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Reactivo de Greenpeace ante el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía

Greenpeace alerta del grave retroceso medioambiental del Decreto Ley aprobado por la Junta

10-03-2020

  • La reforma pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales, bajo la excusa de agilizar trabas burocráticas

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- Ante la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto que agiliza 21 leyes y 6 decretos, la organización medioambiental Greenpeace ha alertado sobre los efectos enormemente negativos que esta normativa acarreará.

Greenpeace considera que este decreto agiliza la destrucción del medioambiente, en un momento en el que el gobierno de la Junta tendría que estar trabajando por minimizar los impactos y reducir emisiones, tal y como demanda la situación de emergencia climática y de crisis de biodiversidad a la que nos enfrentamos. Para la organización, la Junta de Andalucía demuestra que “la anunciada revolución verde no es más que postureo ambiental que esconde un peligroso interés depredador por el medio, tejiendo los mimbres legislativos que agilicen la sobreexplotación de los ecosistemas andaluces”, tal y como ha expresado Luis Berraquero, Coordinador de Movilización de Greenpeace en Andalucía.La Junta recupera las políticas que nos han llevado a esta crisis climática y de biodiversidad, flexibilizando 21 normas que entienden que el medio natural es una molestia y supeditado el interés de unos pocos frente al interés general”, ha añadido Berraquero.

Especialmente preocupantes son las medidas aprobadas en materia de urbanismo y turismo. Las reformas referentes a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) afectan a dos instrumentos jurídicos que fueron creados, entre otras cuestiones, para contener la fiebre del ladrillo. No obstante, Andalucía cuenta con el 14,3% de su costa urbanizada y, al calor del resurgimiento de la burbuja inmobiliaria, se han incrementado el número de proyectos que amenazan los ecosistemas costeros. Si bien la legislación para parar este deterioro ambiental en la costa por la presión inmobiliaria ha sido insuficiente, un adelgazamiento en su corpus legislativo, declaradamente enfocado a incrementar dicha presión, no augura nada bueno para los mismos.

Por otra parte, según los datos de 2019 sobre turismo, Andalucía cerró el año con un incremento del 1,6% en ventas y un 1,2% más de beneficios. Por tanto la argumentación de la necesidad de eliminar las barreras normativas que según la Junta “dificultaban el desarrollo de la actividad económica en el sector” no casan con los datos que arroja el balance del año anterior. Asimismo, esta reforma legislativa deroga de la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico, la cual había mostrado ser eficaz para evitar la proliferación de estas infraestructuras. Uno de estos campos de golf puede llegar a tener un consumo anual de agua de unos 700.000 metros cúbicos, equivalente al gasto de una población de unas 15.000 personas. Andalucía, con independencia del año hidrológico, vive una situación de sequía estructural debido al número de hectáreas de regadío que alberga y actualmente las reservas de agua embalsada están por debajo del 50%. Se trata de sequías que serán cada vez más intensas como consecuencia de los efectos del cambio climático. A esto se le suma la presión que el turismo y dotaciones como los campos de golf, ejercen sobre el sistema y hacen insostenible la demanda de agua.


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