El plan del Partido Popular contiene aspectos positivos, pero no enfrenta la crisis climática y no concreta medidas presupuestarias y fiscales en manos de las comunidades autónomas

Ante el plan presentado ayer por el Partido Popular (PP) para abordar futuras crisis incendiarias como las que estamos viviendo durante el verano de 2025, Greenpeace valora que, mientras que algunas de las 50 medidas que proponen son relevantes, necesarias y urgentes, varias ya existen y están contempladas en la legislación vigente y otras ya están funcionando o han sido puestas en marcha. 

La organización ecologista ve con preocupación la formulación de propuestas anecdóticas que desvían la atención del verdadero debate de las causas y soluciones al problema, la ausencia notable de medidas que aborden problemas estructurales como el abandono del medio rural y la necesaria adaptación de los ecosistemas españoles al cambio climático, así como el olvido de propuestas concretas que la sociedad civil le ha hecho llegar relacionadas con las partidas presupuestarias, la fiscalidad forestal o la consideración de singularidad de los paisajes forestales españoles. (1) 

Las propuestas contenidas en el plan van dirigidas al Gobierno central y a las comunidades autónomas, propuestas que no ha llevado a cabo el PP en las comunidades donde gobierna. También obvia los informes de la Fiscalía de Medio Ambiente y la normativa actual, como la Ley de Montes y la Norma Básica de Protección Civil, que determinan de forma precisa quién debe actuar, con qué medios y en qué niveles de emergencia. 

Respecto a la propuesta de un registro nacional de pirómanos, Greenpeace considera que es un parche que no resuelve las causas que originan los incendios, como muestran las memorias de la Fiscalías de Medio Ambiente: en el periodo 2019-2023, el 68,79 % de los incendios fueron originados por accidentes y negligencias, un 23,98 % fueron intencionados, y dentro de ese porcentaje, hay un porcentaje muy pequeño de piromanía, un trastorno mental que llega a ser un eximente en el Código Penal.

Por otro lado, Greenpeace celebra que el texto mencione el cambio climático: “Es necesario aplicar medidas ambiciosas que reduzcan las emisiones a cero lo antes posible y frenen el avance del cambio climático. Estos episodios extremos nos muestran que la falta de ambición climática y la insuficiente reducción de emisiones de los planes hasta ahora aprobados tienen consecuencias mortales. En este sentido, esperamos que el PP contribuya al próximo pacto de Estado frente a la emergencia climática”, ha declarado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.   

La organización también valora positivamente que haya medidas vinculadas a la restauración: “Justo se ha cumplido un año desde la aprobación del Reglamento de la Restauración de la Naturaleza, a la que el PP se opuso en su momento, frente a lo cual más de 3.000 científicas/os expresaron su preocupación por las inexactitudes y la desinformación difundidas, incluidas las falsas amenazas para la seguridad alimentaria y el empleo. Emplazamos a las comunidades donde gobierna el PP a que contribuyan en el proceso del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza que tiene que estar para septiembre 2026, una oportunidad histórica”, señala Parrilla. Asimismo, Greenpeace destaca que el apoyo a las poblaciones afectadas, una reforma fiscal favorable a la gestión forestal o el respaldo a la ganadería extensiva son medidas acertadas y necesarias. 

En definitiva, aunque con aspectos positivos, la organización considera que es un plan incompleto y con falta de conocimiento por parte de responsables y portavoces del PP de las competencias autonómicas en esta materia: “No se puede improvisar un discurso que parece desconocer las memorias de las Fiscalías de Medio Ambiente y que parece querer diluir las responsabilidades que el Partido Popular pudiera haber tenido durante esta crisis”, analiza Parrilla. 

“Si de verdad quiere hacer una aportación constructiva, el PP debería llevar sus propuestas al Consejo Nacional del Clima, que es donde debería debatirse el pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, para que entre todos los partidos y entidades allí representados se acuerden, como mínimo, las medidas que son de consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales y permitan sumar fuerzas contra la emergencia climática y los incendios forestales. Ese pacto de Estado debería incluir de manera muy prominente la lucha contra los incendios forestales”, añade Jose Luis García, responsable del área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace. 

“La gestión de las crisis provocadas por grandes incendios forestales no es un terreno de opinión, sino de normas jurídicas y competencias claras que definen cómo actúan las administraciones. Cuestionar esas competencias desde la opinión política no sólo desinforma a la ciudadanía: supone poner en riesgo el propio funcionamiento de las instituciones. El PP debe tomarse en serio la lucha contra el cambio climático, que al menos menciona en su documento, así como la gestión y la prevención que están entre sus competencias autonómicas”, concluye Parrilla.