Greenpeace celebra el impulso del autoconsumo en el decreto antiapagones, pero denuncia que sigue dejando demasiado poder en manos de las grandes compañías eléctricas

Greenpeace celebra las medidas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo incluidas en el decreto antiapagones aprobado ayer por el Consejo de Ministros, pero denuncia que sigue dejando demasiado poder en manos de las grandes compañías eléctricas.

La organización ve con buenos ojos medidas muy esperadas como la ampliación del radio de 2 a 5 kilómetros para el autoconsumo. También medidas encaminadas a sacar el gas de las casas como son las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor. Asimismo, considera adecuada la necesaria agilización de los proyectos de almacenamiento. Otros pasos positivos son la instauración de la figura del gestor de autoconsumo colectivo o los agregadores independientes.

Pese a incluir ciertos avances, el Real Decreto Ley contiene medidas preocupantes como eliminar el trámite de evaluación ambiental a baterías que se encuentren dentro del perímetro de una planta existente que ya haya recibido ese visto bueno. Esto, aunque puede tener sentido para acelerar el despliegue de las hibridaciones renovables-almacenamiento reduciendo el uso del suelo para la transición, genera un precedente peligroso, pues la generación con renovables y el almacenamiento con baterías son actividades diferentes con impactos potenciales distintos. Las declaraciones de impacto ambiental no pueden perder esas especificidades, aunque sea de manera simplificada tal y como requiere la normativa actual de evaluación de impacto ambiental para las baterías. 

“Necesitamos una normativa valiente que empiece a solucionar muchos de los problemas que han aflorado con el apagón, pero que arrastramos desde hace décadas: la transparencia del sector, el papel de las eléctricas, el papel y gestión de las redes eléctricas, las interconexiones, la posibilidad de ser autónomos con energía solar en casa, las comunidades energéticas, el papel de la hidroeléctrica, etc.. Esta crisis ha hecho más evidente que nunca cuánto necesitamos la electricidad para nuestra vida diaria. La DANA de Valencia o las olas de calor también nos recuerdan que la electricidad debe ser renovable para no agravar el cambio climático y preservar el futuro del planeta y de quienes lo habitamos. Necesitamos que el Gobierno regule para que la sociedad tenga acceso a servicios energéticos suficientes para una vida digna. Servicios asequibles, limpios y seguros”, ha declarado Francisco del Pozo Campos, responsable de la Campaña de combustibles fósiles en Greenpeace.

Por otro lado, el decreto antiapagones presenta bastantes lagunas en temas muy relevantes que Greenpeace ya propuso a la ministra Sara Aagesen a través de 10 medidas clave para un sistema eléctrico seguro, resiliente y sostenible. Un gran olvidado es la limitación de uso especulativo para los operadores de las plantas  hidroeléctricas, que se han demostrado tan útiles en la recuperación del apagón. La gestión de este tipo de plantas ha de estar prioritariamente al servicio del operador del sistema, sobre todo en contextos de sequía recurrentes. 

El decreto tampoco apuesta aún por hacer del sistema eléctrico un sistema realmente inteligente, omitiendo propuestas como la carga bidireccional para vehículos eléctricos o el  “grid forming” para que las renovables aporten inercia sintética al sistema.  

Otros temas candentes que el decreto antiapagones deja fuera son acelerar las interconexiones con otros países, los pagos por capacidad a plantas renovables flexibles y no al gas, el coto al oligopolio, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, o el esperado lanzamiento de una Comisión Nacional de Energía con el mandato de regular un sistema energético que aspire a ser 100 % renovable.