Greenpeace denuncia la nula ambición política del real decreto sobre comunidades energéticas y exige mayor alcance

Greenpeace, tanto en solitario como con otros colectivos de los que forma parte como la Coalición por la Energía Comunitaria o la Alianza por el Autoconsumo, ha presentado las alegaciones* al borrador de real decreto sobre comunidades energéticas por el que se desarrollan las figuras de comunidades de energías renovables (CER) y las comunidades ciudadanas de energía (CEC), muy esperadas por la sociedad civil para poder participar con garantías de igualdad en el sistema energético, tal como dicta Europa. La organización denuncia la falta de participación pública real en el proceso y exige mayor ambición a la norma. 

En un contexto de crisis climática, energética, de biodiversidad y de desigualdad socioeconómica, y en un punto de inflexión para conseguir no sobrepasar los 1,5°C de incremento de la temperatura media global, la apuesta por la democratización de la energía a través de las comunidades energéticas es más urgente que nunca. 

“Ha sido una decepción enorme constatar la  falta de visión y ambición del Gobierno a la hora de regular las comunidades energéticas e impulsar una  verdadera democratización energética tal como reza el espíritu de las directivas europeas y el propio preámbulo del presente real decreto”, ha señalado Maria Prado, portavoz de Greenpeace.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha tardado casi dos años en transponer las directivas europeas al marco normativo estatal y esta propuesta de borrador se queda a mitad de camino a la hora de impulsar las comunidades energéticas. 

La organización denuncia la falta de participación pública real en el proceso, que ha contado con un plazo de consulta inferior a un mes, un obstáculo al que se suman otras limitaciones que también dificultan la participación de la sociedad civil. En su opinión, la consulta vuelve a poner de manifiesto el escaso interés del Gobierno en promover y facilitar la participación de la ciudadanía y garantizar una transición energética participada.

Greenpeace ha presentado alegaciones confirmando y lamentando que sea una transposición parcial y ha denunciado que muchos de los artículos son una transcripción literal de las directivas europeas, lo que dificulta su interpretación debido a su escaso desarrollo normativo. La organización  insiste en que el documento propuesto carece de ambición al no desarrollar el alcance de su articulado y lo considera una pérdida de oportunidad por no resolver las numerosas actuales barreras, conocidas por la sociedad civil, que obstaculizan el correcto despliegue de las comunidades energéticas, entre las que destacan las barreras técnicas, de financiación, legales y sociales. 

Retrasos y barreras constantes

Desde Greenpeace, ante la falta de regulación, proponen cumplir lo dispuesto en el artículo 22 de la directiva, en relación a la posibilidad de que las comunidades energéticas operen redes de distribución y piden que se incluya la figura del gestor de autoconsumo y de los coeficientes dinámicos. Ambas son demandas reiteradas que permitirían a estas comunidades dar un salto de escala en el actual complicado sistema enerǵetico dominado por el tradicional oligopolio energético. 

La organización demanda, además, la ruptura del oligopolio energético a través de la prohibición de que una misma empresa o grupo, a partir de cierto tamaño, pueda estar integrado verticalmente en la cadena de valor al realizar actividades de generación, distribución y comercialización de energía, así como la prohibición de la concentración de un porcentaje de los activos en una única empresa (de generación, distribución y comercialización).

En las alegaciones presentadas, se hace especial hincapié en cómo las comunidades energéticas están sufriendo retrasos injustificados relacionados con la solicitud de los puntos de conexión. La evaluación que debe llevar a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) debería abordar esta situación y proponer soluciones como la ventanilla única dependiente de la administración pública para solicitar los puntos de conexión o establecer plazos concretos y un régimen sancionador por retrasos injustificados.

En el documento presentado por el Gobierno tampoco se plantean objetivos vinculantes de potencia instalada o de las actividades o servicios permitidos a las comunidades, ni ofrece plazos vinculantes para cumplir con su actual articulado. 

La organización también echa de menos una mención expresa a la importancia de estas figuras para combatir la pobreza energética. Entre otras medidas, se deberían añadir y desarrollar criterios que faciliten la integración de personas vulnerables y en situación de pobreza energética en las comunidades energéticas y asignar recursos económicos, formativos y de índole social que lo  posibiliten, desde una perspectiva de derecho a la energía y no asistencialista.

Greenpeace critica, además, que el presupuesto asignado al desarrollo de estas figuras, hasta ahora de unos 100 millones para la puesta en marcha del programa CE-Implementa, es insuficiente para avanzar en una transición energética ecológica y justa que no deje a nadie atrás, tal como presume el Gobierno de estar impulsando.

Ampliar y mejorar la propuesta

Por todo ello, desde Greenpeace instan al Gobierno a mejorar la propuesta, ampliando el articulado, estableciendo una legislación clara y completa, respaldada por un desarrollo normativo adecuado e incluyendo el régimen sancionador que asegure su cumplimiento, antes de la publicación del Real Decreto.

Por último, la organización exige al Gobierno que facilite todos los mecanismos necesarios para promover la participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de consulta pública para que éstos no se conviertan en un mero trámite administrativo por parte de las instituciones públicas. En caso contrario se seguirá perpetuando, denuncian desde Greenpeace, el control efectivo del sistema energético en manos de las grandes corporaciones energéticas que basan sus actividades en negocios fósiles y nucleares, fallando así el espíritu de las directivas europeas que pretende una descarbonización del sistema energético y la democratización del mismo otorgando la soberanía energética a la ciudadanía.