España no cumple con el compromiso de poner fin a la financiación internacional en combustibles fósiles
- Al contrario que España, países signatarios como Canadá, Reino Unido, Francia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Nueva Zelanda sí han cumplido su compromiso
- La política de financiación española mantiene su apoyo a la cadena del gas natural licuado (GNL) así como a las centrales eléctricas de gas
- España: Entre 2018 y 2020, solo el 1,9% de la financiación pública internacional en energía se destinó a energías renovables; el resto fue a combustibles fósiles
España ha incumplido una importante promesa en su lucha contra el cambio climático: poner fin a la financiación internacional con fondos públicos a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), según destaca un nuevo informe de Oil Change International.
En la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas COP26 de Glasgow, España se unió a otros 38 países e instituciones para firmar la ‘Declaración de Glasgow‘, un compromiso para poner fin a la financiación pública de proyectos internacionales en combustibles fósiles como tarde a finales de 2022. El informe muestra que un grupo creciente de países signatarios como Canadá, Reino Unido, Francia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Nueva Zelanda sí han cumplido su compromiso y están reasignando miles de millones de dólares de los combustibles fósiles a otros sectores. Sin embargo, España no ha cumplido con esta promesa.
El informe muestra que, entre 2018 y 2020, España aportó una media anual de 2.400 millones de dólares al año en financiación pública para proyectos de combustibles fósiles, al tiempo que sólo proporcionó 47 millones a energías renovables en el mismo período, lo que significa que solo el 1,9 % de la financiación internacional pública española se destinó a energías renovables y el resto a combustibles fósiles.
Con la fecha límite de finales de 2022 ya vencida, el Gobierno español ha publicado una nueva política para CESCE, la empresa semipública de crédito a la exportación y la principal fuente de financiación pública internacional de España en combustibles fósiles. Sin embargo, la nueva política incluye una letra pequeña que permite que continúen las inversiones en licuefacción, regasificación, transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución de gas natural licuado (GNL). Este agujero en los criterios climáticos es de particular importancia dado que la infraestructura de GNL recibe la mayor parte de las finanzas públicas internacionales a nivel mundial, y que el GNL es perjudicial para el clima, ya que libera metano a lo largo de la cadena de suministro, que es 87 veces más potente que el dióxido de carbono en los primeros 20 años.
A su vez, la nueva política de CESCE permite realizar inversiones en proyectos de generación eléctrica que usen gas como combustible en países de bajos ingresos bajo determinados requisitos, como por ejemplo que esta opción esté incluida en los planes climáticos de los países (NDC, en sus siglas en inglés). En la práctica, la mayoría de NDC de los países en desarrollo contemplan que se pueda aumentar el uso de gas como fuente de energía, a pesar del daño climático que causa.
La ciencia indica claramente que las emisiones derivadas de las infraestructuras que ya existen de fuentes fósiles ponen en peligro el objetivo de 1.5ºC, por lo que crear nuevas infraestructuras hará que no se pueda limitar el calentamiento a dicho límite. Además, el gas no es una solución adecuada al problema de acceso a la energía en los países de ingresos bajos. De los 800 millones de personas en todo el mundo que carecen de electricidad, el 85% vive en áreas rurales donde la energía renovable distribuida es, en la mayoría de los casos, más capaz de proporcionar acceso a electricidad a un costo menor que la energía de origen fósil como el gas.
Por todas estas razones, líderes de la sociedad civil piden que España actualice la política de CESCE para cerrar el grifo al gas, de modo que España pueda cumplir plenamente la promesa de la Declaración de Glasgow que hizo en 2021.
Pedro Zorrilla Miras, responsable campaña cambio climático y combustibles fósiles de Greenpeace, ha señalado que «España debe ayudar a que otros países aceleren su transición energética con energías renovables de manera justa y que no tengan que depender del gas, un combustible caro que genera dependencia económica y que acentuará los impactos del cambio climático en la ciudadanía más vulnerable. Es una enorme contradicción que los fondos públicos contribuyan a aumentar las emisiones de efecto invernadero en otros países cuando existen alternativas con más beneficios para toda la población y para el planeta«.
