Greenpeace demanda que el Reglamento EUDR se aplique el 30 de diciembre de 2025 según lo previsto

Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado una moción propuesta por el eurodiputado Alexander Bernhuber (Austria – PPE), pidiendo a la Comisión que derogue el Reglamento de 22 de mayo de 2025 que implementó la “evaluación comparativa de países” prevista en el Artículo 29 del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR).

La moción destaca varias deficiencias de la metodología empleada por la Comisión para llevar a cabo esta evaluación comparativa de países. Sin embargo, el verdadero objetivo de Bernhuber no es mejorar la clasificación de los países, sino obligar a la Comisión a retrasar aún más la aplicación del EUDR, prevista inicialmente para el 30 de diciembre de 2024, pero pospuesta a finales del presente año tras una enmienda acordada por los legisladores de la UE el 19 de diciembre de 2024.

El reglamento de evaluación comparativa de países debe mantenerse vigente, ya que es un elemento indispensable del mecanismo de implementación. De hecho, para la correcta aplicación y cumplimiento del EUDR, tanto los operadores como las autoridades nacionales competentes deben saber si los países que producen productos básicos dentro del ámbito de aplicación del reglamento se clasifican como de riesgo «estándar», «alto» o «bajo».

Si la Comisión derogara este reglamento, como en el caso de la iniciativa de Bernhuber, sería necesario un nuevo aplazamiento. De hecho, es prácticamente imposible que la Comisión pueda elaborar una nueva metodología para la clasificación de países antes del 30 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor del EUDR.

Por lo tanto, el reglamento no se aplicaría durante varios meses más, con graves consecuencias para la protección de los bosques mundiales y para la credibilidad de la política medioambiental de la UE.

Para socavar aún más la credibilidad de su propia moción, el eurodiputado Bernhuber insiste en la introducción de una nueva categoría de países de «riesgo insignificante» en la evaluación comparativa de países, cuyos productos estarían exentos de los requisitos de trazabilidad.

Este cambio carecería de justificación, dado que la clasificación de «riesgo bajo» del EUDR ya presupone que el riesgo de deforestación es excepcional. Los operadores que se abastecen en países de «riesgo bajo» pueden beneficiarse de una obligación de «diligencia debida simplificada» y de controles limitados por parte de las autoridades competentes. La eliminación del requisito de trazabilidad haría el sistema vulnerable a fraudes y blanqueo de capitales, ya que los productos (en particular la madera) procedentes de países de alto riesgo podrían comercializarse como producidos en países de «riesgo insignificante», lo que podría comprometer la eficacia del EUDR. Todos los países de la UE están clasificados como de «riesgo bajo», por lo que los pequeños agricultores austriacos y de otros países europeos ya se benefician de un régimen muy favorable.

Además, los propietarios de bosques y otros productores de madera y productos derivados ya están sujetos a las obligaciones de diligencia debida del Reglamento de la Madera de la UE (EUTR), que exige la trazabilidad de la madera hasta el punto de cosecha. Se supone que el sector forestal de la UE ha garantizado la trazabilidad de sus productos desde 2013. Las afirmaciones de que no podrán cumplir con el EUDR en diciembre de 2025 son absolutamente inverosímiles.

 «Greenpeace y muchas otras ONG han insistido en que la evaluación comparativa de los países de la EUDR debe basarse en criterios objetivos y transparentes y no convertirse en objeto de negociaciones políticas. Somos conscientes de que el reglamento de la Comisión presenta deficiencias, pero ésta se ha comprometido a revisarlo en 2026. Mientras tanto, los operadores deben aplicar el EUDR y las autoridades competentes deben velar por su cumplimiento, según el calendario acordado”, ha declarado Miguel Ángel Soto, de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

La moción de Bernhuber es un intento mal disimulado de desbaratar el Reglamento EUDR, y la Comisión debe actuar como guardiana del derecho de la UE y rechazarla. Derogar ahora la evaluación comparativa por país significaría retrasar, una vez más, la aplicación del EUDR, pero los bosques no pueden seguir esperando mientras el problema de la deforestación continúa. Además, la idea de introducir una nueva categoría de «riesgo cero» es inaceptable y absurda, sobre todo si eso implica eximir a industrias enteras de los requisitos de trazabilidad: la trazabilidad y la transparencia de todas las cadenas de suministro son un elemento clave del EUDR. Eliminarlo sería un regalo a empresas imprudentes que se lucran blanqueando productos insostenibles e ilegales.