El simulacro nuclear en Ascó y Vandellòs es insuficiente: las Administraciones públicas acumulan años de incumplimientos legales en materia de seguridad nuclear

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Este miércoles, dos días después del simulacro realizado en el entorno de Vandellòs II, Protección Civil activa el sistema ES-Alert en los trece municipios situados en el radio de diez kilómetros alrededor de la central nuclear de Ascó. Ecologistes en Acció de Catalunya y Greenpeace valoran positivamente que se hayan impulsado estas pruebas de alerta masiva, una demanda histórica de los municipios afectados. Sin embargo, las organizaciones advierten de que estos simulacros -parciales y limitados al envío de mensajes al móvil- no pueden ocultar una realidad mucho más preocupante: las Administraciones competentes llevan años incumpliendo de manera sistemática sus obligaciones legales en materia de seguridad nuclear.

Las organizaciones insisten en que la normativa vigente -la Directiva 2014/87/Euratom, el Real Decreto 586/2020 y el marco del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de las centrales de Ascó y Vandellòs (PENTA)- exige mucho más: simulacros con alcance general cada tres años y simulacros parciales anuales, formación teórica y práctica de la población potencialmente afectada, provisión y mantenimiento de los medios humanos y materiales necesarios, e información previa a la ciudadanía actualizada cada cuatro años. Nada de esto se ha cumplido. El PENTA no se ha renovado desde 2009 y no hay constancia de ningún simulacro de alcance general en los últimos años.

Los datos son elocuentes: según un informe reciente de la Síndica de Greuges, el 58% de los municipios en zona de emergencia nuclear no tiene el Plan Municipal de Actuación ante Emergencias Nucleares actualizado. Mientras que los municipios de la Zona I -en un radio de hasta 10 kilómetros- sí disponen de él, en la Zona II la situación es alarmante, con alcaldes que reconocen no saber siquiera que están obligados a tenerlo. A esto se suma que las infraestructuras de evacuación presentan carencias graves: la R-15 continúa cortada por obras entre Riba-roja d’Ebre y Reus, y el desdoblamiento de tramos de la C-12 sigue pendiente. 

“Resulta especialmente revelador que, a raíz del informe de la Síndica que advertía de estos incumplimientos, la propia subdelegada del Gobierno en Tarragona haya reconocido públicamente que no se ha realizado ningún simulacro anterior. Esta actitud ilustra con precisión el problema de fondo: se actúa de forma reactiva y cosmética, sin abordar los déficits estructurales acumulados durante años”, han señalado portavoces de las organizaciones.

Por todo ello, las organizaciones han presentado requerimientos formales a los ayuntamientos del área de influencia de las centrales de Ascó y Vandellòs, al Delegado del Gobierno en Catalunya, al Subdelegado del Gobierno en Tarragona y a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, exigiendo el cumplimiento inmediato del marco legal vigente y advirtiendo de las responsabilidades civiles y penales que podrían derivarse de la inacción continuada.

El calendario de cierre, una exigencia de seguridad

El simulacro de esta semana llega en un momento en que la industria nuclear presiona con fuerza para prolongar la vida de los reactores más allá de los 40 años previstos. Ecologistes en Acció de Catalunya y Greenpeace llevan meses alertando de que alargar el ciclo nuclear incrementa los riesgos ambientales y sociales, genera más residuos radiactivos que deberán gestionar las generaciones futuras y perpetúa un modelo energético caro, peligroso e innecesario. 

El pasado octubre, ambas organizaciones lanzaron conjuntamente en Cataluña la campaña «¿Alargar las nucleares? No, gracias», que este año se extiende al conjunto del Estado.

Las organizaciones recuerdan que no existen motivos técnicos ni económicos que justifiquen el alargamiento de la vida de los reactores, que se acercan al final de su vida útil y cuyo coste energético es cada vez más elevado. Tampoco existen argumentos de estabilidad del sistema eléctrico ni de garantía de abastecimiento energético: las energías renovables han demostrado sobradamente su capacidad para cubrir la demanda, y el cierre ordenado de las centrales es perfectamente compatible con la seguridad del suministro si va acompañado de la inversión necesaria en renovables, almacenamiento y redes. Por ello, es indispensable hacer un despliegue ordenado de las energías renovables con respeto a la biodiversidad y con participación ciudadana que permita el desarrollo justo de las inversiones fijadas en el Plan  Integrado de Energía y Clima. incluidas las mejora en  redes eléctricas y el desarrollo del almacenamiento, que posibilite la transición energética y el calendario de cierre nuclear.  Para las organizaciones, la conclusión es clara: la mejor garantía de seguridad para las poblaciones afectadas es cumplir los plazos de cierre acordados, no seguir aplazando decisiones que afectan directamente a la vida de las personas y al futuro del territorio.