Greenpeace ante la aprobación de la Ley de Cambio Climático navarra: Mejora sustancialmente pero sigue retrasando el abandono de combustibles fósiles

Pamplona, 17 de marzo de 2022.- Tras la aprobación esta mañana en el Parlamento de Navarra de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, la organización Greenpeace ha valorado positivamente la propuesta y ha resaltado su mejora respecto al borrador inicial, a través de los distintos procesos de participación y debates parlamentarios. Sin embargo, para la ONG a pesar de que el contexto internacional está empujando hacia la necesidad de abandonar los combustibles fósiles de forma acelerada, la ley falla a la hora de establecer objetivos vinculantes para Navarra en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero, así como para la penetración de las renovables y, en consecuencia, para el abandono de los combustibles fósiles, que resultan caros y contaminantes.

Según Greenpeace es positivo que la ley, en sus disposiciones generales, haga referencia a los objetivos de reducción de emisiones de la UE y a su obligatoriedad en el cumplimiento, pero no se define cuánto Navarra contribuirá a su cumplimiento. Los objetivos vinculantes para Navarra se dejan para una futura planificación estratégica en materia de cambio climático y energía. Greenpeace pide que Navarra se comprometa a alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable para 2025 y un sistema energético totalmente renovable para 2040, a más tardar. También es positivo que la ley incluya la perspectiva de género teniendo en cuenta que tanto el cambio energético como la pobreza energética afectan con mayor intensidad a las mujeres y que las mujeres son agentes fundamentales para el cambio energético y social.

Así mismo, a través de esta ley se hace un gran avance hacia la democratización de la energía, fundamental para una transición energética participada por la ciudadanía, reduciendo así el control del oligopolio energético sobre un bien básico como la energía. Aunque la ley se queda atrás a la hora de establecer objetivos de penetración de renovables para obtener un sistema eléctrico 100% renovable para 2025, tiene varios artículos que intentan fomentar tanto el autoconsumo como la participación pública y local en el sistema energético.

Es especialmente reseñable el artículo encaminado a potenciar la generación renovable con participación local, que establece publicar un plan de acción en el plazo de un año para el fomento de comunidades energéticas locales, la introducción de medidas de agilización administrativa para los proyectos renovables con participación local, la creación de una bolsa de terrenos donde los propietarios pueden ponerlos a disposición del desarrollo de los proyectos de energías renovables con participación local. Así mismo plantea habilitar la posibilidad de abrir a concurso la concesión temporal de terreno público para instalar comunidades energéticas. Es también positivo que la ley establezca obligaciones de autoconsumo con renovables en edificios comerciales, residenciales e industriales. Sin embargo a Greenpeace le preocupa que retrasa la obligación hasta 2025 en edificios residenciales y hasta 2030 o incluso hasta 2040 en algunos de los edificios industriales y comerciales más grandes. De la misma manera, la ley retrasa a 2027 innecesariamente la prohibición de instalar sistemas térmicos abastecidos con combustibles fósiles en los edificios de nueva construcción de uso residencial y terciario. Igualmente la organización se pregunta por qué la ley propone esperar a 2027 para obligar a todos los nuevos edificios o rehabilitados a instalar fuentes renovables suficientes a cubrir al menos el 50 % de sus necesidades energéticas.

Además parece que hay una intención de ordenar el desarrollo renovable para agilizarlo al mismo tiempo que se maximizan los beneficios para las personas y el medio ambiente planteando una zonificación para la energía eólica y solar. Estas tendrán que establecer zonas preferentes para la energía eólica y criterios para los suelos autorizados, autorizables y prohibidos para la energía solar. Greenpeace pedirá que se incluyan sus criterios para el desarrollo de las energías renovables en la elaboración de esta zonificación.

“Cabe señalar que algunos artículos dan pie a mantener la dependencia a los combustibles fósiles fomentando inversiones en sistemas gasistas. Por ejemplo, se prohíbe el uso de combustibles fósiles en las explotaciones agropecuarias, pero no se extiende la prohibición a otros sectores importantes como la generación de electricidad. Algo que en Navarra es totalmente factible”, ha comentado coordinadora de la campaña de Transición Energética de Greenpeace. “Además la ley retrasa innecesariamente la prohibición de instalar sistemas térmicos a base de combustibles fósiles en los edificios de uso residencial y terciario de nueva construcción hasta 2027. El no establecer un plan urgente para el abandono de los combustibles fósiles caros y contaminantes no hace otra cosa sino alargar la dependencia a los mismos agravando el cambio climático, la vulnerabilidad de los hogares ante las crisis de precios energéticos internacionales y, en general, la dependencia energética de Navarra hacia fuentes externas”, ha añadido.

Finalmente a la organización le preocupa especialmente que no establezca medidas más contundentes orientadas a transformar radicalmente el modelo agropecuario dominante en Navarra, así como que no se plantee un objetivo de reducción del 50 % de la ganadería para 2030. Esto es muy relevante teniendo en cuenta que recientemente se ha puesto de manifiesto la problemática generada por la ganadería industrial,. Se valora positivamente que entre las líneas de actuación para mitigar el cambio climático en los sectores primario y residuos se mencionen: la reducción las emisiones de gas metano y de otros gases de efecto invernadero derivados de los purines y otros abonos orgánicos en la agricultura, promoviendo la economía circular, la adecuación de la dimensión de la cabaña ganadera a la capacidad de carga ambiental del territorio y la minimización las emisiones derivadas de las deyecciones ganaderas, así como el fomento de la utilización progresiva de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de los fertilizantes de síntesis química.

Sin embargo para Greenpeace la ley debería establecer objetivos de reducción de dichas emisiones de GEI asociadas al primer sector (en Navarra el 53% del metano y el 89 % del amoniaco tienen origen en la ganadería), debería establecer un límite de carga ganadera, y no se debería considerar la valorización energética como mejor técnica para gestión de purines teniendo en cuenta los problemas ya asociados a la planta perteneciente a HTN. Tampoco se establecen objetivos claros para la reducción de fertilizantes químicos.