Greenpeace celebra la histórica resolución del tribunal más alto del mundo: los Estados están obligados a actuar frente a la crisis climática 

Greenpeace celebra la resolución histórica emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal del mundo, con sede en La Haya, en la que se establece que los Estados deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Se impone además la obligación de acabar con cualquier tipo de subvención a los combustibles fósiles, así como la prohibición de nuevas licencias de exploración y prospección. También impone obligaciones a las empresas, incluida la de reparar los daños causados por sus emisiones, independientemente del lugar donde ocurran.

Por primera vez desde su creación, y tras la solicitud presentada en 2023 por más de 190 países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte ha emitido una Opinión Consultiva centrada exclusivamente en la crisis climática. Para Greenpeace, esta decisión representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática, al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional y de los derechos humanos. 

La resolución realiza afirmaciones trascendentales, como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones nacionales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de evitar un aumento global de la temperatura de 1,5 ºC. 

Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España, ha declarado: “Esta resolución, junto con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Klimaseniorinnen, la del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marca un cambio de tendencia en el derecho internacional, que empieza a situar la protección del clima y los derechos humanos por encima de los intereses económicos de las empresas. Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminadores deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas”.

La importancia de esta resolución resulta evidente ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la dana del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1000 muertes. 

Pedro Zorrilla Miras, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace, ha declarado: “Las consecuencias de la resolución del Tribunal son claras: los contaminadores deben dejar de emitir y deben pagar por los daños que han causado. Se deben aprobar nuevos impuestos para que las empresas de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y otros grandes contaminadores paguen por su responsabilidad en crear la crisis climática, y que por fin contribuyan a cubrir los costes y a acelerar el abandono de los combustibles fósiles. El Gobierno debe aumentar la ambición climática para conseguir las emisiones cero en España en 2040. Esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la falta de ambición climática de España en sus objetivos de emisiones en 2030”. 

Asimismo, la CIJ aclara que el incumplimiento de las obligaciones climáticas conlleva el deber de proporcionar reparaciones plenas, que incluyen tanto el cese inmediato de las actividades perjudiciales como compensaciones económicas por las pérdidas y daños ocasionados. Estas pueden abarcar desde la restauración de los daños sufridos hasta la interrupción inmediata de emisiones de gases de efecto invernadero que superen los umbrales científicos de seguridad.

Finalmente, la Corte formula recomendaciones específicas para garantizar la justicia climática intergeneracional, ofreciendo una protección histórica a las comunidades más afectadas por la crisis climática, así como la protección del medio ambiente para las generaciones futuras.

En 2023, el emblemático barco Rainbow Warrior de Greenpeace Internacional recorrió el océano Pacífico recopilando testimonios de comunidades afectadas por el cambio climático. Estos relatos, junto con los de otras comunidades situadas en la primera línea de la crisis climática, fueron presentados por escrito ante la Corte Internacional de Justicia, acompañados de una sólida base científica y una fundamentación jurídica rigurosa, con el objetivo de incidir en la necesidad de que la Corte aclarara de forma definitiva las obligaciones de los Estados y de las empresas vinculadas a los combustibles fósiles frente al cambio climático.

Posteriormente, la Corte celebró una audiencia pública de dos semanas, en la que se presentaron testimonios sobre los impactos del cambio climático y las formas de resistencia desarrolladas por comunidades de todo el mundo. La audiencia contó con una participación sin precedentes: 97 Estados y 11 organizaciones internacionales intervinieron en el proceso, incluyendo el Gobierno de España, reflejando la magnitud y la relevancia global de la cuestión climática ante la justicia internacional.

La decisión se produce pocos días después de la también histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, además de establecer de forma clara las obligaciones de los Estados ante la emergencia climática, confirmó la primacía de los derechos de las personas y de la naturaleza sobre los intereses de los grandes contaminadores.