Greenpeace da la bienvenida al anuncio sobre la demolición de ‘El Algarrobico’ pero teme que sea una medida de “postureo ambiental”

Ante el anuncio realizado hoy por el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre el futuro derribo del hotel ilegal de la playa de El Algarrobico (Almería), Greenpeace se felicita de que vayan a cumplir con los más de dos docenas de pronunciamientos judiciales que señalan que el hotel es ilegal y que no puede ser legalizado en modo alguno.

Sin embargo, Greenpeace espera que el hotel ilegal no sea utilizado como una gran herramienta de “lavado verde” de la Junta de Andalucía, mientras destruye leyes ambientales y autoriza otros hoteles similares como en los Genoveses, Nerja o El Palmar.

“Tras más de una década de sentencias declarando la ilegalidad del hotel, esperamos que, finalmente, la demolición se lleve a cabo, pero no es suficiente para lavarle la cara a las innumerables malas prácticas ambientales de la Junta de Andalucía”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad en Greenpeace España.

De hecho, en la pasada primavera, la Junta de Andalucía anunciaba un paquete de medidas, denominadas popularmente como el “decretazo, que pone las políticas urbanísticas por encima de los intereses ambientales, bajo la excusa de simplificar trabas burocráticas. En total, se agilizan los procesos de 21 leyes y 6 decretos que entienden que el medio natural es una ‘molestia’, priorizando el beneficio de unos pocos sobre interés general.

Desde que la Junta de Andalucía anunciara, en la pasada cumbre del clima celebrada en Madrid, una “revolución verde”, el gobierno andaluz ha dado muestra de una serie de contradicciones que hacen que Greenpeace califique esta política como “postureo ambiental” y teme que este derribo sea un icono para intentar tapar el atropello administrativo que supone el decretazo, que va a posibilitar la proliferación de un desarrollo urbanístico desaforado, como los que ya se vienen dando en Los Genoveses o Nerja, en una costa que ya cuenta con el 15,4% de su superficie degradada.

Por último, la organización ecologista entiende que la administración andaluza se coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente para que no se invadan competencias, ya que, según está recogido en el BOE, la demolición del hotel y el desescombro corresponden a la Administración General del Estado y la restauración ambiental a la Junta de Andalucía.