El Parlamento analiza la actuación medioambiental del grupo ACS en Guatemala
© Pedro Armestre/ Alianza por la Solidaridad
- La obra, que afecta a 29.000 indígenas, da origen a proposiciones no de ley y a preguntas al Gobierno
- Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España mantienen la campaña de firmas para liberar a Bernardo Caal, pendiente hoy de un acto judicial
El Gobierno español ha tenido que responder en el Senado sobre el caso del líder q’eqchi’ Bernardo Caal Xol encarcelado en Guatemala por oponerse a proyectos hidroeléctricos sobre ríos indígenas, entre ellos el que construye la empresa española Grupo Cobra (ACS) sobre el río Cahabón. Se trata de una obra que afecta a 29.000 indígenas y que reduce enormemente el caudal del río en un tramo de 30 kilómetros y durante varios meses al año, lo que genera un grave impacto social y ambiental, como ha reconocido el procurador de Derechos Humanos en el país Centroamericano.
El caso, documentado por Alianza por la Solidaridad e incluido en el informe “Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones” de Greenpeace, también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se han presentado proposiciones no de ley (PNL) encaminadas a obligar a las empresas en el extranjero al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales.
Paralelamente, miles de personas de la comunidad q’eqchi’ se manifestaron en Guatemala el pasado fin de semana para exigir la liberación inmediata de su líder y Alianza por la Solidaridad junto con Greenpeace mantienen activa su campaña exigiendo su libertad, así como que ACS pare las obras hasta que no se realice una consulta comunitaria y el estudio socioambiental del conjunto del complejo. Caal Xol fue acusado de varios delitos, como robo, amenazas o instigación a delinquir, con el claro objetivo de criminalizar su lucha. Está en prisión desde el 31 de enero en condiciones infames. Este jueves día 5 de abril se celebrará en Guatemala un acto judicial clave para conocer el futuro inmediato de Caal.
El senador del Grupo Mixto Jon Iñarritu, en una pregunta dirigida al Gobierno, se había interesado por la postura oficial respecto a este caso y otros de persecución de líderes en Guatemala. La respuesta llegó el pasado 22 de marzo y en ella señala que se recibió en la Embajada en Guatemala al líder indígena el 17 de febrero de 2017 para interesarse por sus reivindicaciones, si bien hay que recordar que este interés se produjo en el marco de una manifestación de los q’eqchi’ frente a la propia Embajada para reclamar apoyo frente al “expolio de su río”.
Asimismo, el Gobierno menciona el Programa de Protección de acogida temporal en España de defensores de derechos humanos, aunque reconoce que desde 1995 solo 300 personas se han beneficiado del mismo, 13 al año. Para Alianza por la Solidaridad y Greenpeace es un número absolutamente insuficiente ante la situación de los derechos humanos a nivel global y recuerdan que en países como Guatemala el “instigar a delinquir”, que se utiliza para penalizar protestas de la población, impediría que líderes como Bernardo pudieran acogerse a esta protección.
Frente a la afirmación gubernamental de que “este año está previsto dar especial atención al derecho a la consulta desde la perspectiva de los pueblos indígenas”, las ONG reclaman que, más allá de las recomendaciones, se obligue a las empresas españolas a que no lleven a cabo proyectos sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas tal y como se establece en el Convenio 169 de la OIT.
La última PNL, en la que también se menciona el caso de la hidroeléctrica RENACE que construye ACS en Guatemala, ha sido presentada el pasado 20 de marzo por iniciativa del PSOE. En ella se recuerda que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos recoge acciones de información, sensibilización y formación, pero no es vinculante, por lo que se pide el refuerzo del sistema de supervisión y seguimiento de las empresas españolas, la reparación frente a las posibles vulneraciones de derechos humanos consecuencias de su acción, el impulso de un tratado internacional vinculante para las transnacionales de todo el mundo, la exclusión en contratos públicos de empresas que no cumplan requisitos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Tanto Alianza por la Solidaridad como Greenpeace consideran que el Gobierno español no puede lavarse las manos de lo que hacen las empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando afectan a los derechos humanos y se criminaliza a defensores como es el caso de Bernardo Caal.
