Greenpeace demanda al ministro de Agricultura que defienda a las pequeñas explotaciones agrarias frente a la agroindustria en la futura ley de agricultura familiar

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha entregado esta mañana en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta y un documento dirigidos al ministro Luis Planas con las propuestas de Greenpeace para la futura ley de agricultura familiar. Además, le ha hecho llegar también una réplica de una de las piezas de museo que la semana pasada activistas de Greenpeace introdujeron en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Museo de la Evolución Humana (Burgos), el Museo de Almería y el Museo Arqueológico de Murcia.

Con esta pieza se quería alertar del riesgo de desaparición de la agricultura familiar y social si no se toman medidas urgentes para apoyarles. La presión de los fondos de inversión y la agroindustria, el desigual reparto de la PAC o la asfixia a la que son sometidas las pequeñas explotaciones por parte de las cadenas de distribución son algunos de los problemas que amenazan la supervivencia de esta actividad clave para el medio rural, la economía y el medio ambiente. A estos desafíos se suma ahora el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que podría agravar aún más la situación de la agricultura familiar ya que podría facilitar la entrada de productos importados que compiten en condiciones desiguales. Además este acuerdo supone una amenaza a la biodiversidad, al promover prácticas agrícolas insostenibles y acelerar la deforestación en áreas clave.

“La pequeña agricultura es esencial para mantener la vida en el medio rural, proteger la biodiversidad y garantizar una alimentación sostenible en el futuro. Por esto es imprescindible una ley que esté a la altura, que las apoye y acompañe en su transición hacia modelos sostenibles. Una ley que las proteja frente a los grandes monstruos del agribusiness. Esto es lo que reclamamos al Ministerio. Sin medidas urgentes, la pequeña agricultura corre grave peligro. Es hora de actuar y poner en marcha una normativa que la respalde de manera efectiva y frenar acuerdos comerciales tóxicos, como el UE-Mercosur, que están hechos a la medida de la agroindustria”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Asimismo, la organización ecologista expresa su preocupación por el incumplimiento de plazos en la puesta en marcha de esta ley, promesa del actual gobierno, y reitera su preocupación por el incumplimiento del proceso de debate con las organizaciones del sector, prometido para el pasado mes de septiembre. En este sentido reclama un proceso participativo real y un debate amplio entre las organizaciones agrarias, sociales y ecologistas y que no se retrase una ley necesaria para la supervivencia de la agricultura familiar y social.

“Llevamos escuchando al ministro desde finales del año pasado sobre la premura e importancia de esta ley, promesa de la legislatura, pero no se están cumpliendo los plazos. Prometió un proceso de debate para este pasado septiembre con el sector agrario que no ha tenido lugar y al que no se incluyó a las organizaciones sociales y ecologistas. Esta ley debería marcar un antes y un después en la construcción de los futuros sistemas alimentarios sostenibles que necesitamos en este país, donde los protagonistas tienen que ser los agricultores y agricultoras familiares y sociales. La pequeña agricultura es víctima de la triple crisis climática, de biodiversidad y de desigualdad y sin embargo, es un actor indispensable para su solución. Por ello, necesitamos repensar la manera en que producimos alimentos poniendo las personas y el planeta en el centro”, afirma Helena Moreno, responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace España

Propuestas de Greenpeace sobre la futura Ley de agricultura familiar 

Greenpeace propone  varios elementos clave que deben formar parte de esta norma para garantizar el futuro justo y sostenible en la agricultura en el estado español:

• Creación de un banco público de tierras. Las nuevas agricultoras y agricultores tienen muchas dificultades para empezar la actividad agraria debido fundamentalmente a los altos costes de los terrenos, la falta de un marco normativo adecuado para fomentar su acceso y la poca transparencia en el mercado de tierras. Por ello, Greenpeace apoya la creación de un banco público de tierras, de tal forma que las personas que tengan parcelas  agrarias improductivas o baldías, puedan incluir sus propiedades en una base estatal. 

El Estado, a través de las Comunidades Autónomas, se encargaría de supervisar que las tierras baldías o improductivas estén en este banco. El objetivo de esta medida es la regulación del mercado de tierras, de los precios de la misma, y el control de su uso para evitar la especulación. Las personas físicas tendrán prioridad y se establecerá un techo de superficie por comprador según los cultivos para evitar la concentración y acaparamiento de la tierra en manos de unos pocos. 

• Fortalecimiento de la asistencia técnica y capacitación con la figura del extensionista agroecológico. Es esencial que los productores familiares reciban formación y apoyo técnico continuo en áreas como prácticas agrícolas sostenibles de base agroecológica, que mejoren sus suelos y biodiversidad, con el fin de mejorar su competitividad y resiliencia.

• Promoción de la venta directa. Se fomentarán mecanismos que faciliten la venta directa de los productos de los agricultores familiares y sociales, como la promoción de mercados locales, así como otras herramientas que permitan la venta directa, eliminando intermediarios.

• Fomento de la contratación pública para crear un mercado estable y sostenible para los productos provenientes de la agricultura familiar y social, de cercanía, de temporada y ecológicos, favoreciendo tanto a las personas productoras como al medio ambiente. Para ello hay que asegurar que los agricultores familiares y sociales puedan optar a la licitaciones de contratos públicos para comedores de colegios, hospitales y residencias, y otros comedores de espacios públicos para garantizar una demanda constante de productos locales, de temporada y ecológicos provenientes de la agricultura familiar y social. 

• Incentivos para la conservación y mejora del medio ambiente y la biodiversidad. Puesta en marcha de una ley que contemple incentivos para aquellos agricultores familiares que implementen prácticas agroecológicas que contribuyan a la conservación y mejora de los recursos naturales y la biodiversidad, como el uso eficiente del agua, la preservación y la mejora de la calidad y estructura del suelo, o el fomento de la agrobiodiversidad. De tal forma que se fomente una transición del modelo de producción agrícola, que asegure la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios frente a la crisis climática y de biodiversidad, favoreciendo la seguridad y soberanía alimentaria, bajo el paraguas de la justicia social.

“Para revertir el proceso de desaparición de la agricultura familiar, que representa actualmente el 60% de las explotaciones, y desde 2007 se han reducido un 36%, es necesario asegurar una ley de agricultura familiar que proteja a esta pequeña agricultura que vertebra el territorio. Por eso solicitamos un mayor liderazgo del ministro en la defensa de los intereses de la pequeña agricultura y que se cumpla el compromiso adquirido con plazos claros para el proceso de participación pública y la aprobación de la ley. De no ser así, la agricultura familiar continuará siendo una actividad en peligro de extinción”, remarca Moreno.