Enmienda ciudadana “a la totalidad” al negocio especulativo de la vivienda

Esta mañana, varias decenas de miles de personas han desbordado el centro de Madrid acudiendo a la convocatoria de 40 colectivos por el derecho a la vivienda y plataformas de damnificadas, organizaciones vecinales, juveniles, ecologistas, sindicales y  sociales de la Comunidad de Madrid que reclaman acciones urgentes ante la actual emergencia  habitacional. La gran marcha ciudadana ha evidenciado una “enmienda a la totalidad” a las  políticas y prácticas que favorecen y mantienen el negocio especulativo en torno a la vivienda,  exigiendo el cambio del actual sistema por otro donde la vivienda sea un derecho fundamental  para vivir las personas, en entornos habitables.  

La convocatoria ponía el acento en el hartazgo por el sufrimiento que la inaccesibilidad a una  vivienda digna produce sobre millones de personas en nuestro país y en la Comunidad de  Madrid, debido a que la vivienda “es un negocio, no un derecho”, constatando como este derecho  fundamental para la vida se ha convertido en uno de los nichos de mercado más lucrativos para la  banca, las grandes corporaciones y para empresas y rentistas dedicados a la especulación.  Situando la responsabilidad en los poderes públicos (instituciones y partidos), que, con distinto  grado de responsabilidad, han hecho dejación de sus funciones protegiendo a las personas,  favoreciendo los negocios de la banca y especuladores. 

Los colectivos y organizaciones convocantes ejemplificaban la responsabilidad de las administraciones en casos como la insuficiencia de la Ley de Vivienda o la venta a “fondos buitre” de viviendas de la SAREB (administración del estado), la rebeldía a declarar zonas tensionadas, los 73 hogares hundidos y 600 afectados por la L-7 de Metro en San Fernando de Henares, las 4.000 personas sin luz desde hace cuatro años en Cañada Real (administración Comunidad de  Madrid), la escasa inversión en vivienda, la tala arbitraria de árboles o el escaso compromiso con  zonas de bajas emisiones (administraciones locales). 

El clamor ciudadano de esta mañana en Madrid, apoyando la petición de cambio, refuerza el  compromiso de los colectivos y organizaciones convocantes para continuar trabajando unitariamente sobre su “decálogo de medidas urgentes”, hasta promover el cambio demandado del  sistema, en el que los poderes públicos desde su distinto grado de responsabilidad y competencia,  aseguren el acceso a la vivienda digna y saludable a todas las personas, protegiendo especialmente a las de menor renta y a la juventud, revirtiendo el actual mercado de especulación y lucro con este bien social.  

La manifestación ha partido de glorieta de Atocha y ha finalizado en la Calle Alcalá esquina Gran Vía. Bajo el edificio Metrópolis el actor Juan Diego Botto y dos vecinas afectadas por el desastre de la línea 7B de Metro y por el corte de luz en la Cañada Real, han leído el manifiesto que ha dado origen a la movilización ciudadana.

El manifiesto contempla el siguiente decálogo de medidas que han dado origen a la convocatoria  de manifestación: 

1. La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y  urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una  reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso  de un Plan Estatal de Vivienda Pública. Igualmente, el gobierno central debe intervenir y  adoptar medidas para el cumplimiento por parte de la Comunidad de la mencionada Ley. 

2. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas  tensionadas cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a una vivienda  asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo  medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones túblicas. 

3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y  progresivo del parque de la vivienda de protección social en alquiler. Reclamamos  que desde las competencias municipales, autonómicas y estatales se adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública y  alquiler social asequible, así como la recuperación de viviendas vacías y del parque de  todas las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos  de inversión o bancos, incluso expropiando las mismas por interés social. 

4. La adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los  procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento. 

5. La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler, así como el cierre de los existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de alquiler. 

6. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las  familias sin título habilitante de su vivienda. 

7. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda. 

8. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la  suscripción de contratos suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales. 

9. La solución de la situación creada en San Fernando mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna. 

10. La preservación y refuerzo en cualquier proyecto urbanístico de los valores  medioambientales de los entornos a los que afecten. 

Las organizaciones convocantes han sido: Asociación  Apoyo, Plataforma de Afectados/as por la L7B de Metro en San Fernando de Henares, No al  Pelotazo en la Ermita del Santo, AV Pasillo Verde-Imperial, Otra Boadilla, PAH Leganéss,  Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Greenpeace, Rebelión o Extinción Madrid,  Amigas de la Tierra, Marea Naranja Madrid, Casa de la Cultura y la Participación de Chamberí,  Sindicato de Estudiantes, Sindicato de Inquilinas, Sindicalistas de Izquierda, Frente Único del Pueblo, Club de Debates Urbanos, Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y la  Ciudad, Fridays For Future, Mesa del Árbol de Carabanchel, FACUA, Ideas en Guerra, Recortes  Cero, AV Zarzaquemada de Leganés, Plataforma por el Derecho a la Ciudad y Plataforma por el  derecho a la vivienda en Madrid: (Amnistía Internacional, ATTAC Madrid, CAES, CCOO de Madrid,  Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Plataforma de Afectadas por la Vivienda  Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda Rivas, Cuarto Mundo, Foro Servicios Sociales, FRAVM, Fundación San Martín de Porres,  Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real y UGT Madrid). 

Que, a su vez, han tenido el apoyo de las organizaciones: ARBA, GRAMA, Asociación Ecologista  del Jarama El Soto, Jarama Vivo, Liberum Natura, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid,  Movimiento Sumar, PCE Madrid (PCM), UJCE, PCTE, CJC.

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