Greenpeace celebra el acuerdo en Doñana, que tumba la ley del PP, pero no que las ayudas beneficien a quienes roban agua

Greenpeace valora positivamente que se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ya que, entre otras cosas, entierra definitivamente la proposición de ley impulsada por el Partido Popular, que pretendía amnistiar a regantes ilegales en la corona norte de Doñana. Tras la presentación del “Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana”, la organización ecologista celebra que, dados los problemas de agua que existen, y cada vez aumentarán en la zona, las medidas propuestas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica. También valora positivamente que el marco de actuaciones se extienda a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, porque contribuye a generar una solución integral en el territorio.

Sin embargo, Greenpeace observa con preocupación que aquellas explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo. De ser así, se estaría premiando económicamente a aquellas personas que han estado incumpliendo la ley. En este sentido, esperan que la ministra Teresa Ribera cumpla el compromiso, explicitado hoy durante el acto de presentación del acuerdo, de no dar ni un euro a quien incumpla la legislación vigente. Esto, a juicio de la organización ecologista, afectaría a aquellas fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización. Por otro lado, la organización recuerda que este acuerdo no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia aquellas fincas que han estado incumpliendo la ley durante años. Igualmente, recuerda que se deben reforzar los esfuerzos para perseguir el robo de agua, que por desgracia ha sido una práctica habitual durante todo este tiempo, acometiendo el cierre de todos los pozos ilegales que hay en la zona. Además, la organización ecologista se muestra preocupada porque aquellos beneficiarios de las ayudas trasladen sus explotaciones a otras zonas de la provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan hidrológico contempla incremento de superficie de riego, trasladando así el problema a otras zonas.

A falta de hacer un análisis más exhaustivo del resto de medidas, la organización ecologista quiere hacer hincapié en la importancia que tiene la presión ciudadana a la hora de conseguir que haya entendimiento entre diferentes administraciones públicas, con independencia de su color político, en aras de garantizar la protección de los ecosistemas y del desarrollo local de la población de una zona.

Por otro lado, Greenpeace recuerda que el caso de Doñana es tan sólo la punta del iceberg de una problemática que afecta a muchos otros lugares del estado español. Tal y como puede observarse en el informe La burbuja del Regadío en España, el 32,88% de los regadíos actuales se encuentran situados sobre masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo (sobreexplotados). La agricultura intensiva e industrial de regadío y la ganadería intensiva son responsables de más del 80% del consumo de agua y de que el 44% de las masas de agua subterráneas del país se encuentren en mal estado. Por ello, Greenpeace considera que es vital que se ensayen procesos de transición social, ecológica y económica como el que se ha presentado hoy en Doñana. El exceso de demanda hídrica que ejerce el actual modelo agroindustrial y de ganadería intensiva, unido a los efectos del cambio climático, hacen más que urgente acometer procesos de transición en los que se incluyan criterios de justicia social en el reparto del agua, que garanticen la supervivencia de las explotaciones de agricultura social y familiar, en detrimento de otros modelos agroindustriales especulativos.