sequía y Greenpeace advierten que España se enfrentará cada vez a más sequías, olas de calor e incendios
- Ser la huerta de Europa nos acabará condenando, en no demasiado tiempo, a ser el país más desertificado de Europa
- Más de la mitad de las demarcaciones españolas se encuentran con niveles de agua embalsada por debajo del 50%
- Los planes de sequía no serán suficientes si no se reduce el estrés hídrico estructural con suficiente planificación
- Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía asisten mañana, en Madrid, como invitados al evento mundial de la ONU contra la Desertificación y la Sequía
Mañana se celebra el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, aunque no haya motivos de celebración. Según el último informe sobre sequía de la ONU “DROUGHT IN NUMBERS 2022 – restoration for readiness and resilience, presentado este pasado mes de mayo, las cifras no pueden ser más alarmantes. Las zonas secas (drylands) cubren el 37,2% de la superficie del planeta y 3.000 millones de personas están directamente afectadas por la degradación de los recursos de los que viven. Para 2030, unos 700 millones de personas estarán en riesgo de desplazamiento por causas relacionadas a las sequías y en 2050 las sequías pueden afectar a más de 3/4 partes de la población mundial.
Desertificación y sequía en España
En España, la sequía es un fenómeno natural y recurrente que forma parte de la normalidad climática de nuestro país. El Global to Regional Atlas del sexto informe del IPCC (2022), sitúa a España como uno de los países con mayor riesgo de sequía al confluir un alto nivel de peligrosidad (ocurrencia, frecuencia e intensidad de sequías), exposición (personas, elementos, ecosistemas y actividades económicas que podrían verse afectadas) y vulnerabilidad (predisposición de los elementos expuestos a verse afectados negativamente).
Según la AEMET, solo teniendo en cuenta los últimos cinco años, dos de ellos -2017 (muy seco) y 2020 (seco)- ya han registrado precipitaciones por debajo de la media. A día de hoy, la mitad de las demarcaciones españolas presentan una reserva de agua en los embalses por debajo del 50%, con situaciones preocupantes en el Tajo (48%), Segura (44%), y especialmente en el Guadalquivir (37%), Guadalete- Barbate (34%) y Guadiana (30%). Para la misma serie temporal, todos los años han registrado una anomalía térmica de entre 0,4 y 1,1 ⁰C por encima de la media de los años 1980-2010. Y las previsiones de futuro no son nada optimistas, pues los diferentes modelos climáticos auguran un aumento de entre 2 y 6,4⁰ C y un descenso promedio de los recursos hídricos disponibles de entre un 10 y un 25% para el horizonte 2070-2100.
El Gobierno acaba de presentar una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación en España, que actualiza los datos existentes y sitúa a nuestro país ante un escenario preocupante de pérdida de suelo. El documento recoge cómo un 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación, con Andalucía y Cataluña a la cabeza en cuanto a “procesos erosivos de gran calado”.
La desertificación se produce por las actividades humanas y se agrava con el cambio climático -también de origen humano-, por lo que está en manos de la clase política revertir la situación. Sin embargo, para Julio Barea, responsable de la campaña #SalvarElAgua de Greenpeace: “El Gobierno conoce el problema pero las buenas palabras quedan en nada si no se toman medidas políticas urgentes en un país donde el agua es escasa, contaminada y mal gestionada, con una clara falta de recursos para la gestión de nuestras masas forestales. Ser la huerta de Europa nos acabará condenando, en no demasiado tiempo, a ser el país más desertificado de Europa. Todos los planes hidrológicos de cuenca y los autonómicos estimulan el aumento en la superficie de regadío, hasta el punto de animar a usar una cantidad de agua con la que no contamos y que, además, cada vez será más escasa”.
