Greenpeace alerta de los efectos de las cenizas de los incendios en el agua

Madrid, 30 de octubre de 2025.- Mientras los mapas de riesgo de incendio parecen dar un respiro con niveles bajos en la península y Baleares, las consecuencias de los grandes incendios de este verano siguen avanzando, invisibles pero devastadoras. Las lluvias de otoño arrastran cenizas, metales y contaminantes hacia ríos, embalses y acuíferos, comprometiendo el suministro de agua potable en numerosos municipios y la afección a la biodiversidad.

Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea se han visto afectadas por incendios en las últimas dos décadas, con un coste ambiental y económico superior a los 43 millones de euros. Las demarcaciones del Miño-Sil, Duero y Galicia Costa son las más vulnerables.

“Los incendios forestales son mucho más que llamas: su impacto continúa y pone en peligro ecosistemas fluviales y los acuíferos que son las reservas estratégicas de agua. El agua puede envenenarse durante años”, advierte Mónica Parrilla de Diego, responsable de Incendios de Greenpeace España.

En Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más castigadas por los incendios este verano, ya se están registrando problemas de turbidez, colapso de captaciones y restricciones de consumo. En comarcas como Valdeorras o Sanabria, los ríos se han teñido de negro tras las lluvias, y los ayuntamientos reclaman medidas urgentes mientras las administraciones discuten sobre de quién son las competencias.

“La emergencia no termina cuando se apagan los incendios. Sin actuaciones post-incendio para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales. Es urgente que las administraciones tomen medidas para evitar que las cenizas lleguen a los ríos y zonas de captación que llegan a imposibilitar la potabilización del suministro de agua”, reincide Mónica Parrilla.

Los incendios forestales modifican las propiedades físicas y químicas del suelo, provocando procesos de hidrofobicidad, o repelencia al agua, de los suelos afectados, lo que supone menor infiltración en el suelo y recarga de acuíferos, aumento de la escorrentía superficial y aumento del riesgo por ello de erosión del suelo fértil.

En 2025, más de 353.000 hectáreas han ardido en España, con 62 grandes incendios forestales. Si no se actúa con rapidez, los efectos sobre la calidad del agua podrían ser uno de los mayores daños ecológicos del año.

Ante la inacción de las administraciones, en algunos municipios como los de la comarca Valdeorras ya han tenido restricciones de agua porque las cenizas y el lodo arrastrado han colapsado zonas de captación e impedido la potabilización del agua de las traídas. Varios alcaldes y alcaldesas han denunciado la inacción de la Xunta al respecto. La población ha tenido que realizar medidas urgentes como pequeños diques y barreras para contención de cenizas. Esta es una medida clave. 

Otros municipios, como Ponferrada, ya pusieron en marcha planes locales para proteger sus ríos frente a las cenizas. En Extremadura, la Junta y la Diputación de Cáceres han creado un comité técnico para anticipar los efectos sobre el agua y adquirir equipos de control de calidad antes de las lluvias.

Estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dan una clave fundamental para la protección del agua frente a los incendios: la gran falta de conocimiento sobre cómo los incendios alteran las propiedades del suelo, la escorrentía, la infiltración y, en última instancia, la calidad y cantidad del agua subterránea. Según sus estudios, las políticas públicas siguen centradas en los suelos y las aguas superficiales, dejando fuera la protección específica de los recursos hídricos subterráneos. 

Por tanto, es fundamental investigaciones multidisciplinares, redes de control piezométrico y una integración real del riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, especialmente frente al cambio climático.

Demandas urgentes

1. Incorporar la protección del agua (superficial y subterránea) en las políticas post-incendio y en los planes de restauración.
2. Activar planes de emergencia hidrológica en las zonas afectadas para prevenir contaminación por cenizas y sedimentos.
3. Reforzar las redes de control de calidad del agua y piezometría en las cuencas más vulnerables.
4. Establecer protocolos de coordinación entre confederaciones hidrográficas, CCAA y ayuntamientos para evitar el caos competencial actual.

Integrar el riesgo de incendios en la planificación hidrológica nacional, con especial atención a los acuíferos estratégicos.