Greenpeace demanda que no se repitan ahora los errores cometidos durante la gran recesión

• El aumento de la desigualdad y la exclusión social, mayor precarización laboral, relajación de la protección ambiental y la pérdida de derechos civiles, entre las amenazas a la salida de la crisis actual
• La reconstrucción económica y social debe abordar simultáneamente la defensa de la salud, la economía y el medio ambiente

Greenpeace España hace público hoy un documento titulado “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: lecciones aprendidas”, donde hace un breve recorrido por la respuesta gubernamental a la crisis de 2008, conocida como Gran Recesión, la debacle económica y social provocada por la quiebra de Lehman Brothers y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. En dicho documento reflexiona sobre la necesidad de evitar la repetición de las recetas que provocaron el aumento de la desigualdad y la exclusión social, el desprecio a la protección de la salud ambiental o la pérdida del liderazgo en sectores como el de las energías renovables.

“Aunque la actual crisis provocada por la pandemia y la anterior crisis de 2008 tienen desencadenantes diferentes y son de naturaleza distinta, la gran amenaza a la que nos enfrentamos en las próximas semanas y meses es que los sectores más vulnerables de la sociedad vuelvan a ser los que paguen los platos rotos”, ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.

El documento hace un recorrido por los recortes en políticas sociales y ambientales; el hachazo a las energías renovables y aplazamiento de la transición energética; la desprotección del territorio y destrucción de la biodiversidad y mala gestión de los recursos hídricos; el olvido de la economía circular en favor del beneficio empresarial y de exonerarlos de su responsabilidad como productores de residuos; las ruinosas infraestructuras de transporte sin justificación económica ni social; la marginación del mundo rural; el rescate a las entidades financieras y olvido de las personas; y la aprobación de las leyes mordaza como respuesta a la contestación social.

Según este breve informe, la crisis anterior no solo se cebó en el recorte de servicios públicos como sanidad o educación, también las políticas ambientales se vieron fuertemente afectadas. Desde 2008, por ejemplo, las partidas presupuestarias destinadas al medio ambiente se recortaron en un 56,5% en los Presupuestos Generales del Estado. El resultado fue también la falta de recursos para la protección del medio ambiente, el abandono de políticas de mejora de la gestión de los recursos (del litoral, hídricos, forestales, pesqueros, etc.) y la precarización de colectivos, como la guardería forestal o los bomberos forestales.

En el sector energético, los recortes retroactivos, moratorias e impuestos, hizo que el sector de las energías renovables en España pasara de ocupar el primer puesto mundial en crecimiento, en liderazgo industrial y know how, en exportación de tecnologías, bienes y servicios, a encontrarse con un bloqueo regulatorio y económico que llevó a la destrucción y parón en seco del sector, con el posterior “impuesto al sol”. Este parón y caos regulatorio no solo supuso pasar de los 142.000 empleos en 2008 a 74.000 en 2017 (la mitad), con sus correspondientes implicaciones sociales y económicas directas sobre nuestra balanza fiscal y comercial (por nuestra altísima dependencia energética del exterior en combustibles fósiles que alcanzó el 81%).

Entre otras medidas ruinosas que se promovieron durante la burbuja, y bajo unas previsiones de demanda sobreinfladas, figuran la construcción de aeropuertos sin aviones y autopistas radiales sin tráfico de vehículos. Estas obras innecesarias, disfrazadas de impulso económico, fueron un gran favor a nuestras grandes empresas constructoras. Pero en 2014, bajo la gran recesión, el Gobierno tuvo que presentar un plan de rescate de las autopistas radiales de peaje, lo que supuso un coste para las arcas públicas de 3.400 millones de euros. Estas inversiones no han hecho sino aumentar la dependencia del coche en el conjunto del país, agravando los problemas de congestión y calidad del aire que sufren nuestras ciudades y que suponen enormes costes sanitarios y en forma de sanciones por exceso de contaminación atmosférica.

Otra de las enseñanzas de la pasada crisis es que una vez tomadas las decisiones, como la aprobación de la ley mordaza (las reformas del código penal y la ley de seguridad ciudadana) cuesta mucho recuperar las libertades perdidas y que sería conveniente mesurar las medidas actuales que recortan los derechos civiles en nombre de la seguridad.

“La reconstrucción económica y social no puede ser un retorno al status quo. Ahora toca poner a las personas y el planeta en el centro. Necesitamos un impulso renovado a la transición energética, la descarbonización de la economía, cambios profundos en las cadenas de valor, con nuevos objetivos en los sistemas de transporte, financiero, agroalimentario, etc. El dinero público debe ser invertido para comenzar una transformación hacia una sociedad en los que nos cuidemos las personas en el marco de la asunción de los límites planetarios y el justo reparto de los recursos” ha recordado Soto. “Si la actual crisis nos está enseñando algo es la importancia de disponer de un buen sistema de salud público, el papel estratégico de colectivos y sectores antes marginados en presupuestos y políticas y hoy ensalzados por sostener a la población durante la crisis”.

Por eso, Greenpeace valora positivamente las medidas de choque tomadas por el gobierno en los últimos días para amortiguar el golpe en los trabajadores, empresas o los alquileres de las viviendas, y considera necesario cuanto antes la aprobación de un ingreso mínimo vital que garantice la seguridad a todas las personas. Considera positivo, aunque todavía insuficiente, que se impida la interrupción de suministros energéticos y de agua en todos los hogares mientras se prolongue el estado de alarma, y que se extienda la cobertura del bono social eléctrico a trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o que hayan reducido su facturación en un 75% como consecuencia del brote del COVID-19. Aunque sigue pendiente una profunda reforma del modelo de bono social para que sea una herramienta efectiva de protección y prevención de la pobreza energética.