La adaptación a medio y largo plazo pasa por el desarrollo de estrategias de reducción de la exposición y la vulnerabilidad. En este sentido, se han realizado importantes avances en España con la redacción de planes especiales de sequía a escala de demarcación hidrográfica, aunque todavía hay importantes incumplimientos sobre la obligación establecida por el artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional (2001) de elaborar planes de sequía para abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes. La utilidad de estas herramientas se ve limitada por el estado de presión de los recursos hídricos y el elevado nivel de estrés hídrico que sufren de forma estructural muchas de las demarcaciones españolas y que deben ser corregidas mediante la planificación hidrológica ordinaria.
Como afirma Jesús Vargas, del Observatorio Ciudadano de la Sequía, “en un contexto de disminución de recursos hídricos disponibles y de aumento generalizado de temperaturas, en el que el 70% de las demarcaciones hidrográficas españolas presentan niveles de estrés hídrico alto o severo y más de la mitad de las masas de agua subterránea se encuentran en mal estado, la única vía de adaptación real a medio y largo plazo pasa por una transformación en el modelo de gestión del agua, que sea capaz de reducir la presión sobre los recursos hídricos y esto, inevitablemente, exige una reflexión profunda del modelo del sector agrario”.
Desertificación y sequía en el mundo
El cambio climático ha llevado a un mayor riesgo de sequía, por el aumento en las temperaturas en todo el mundo, y está contribuyendo al aumento de crisis humanitarias en aquellos lugares donde los peligros naturales interactúan con elevados niveles de vulnerabilidad, lo que afecta de manera especial a mujeres y niños (IPCC, 2021). Según el informe Drought in numbers 2022. Restoration for readiness and resilience, a nivel global, la sequía afecta a 55 millones de personas en todo el mundo cada año. Entre 1970 y 2019, ha provocado alrededor de 650.000 muertes humanas y ha causado unas pérdidas económicas de más de 124.000 millones de dólares en todo el mundo entre 1998 y 2017. Además, el último informe del IPCC (2021) confirma que el impacto de las sequías ha aumentado en todo el mundo y especialmente en las regiones del sur mediterráneo y prevé -con un alto nivel de confianza- que se produzcan de forma simultánea olas de calor, sequías e incendios forestales de manera más frecuente.
Solo en Europa, durante el siglo pasado, se produjeron 45 episodios de sequía severa, afectando a millones de personas y causando enormes pérdidas económicas. Actualmente, el 15% de la superficie terrestre y el 17 % de la población de la Unión Europea se ve afectada por la sequía.
Madrid, sede de la reunión de la ONU contra la Desertificación y la Sequía
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación nombraba este año a Madrid como sede mundial para la celebración del 17 de junio. Un evento que se celebrará mañana en el museo Reina Sofía y que estará centrado en la urgencia de adoptar políticas y medidas a escala local, regional y global para evitar los peores efectos de la desertificación.
El encuentro, cuyo lema es “Superando juntos las sequías”, contará con la participación, entre otros, de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el secretario ejecutivo de la UNCCD, Ibrahim Thiaw; el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius; el presidente de la COP15 de Desertificación y ex ministro de bosques y agua de Costa de Marfil, Alain-Richard Donhawi y la activista climática y fundadora de la iniciativa PaTree, Patricia Kombo.
Una jornada, a la que están invitados Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía, y que servirá para hablar del problema del agua, aunque ambas entidades esperan que “más que hablar, los líderes mundiales se decidan a actuar con urgencia”.
Demandas:
Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía proponen una serie de demandas a las administraciones responsables de la gestión del agua para proteger y garantizar el acceso equitativo y de calidad al agua a todas las personas y ecosistemas de nuestro país:
- Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático.
- Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
- Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío al ser éste el mayor consumidor (80% del total).
- Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y ejercicios deliberativos.
- Cumplir con la obligación de elaborar y poner en marcha planes especiales de sequía para abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes
- Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
- Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
- Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua.
- Prohibir nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica.
- Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030.
- Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
- Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal —que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos— para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua (gestión ecohidrológica).