Greenpeace denuncia la desidia con que la Xunta está abordando la entrada de madera de sangre en Galicia

20-04-2018

  • La Xunta de Galicia lleva cinco años de demora en la persecución de la madera ilegal
  • Algunas empresas aprovechan la inacción de las instituciones para introducir madera procedente de la tala ilegal y de la violencia en la Amazonia
  • El director general de Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia aplazó ayer su comparecencia ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para evitar responder a las preguntas sobre este asunto

En el primer aniversario de la masacre de Colniza (Brasil), en la que nueve personas fueron salvajemente asesinadas, Greenpeace denuncia la lentitud y laxitud de la Xunta de Galicia para investigar la posible entrada de madera de sangre a través de puertos gallegos y garantizar que las empresas importadoras cumplen con la regulación europea. Las responsabilidades de la Xunta están reconocidas en la Ley de Montes de Galicia (1) y especificadas en el Reglamento europeo EUTR (European Timber Regulation) (2), normativas que tratan de reducir el riesgo de que se introduzca madera de origen ilegal en la Unión Europea.

“La Xunta de Galicia lleva cinco años incumpliendo sus obligaciones con respecto al control de la madera de origen ilegal”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “En este contexto de desidia, algunas empresas están aprovechando la inacción de las instituciones para introducir en el mercado madera tropical procedente de la tala ilegal y de la violencia en la Amazonia. El primer aniversario de la matanza de Colniza es un momento clave para recordar a la Xunta que debe cumplir con sus responsabilidades”.

Como ya reveló Greenpeace el pasado 12 de marzo (3), a finales de 2017 al menos un barco cargó madera ilegal en Paranagua (Brasil) con destino al puerto gallego de Vigo a través de la empresa Madeiras Cedroarana. Esta compañía brasileña está directamente relacionada con la masacre de Colniza; por su parte, el agente internacional que realizó esta operación comercial fue la empresa Global Gold Forest Lda (GWP), representada en España por Atlantic Timber Agency, ambas con sede en la misma dirección postal de Marín (Pontevedra).

En ese momento, Greenpeace se puso en contacto con la Xunta de Galicia para pedirle, una vez más, que realizara los controles debidos, pero no recibió respuesta.

Ayer jueves, el director general de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, principal autoridad para la aplicación del reglamento EUTR en la Xunta de Galicia, debería haber acudido a la Comisión de Ordenación del Territorio, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento gallego para contestar a las preguntas registradas el pasado 21 de marzo por el Partido Socialista Galego referentes a las denuncias expuestas por Greenpeace en este caso. Sin embargo, Fernández Couto aplazó su asistencia aludiendo a problemas de agenda.

Objetivo: matar y aterrorizar a la población local

“Le cortaron la mano, le arrancaron la lengua y luego lo tiraron a las llamas”, aseguraba el activista brasileño Elizeu Alves entrevistado hace unos meses por Greenpeace. Hace un año, cuatro hombres armados se adentraron en la selva por una carretera secundaria del distrito de Taquaruçu do Norte, en el núcleo rural de Colniza, con el objetivo de matar y aterrorizar a la población local. Este grupo, conocido como los “encapuchados”, asesinó a nueve colonos que vivían a lo largo de un camino forestal de 10 kilómetros.

Según el Fiscal del Estado de Mato Grosso, el motivo de la matanza era el interés por la madera tropical y el acaparamiento de tierras. El principal sospechoso de haber ordenado el crimen es Valdelir João de Souza, copropietario de las empresas forestales Madeireira Cedroarana y G.A. Madeiras (responsables del Plan de Manejo Forestal del área próxima al lugar de la masacre), actualmente huído de la justicia. El pasado 5 de abril de 2018, la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Mato Grosso negó la solicitud de revocación de la prisión preventiva decretada contra Valdelir João de Souza. Anteriormente, el tribunal ya había negado el habeas corpus al empresario maderero (3).

La llegada de madera de estos aserraderos al mercado europeo y estadounidense fue denunciada por Greenpeace Brasil en noviembre de 2017, a través del informe “Madera manchada de sangre: violencia y robo de madera amazónica” . El mismo día de la masacre, Madeireira Cedroarana exportó madera con destino a Estados Unidos y Europa. Entre 2016 y 2017, la maderera exportó más de 4.000 metros cúbicos de madera amazónica a países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda y Portugal.


Notas
  1. El Artículo 104.1 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia establece que “La Xunta de Galicia adoptará las medidas oportunas para evitar la comercialización de la madera y productos derivados procedentes de talas ilegales en bosques naturales de terceros países, así como de talas no autorizadas o no respetuosas con los principios de gestión forestal sostenible”.
  2. Reglamento No 995/2010 del Parlamento y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82058
  3. STJ nega habeas corpus a suspeito de ser mandante: http://www.midianews.com.br/judiciario/stj-nega-habeas-corpus-a-suspeito-de-ser-mandante/321804

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