Greenpeace celebra que la Asamblea General de la ONU confirme la responsabilidad legal de los Estados de frenar el cambio climático

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó anoche por abrumadora mayoría a favor de adoptar una resolución histórica, impulsada por Vanuatu y otros 12 países, que impulsará la aplicación del dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el cambio climático y la responsabilidad de los Estados.

La resolución, que se aprobó con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, reafirma las conclusiones de la Corte y exhorta a los Gobiernos a alinear sus políticas con sus obligaciones legales de limitar el calentamiento global a 1,5 °C:  les pide reducir de forma notable y rápida las emisiones, regular a las empresas de combustibles fósiles y proteger el derecho a un medio ambiente saludable. La resolución también solicita al secretario general de la ONU que presente un informe en 2027 sobre cómo cumplir con todas las obligaciones incluidas en el dictamen de la Corte, garantizando que se mantenga la presión y el escrutinio sobre los Gobiernos para que lleven a cabo  sus obligaciones legales. 

Shiva Gounden, director de Greenpeace Australia-Pacífico, ha declarado: “El mundo ha seguido el ejemplo del Pacífico. Vanuatu y las naciones del Pacífico han vuelto a marcar la agenda climática mundial, convirtiendo las voces de las comunidades más afectadas en acción internacional”. 

“Los Gobiernos ya no pueden seguir ignorando sus responsabilidades legales mientras apoyan la expansión de la industria de los combustibles fósiles. Las comunidades del Pacífico hemos luchado por esto porque ya estamos sufriendo las consecuencias de la crisis climática, y  lo seguiremos haciendo hasta que se abandonen los combustibles fósiles de forma rápida, justa y con la financiación necesaria. Esta resolución garantiza que se respeten  los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras, para que puedan llevar una vida digna y sentirse orgullosas del legado justo que les hemos dejado”.

Rebecca Newsom, responsable de política global de Greenpeace Internacional, ha señalado: “El tribunal más alto del mundo ha dejado claro que la acción climática es una obligación jurídica irrefutable y el resultado de hoy demuestra que los Gobiernos están cada vez más comprometidos con implantar medidas que reflejen esa realidad”.

“Aprobado por la gran mayoría de los Gobiernos del mundo, esta resolución insta a una transición justa para abandonar los combustibles fósiles menos de un mes después de que una coalición de 57 países se reuniera en Santa Marta (Colombia) para reiterar su compromiso de poner fin a la dependencia del carbón, el petróleo y el gas. Es evidente que el impulso político va en aumento”.

”Los Gobiernos deben ahora traducir esta resolución en planes para acabar de forma equitativa con la explotación, producción y consumo de combustibles fósiles. La transición debe financiarse con impuestos más elevados a las empresas más contaminantes y a los ultrarricos, para que paguen por los daños climáticos que causan, junto con las obligaciones de financiación climática pública internacional de los países del norte global. Debe acabar la era en la que las empresas de combustibles fósiles ganan miles de millones mientras las comunidades se enfrentan a desastres climáticos y al aumento de los precios”.

Pedro Zorrilla Miras, coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace España, ha afirmado: “La votación de ayer marca un hito histórico. Aunque aplaudimos que el Gobierno de España haya respaldado esta resolución e impulsado avances en políticas climáticas, la velocidad de la transición energética sigue estando muy lejos de lo necesario para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Por eso mantenemos abiertos dos litigios contra el Gobierno: España necesita triplicar el ritmo de acción climática, y aquí las Administraciones autonómicas y locales tienen una responsabilidad vital que deben asumir ya”.

En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen consultivo en el que afirmaba que, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación legal de adoptar medidas urgentes y equitativas para proteger el sistema climático, entre otras cuestiones mediante la reducción de las emisiones, la cooperación internacional, la exigencia de responsabilidades a las empresas contaminantes y la prevención de los daños climáticos. 

Greenpeace confía en que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas refuerce el peso político y jurídico de la Opinión Consultiva en las negociaciones internacionales, en las políticas nacionales y en los litigios climáticos, al tiempo que aumente la presión sobre los Gobiernos para que adapten sus acciones a su obligación de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.