El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Greenpeace en el litigio contra el Gobierno por falta de transparencia en el comercio de armas a Arabia Saudí

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Greenpeace en el litigio que mantiene contra el Gobierno de España por falta de transparencia en el comercio de armas y munición de artillería al régimen de Arabia Saudí.

La ONG inició un proceso judicial tras la denegación por parte de la Secretaría de Estado de Comercio de la información solicitada, referente a las licencias de exportación y actas en las que se autoriza la exportación de munición de artillería, fabricada por la empresa Expal Systems, a Arabia Saudí. La demanda de Greenpeace se basa en el hecho de que tanto la Ley española de exportación de material bélico, como la normativa europea e internacional, prohíben la exportación de armas a países que pudieran utilizarlas para cometer violaciones de derechos humanos, como es el caso de Arabia Saudí, que lidera una coalición de países que lleva varios años sometiendo a Yemen a un durísimo ataque, asesinando a miles de civiles. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la decisión de la Administración, basándose en que las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) -organismo que autoriza estas exportaciones- son secretas, con base en la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales.

El Tribunal Supremo expone en su Auto la conveniencia de aclarar los efectos de la calificación de secretos de determinados documentos en relación con el derecho constitucional de acceso a la información, y si tal calificación exime a la Administración de justificar la aplicación de los límites de que se trate, establecidos en la Ley de transparencia.

«La admisión a trámite de este recurso es muy importante porque abre la puerta a que el Tribunal Supremo lo estime, acabando así con el problema de baja calidad democrática que tenemos en España. Hasta la fecha, basta con que el Gobierno declare que una materia es clasificada y secreta para que se excepcione toda la normativa sobre transparencia y acceso a la información, y esta falta de control democrático genera una situación de absoluta impunidad para el Gobierno, que puede cometer actos ilegales, como creemos que está ocurriendo con la venta de armas a Arabia Saudí, sin que se le pueda fiscalizar», afirma Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace.

Tras la reforma del año 2015 del recurso de casación, el Tribunal Supremo sólo admite a trámite para su examen y posterior resolución aquellos recursos que demuestren tener interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. En el presente caso, el Tribunal admite que existen dos aspectos del recurso interpuesto por Greenpeace que presentan interés casacional: la necesidad de aclarar si el artículo 16 de la Ley 53/2007, sobre el comercio exterior de armas, contiene un régimen específico del derecho de acceso a la información en este ámbito, que opera por encima del establecido con carácter general en la Ley de Transparencia; y el ya mencionado relativo a la necesidad de aclarar si la Ley de Secretos Oficiales opera como límite absoluto a la necesidad de que la Administración justifique los límites impuestos al ejercicio de un derecho constitucional, como es el de acceso a la información.

Este procedimiento judicial trae su causa de la investigación llevada a cabo por Greenpeace junto con elDiario.es, y varios investigadores independientes, publicada en agosto de 2020, cuyos hallazgos ponen en entredicho la legalidad de las autorizaciones concedidas por la JIMDDU, ya que demuestran el despliegue de armas españolas en la conflictiva frontera saudí-yemení, en la que de forma sistemática se realizan ataques con artillería que alcanzan a la población civil.