Greenpeace denuncia la ausencia de diligencia debida de la aseguradora Mapfre en el desastre de Brumadinho, Brasil

• El balance provisional de fallecidos por la rotura de la balsa de lodos en Brumadinho es de 206 personas muertas y 120 personas desaparecidas
• La aseguradora española Mapfre forma parte del consorcio de empresas que dan cobertura a la empresa minera brasileña VALE 
• El valor de los daños y la pérdida de beneficios podría superar el coste del desastre de Mariana en 2015, estimado en más de 4.000 millones de dólares
• Es necesaria una ley de diligencia debida que obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente

Greenpeace denuncia la ausencia de procedimientos de diligencia debida (o vigilancia debida) y de análisis de riesgos por parte de la aseguradora española Mapfre, especialmente en países como Brasil y en sectores como la minería, afectados periódicamente por roturas de presas con graves efectos para la población y el medio ambiente como la reciente tragedia de Brumadinho.

Pese al contexto de alto riesgo, Mapfre mantiene una relación contractual con Vale, empresa gestora de las minas donde se han producido los dos peores desastres provocados por la minería en la historia reciente de Brasil (entre ellos el de Brumadinho), y que a su vez es el mayor productor de mineral de hierro y níquel del mundo, la quinta mayor empresa minera a nivel global.

“El desastre de Brumadinho pone en duda la función social de Mapfre y su responsabilidad social corporativa. Se supone que su negocio se basa en asegurar que las actividades son seguras para los trabajadores y la comunidad local, y que es limpia y no daña el medio ambiente. En el caso de la minería brasileña, con más empeño dado los accidentes de Brumadinho y el de Mariana en 2015”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Pero parece que para Mapfre solo se trata de “coje el dinero y corre”. Como ya hizo con el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, una operación cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Vale es la empresa propietaria de la balsa de lodos que colapsó el pasado 25 de enero en Brumadinho (Estado de Minas Gerais) provocando el vertido de 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, con un balance provisional de más de 206 muertos identificados y 120 personas desaparecidas, 112 hectáreas de bosques destruidos, graves daños al río Paraopeba y afectación directa o indirecta al abastecimiento de agua y obtención de recursos a más de 600.000 personas. Hace poco más de tres años, en noviembre de 2015, la rotura de otra balsa minera en Mariana (también en Minas Gerais) propiedad de una empresa participada por Vale (Samarco) provocó la muerte de 21 personas en lo que era, hasta ese momento, el peor desastre ecológico en la historia de Brasil.

La empresa minera Vale tiene firmada una póliza de seguros por daños materiales con un consorcio liderado por Chubb Seguros en asociación con Mapfre y Swiss Re Corporate Solutions. El reaseguro está con IRB Brasil Re junto con 15 reaseguradoras. Las primeras estimaciones hablan de 500 millones de dólares solo en daños materiales, de los que 100 millones de dólares deberían ser cubiertos por este consorcio.

Aunque Mapfre no hizo ninguna mención a esta situación durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el pasado 8 de marzo en Madrid, el sector asegurador tendrá que hacer frente a la responsabilidad civil del desastre ambiental y humano producido por Vale en Brumadinho. Según algunos medios especializados (1), los ejecutivos de las compañías de seguros han estimado una indemnización inicial de 4.000 millones de dólares en daños a terceros, incluido el medio ambiente, así como 500 millones de dólares en pérdidas materiales y pérdida de beneficios. A esta cantidad se podrían sumar costes adicionales, como el reembolso por el uso de los servicios de emergencia estatales. Así, la cifra final podría exceder los 4.000 millones de dólares que supuso el desastre de Samarco, la mitad de los cuales recayó sobre las compañías aseguradoras.

Según las primeras valoraciones sobre los costes del desastre, la empresa Vale no reaccionó ante las alertas y evaluaciones de riesgo de diversos informes, algunos tan recientes como uno de octubre de 2018. Según ha trascendido a los medios de comunicación, la fiscalía encargada del caso ha revelado que la minera Vale rescindió un contrato con Tractebel, una empresa inspectora, alegando “divergencias en los criterios utilizados para evaluar la seguridad geo-tecnológica”, después de que esta se negara a certificar que una de sus balsas de lodos era segura, tan solo unos meses antes de que su colapso.

“Es necesario que el Gobierno de Brasil realice una revisión de la legislación de licencia ambiental, para que sean mejoradas y reforzadas, en ningún caso flexibilizadas como defiende el sector industrial y agropecuario. Además, el sistema de inspección y control de las instalaciones mineras tienen que ser más ambicioso y riguroso. Actualmente, tan solo el 3% de las balsas de lodos registradas en Brasil son inspeccionadas por la Agencia Nacional de Agua”, ha declarado Fabiana Alves, portavoz de Greenpeace Brasil. 

Pero tampoco las empresas aseguradoras hicieron su trabajo. Mapfre entre ellas, dicen tener mecanismos de evaluación de los riesgos ambientales y sociales y disponer de procedimientos de diligencia debida para identificar, evaluar y mitigar los riesgos en todas sus operaciones y en todo el ámbito geográfico donde opera. En tiempos de Jair Bolsonaro, un presidente que ya ha dado muestras de relajar los requerimientos ambientales y de desproteger los territorios de los pueblos indígenas, Mapfre necesita cambiar su estrategia en Brasil para poner su negocio en este país bajo el paraguas de su código ético y sus políticas de responsabilidad corporativa.

“Mapfre ha estado vinculada al escándalo del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte y aparece ahora vinculada a dos gravísimos desastres en el sector minero brasileño. Todo indica que la aseguradora española actúa en Brasil con dobles estándares”, ha añadido Soto. “Si en España dispusiéramos de una ley de diligencia debida, las grandes empresas estarían obligadas a implantar sistemas de evaluación de riesgos en todos los países donde operan y a lo largo de toda su cadena de suministro, estando obligadas rendir cuentas también en España en caso de accidente en cualquier lugar del planeta y a remediar el daño ocasionado a la población y al medio ambiente”

1. Insurers See Losses of $4.5b With Vale Disaster: Valor /Bloomberg