Greenpeace denuncia que el nuevo objetivo climático de la Unión Europea para 2040 se queda corto y hace trampas con los números
Greenpeace advierte que la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes de cara a 2040 no está a la altura de la emergencia climática. Aunque sobre el papel se plantea un recorte del 90% de las emisiones netas de carbono, la organización denuncia que este objetivo no cumple con las recomendaciones científicas y abre la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones menos de lo pactado dentro de la Unión Europea.
La propuesta de Bruselas incluye una cláusula que permite compensar hasta un 3% de las emisiones pagando a países de fuera de la Unión Europea (UE) para que reduzcan su contaminación, en lugar de hacerlo dentro de la propia UE. Para Greenpeace, esto es una trampa peligrosa que retrasa el abandono de los combustibles fósiles y deja en manos de terceros la responsabilidad que debe asumir Europa.“El clima no espera. Europa ya sufre los impactos de la crisis climática: olas de calor extremas como la que ahora vivimos, incendios, tormentas o inundaciones como la reciente DANA en Valencia, entre otros. La ciudadanía está pagando el precio de una reducción de emisiones europeas que va demasiado despacio”, ha afirmado Thomas Gelin, responsable de la campaña climática de Greenpeace para la UE.
El propio Consejo Científico Asesor sobre el Clima de la UE ha recomendado un objetivo de entre el 90% y el 95% de reducción neta de emisiones para 2040, dejando claro que es posible alcanzar esta meta dentro del territorio europeo. De hecho, Greenpeace ha demostrado en un estudio reciente que, para cumplir con los compromisos internacionales y evitar un calentamiento catastrófico, la UE debería llegar a emisiones netas cero como muy tarde en 2040.
Además de quedarse en el 90%, la propuesta de la Comisión ofrece numerosos mecanismos de flexibilidad para que los Estados miembros eludan recortes efectivos: desde el uso de créditos internacionales hasta la priorización de criterios económicos como la competitividad o la inversión, por encima de la urgencia ambiental.
“Pagar a otros países para que reduzcan emisiones en tu nombre no es liderazgo climático, es posponer el problema. Mientras tanto, las familias y empresas europeas se quedan sin los beneficios de abandonar los combustibles fósiles: aire más limpio, energía más barata, menores catástrofes climáticas y transporte público más eficiente”, ha denunciado Pedro Zorrilla Miras, responsable de la Campaña de Cambio climático en Greenpeace.
Pese a las críticas, Greenpeace reconoce que algunas de las 18 medidas propuestas por la Comisión –como incorporar el mejor conocimiento científico, evaluar el coste de no actuar o proteger la biodiversidad– ofrecen una oportunidad para reforzar la ambición climática a través de la futura legislación.
Sin embargo, la organización advierte que estos puntos positivos estarán en el punto de mira de sectores que quieren frenar la acción climática, como la industria del carbón, petróleo y gas.
“Si la Comisión quiere de verdad que Europa esté preparada para un recorte del 90 %, debe asegurarse de que esa cifra sea real y se traduzca en políticas ambiciosas, no en trucos contables. Los mecanismos de flexibilidad son optativos, el Gobierno no debe acudir a ellos. Es más, dadas las múltiples ventajas que la acción climática tiene en España, los compromisos del Ejecutivo deben ser más ambiciosos que los mínimos firmados en Bruselas”, concluye Zorrilla.