Adam McGibbon, estratega de finanzas públicas de Oil Change International, ha concluido que “Pedro Sánchez y Teresa Ribera han incumplido una importante promesa climática internacional, pero no es demasiado tarde para arreglar esto. Para mantener el compromiso adquirido en 2021, España debe cerrar los agujeros de la política climática de CESCE. Si esta promesa no se cumple, cualquier intento de liderazgo climático se echará por la borda”.
Notas
- El nuevo informe, disponible aquí, de Oil Change International revela que la Declaración de Glasgow ya ha reasignado unos 5.700 millones de USD al año de inversiones en combustibles fósiles a energía limpia, con el potencial de un cambio adicional de 13.700 millones de dólares al año si todos los los signatarios de la Declaración de Glasgow cumplieran sus compromisos.
- De los dieciséis signatarios de la Declaración que son países de ingresos altos, ocho han adoptado políticas que cumplen ampliamente la promesa que hicieron en Glasgow (Canadá, el Banco Europeo de Inversiones, el Reino Unido, Francia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Nueva Zelanda). Cuatro de los dieciséis (Bélgica, Suiza, los Países Bajos, España) tienen nuevas políticas que restringen aún más el apoyo a los combustibles fósiles, pero dejan agujeros importantes y/o no cumplen con la fecha límite de finales de 2022. Cuatro de los dieciséis signatarios (Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos) aún no han publicado políticas nuevas o actualizadas.
- La financiación pública a los combustibles fósiles es un factor clave de la crisis climática. La financiación respaldada por el gobierno ayuda a reducir el riesgo de los proyectos de combustibles fósiles, lo que los hace más atractivos para la inversión por parte del sector privado. No hay solución al cambio climático sin acabar con la financiación pública a los combustibles fósiles.
- 39 países e instituciones firmaron la Declaración de Glasgow en la Conferencia de Cambio Climático COP26 de la ONU en Glasgow. Los signatarios (lista completa aquí) tienen como objetivo «acabar con el apoyo público directo internacional para el sector de energía de combustibles fósiles a fines de 2022» y, en cambio, «dar prioridad a la transición hacia la energía limpia». Según el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, si todos los signatarios cumplieran con sus promesas con integridad, esto podría poner a disposición de las energías limpias unos USD 28.000 millones al año que hoy se invierten en combustibles fósiles.
- En su último informe, el IPCC destacó que la financiación pública internacional está «gravemente desalineada» con respecto al logro de los objetivos de París, pero que, si se cambia, podría desempeñar un papel fundamental para cerrar la brecha financiera de mitigación, permitiendo la reducción de emisiones y una transición justa. Más información sobre el papel que desempeñan las finanzas públicas internacionales en la configuración de los sistemas energéticos en este informe de Oil Change International.
- Un análisis jurídico del profesor Jorge E Viñuales de la Universidad de Cambridge y la abogada Kate Cook de Matrix Chambers argumenta que los gobiernos e instituciones financieras públicas que continúan financiando inversiones en infraestructura fósil están situándose en riesgo de potenciales litigios climáticos.
- Greenpeace junto con otras organizaciones ha denunciado al Gobierno porque sus objetivos actuales de reducción de emisiones no cumplen con el Acuerdo de París y con los estudios científicos que determinan la necesidad de no pasar el límite de calentamiento del 1,5ºC. Las partes ya han emitido sus conclusiones y estamos a la espera de que el Tribunal Supremo anuncie su sentencia.
- En mayo de 2022, 122 organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los signatarios de la Declaración de Glasgow pidiéndoles que cumplieran su compromiso. Las cartas se pueden encontrar aquí.
