Greenpeace exige a los Gobiernos no debilitar el Tratado Global de los Océanos dando luz verde a la minería submarina
- La reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es un momento clave para pedir una moratoria a este impacto, que aún no existe en los océanos
- La minería en aguas profundas podría representar un «riesgo significativo para los ecosistemas oceánicos» con impactos «duraderos e irreversibles»
- Greenpeace demanda al Ministerio de Transición Ecológica que defienda en esta reunión internacional la pausa precautoria ya aprobada en el Congreso de los Diputados
La 28ª sesión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en sus siglas en inglés) comienza hoy en Kingston, Jamaica, con una reunión de delegados de todo el mundo que durará dos semanas. Esta reunión tiene lugar menos de dos semanas después de que se acordara el Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas. Es un momento crítico para el futuro de los océanos, ya que las empresas de minería marina están acelerando la puesta en marcha de esta peligrosa industria.
«Hemos venido a Kingston para decir alto y claro que la minería de aguas profundas no es compatible con un futuro sostenible y justo. La ciencia, las empresas y activistas de comunidades locales del Pacífico ya han dicho que la minería marina no es sostenible. ¿Qué Gobiernos querrían debilitar el logro de este Tratado dando luz verde a la minería submarina poco tiempo después de este éxito histórico en Nueva York? Los mismos Estados que concluyeron las negociaciones para proteger los océanos en la ONU ahora deben garantizar la protección de los fondos marinos de la minería. No pueden permitir que esta industria tan arriesgada siga adelante», ha declarado Celia Ojeda-Martínez, responsable del área de Biodiversidad.
La misión de la ISA consiste en preservar los fondos marinos internacionales y controlar todas las actividades relacionadas con los minerales1. Sin embargo, la industria minera submarina está forzando a los Gobiernos que forman parte de la ISA a utilizar un oscuro y controvertido vacío legal para establecer definitivamente esta industria en los océanos. En 2021, el presidente de Nauru, junto con The Metals Company, la filial de Nauru Ocean Resources, desencadenó la «regla de los dos años» que presiona a los Gobiernos en la ISA para que permitan el inicio de la minería de aguas profundas antes de julio de 20232.
«El ultimátum de dos años pone los intereses de unos pocos por encima de los de muchos y haría imposible que los Gobiernos cumplieran con su obligación principal de proteger los océanos. Esto hace aún más urgente la adopción de una moratoria sobre la minería submarina. Muchos Gobiernos han expresado su malestar por la presión para acelerar unas negociaciones políticas cruciales sobre la equidad y la salud de los océanos. El futuro de la mitad de la superficie del planeta debe decidirse por el bien de la humanidad, no por un plazo impuesto por una empresa a la que se le acaba el dinero», ha declarado Ojeda-Martínez
Durante esta reunión, el Arctic Sunrise, uno de los barcos de Greenpeace, estará presente en Kingston (Jamaica). En él se encuentran activistas de comunidades locales del Pacífico que ya están sufriendo las consecuencias de la minería marina exploratoria y que hasta ahora no habían tenido una plataforma para expresar sus opiniones dentro de la ISA. Las decisiones que aquí se tomen condicionarán su futuro. Estos activistas participarán como observadores en la reunión de la ISA y se dirigirán directamente a los Gobiernos3.
«Nuestros antepasados nos han enseñado el valor de ser ‘Mana Tiaki’, guardianes que protegemos nuestros recursos naturales para las generaciones futuras. En las Islas Cook trabajamos activamente con las comunidades locales para concienciarlas sobre el impacto medioambiental de la minería submarina, a la vez que trabajamos para conseguir una moratoria. Estar aquí y expresar nuestras preocupaciones como delegación indígena colectiva del Pacífico es una oportunidad que la ISA ha desaprovechado durante sus reuniones», ha declarado Alanna Matamaru Smith, de la población Te Ipukarea, a bordo del Arctic Sunrise.
Los Gobiernos deben rechazar el plazo fijado por este polémico ultimátum en las próximas dos semanas y garantizar que la minería no siga adelante en los próximos meses. La minería de aguas profundas seguirá suponiendo una amenaza incluso después del plazo de dos años, y los países deben trabajar por una moratoria, que podría acordarse en la asamblea de la ISA, formada por 167 Estados más la Unión Europea, que tendrá lugar en julio de 2023 en Kingston (Jamaica).
*Tenemos portavocías disponibles tanto en las negociaciones como aquí en España.
Notas
(1) La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar creó la ISA (Autoridad Internacional de los Fondos Marinos) en 1994 para regular las actividades en los fondos marinos de aguas internacionales, que declaró «patrimonio de la humanidad».
(2) Esta solicitud se hizo en virtud del apartado 15 de la Sección 1 del Anexo al Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que si cualquier país miembro notifica a la ISA que desea iniciar la explotación minera de los fondos marinos, la organización dispondrá de dos años para adoptar una normativa completa, transcurridos los cuales, si la normativa no se ha completado, la ISA tendrá que considerar una solicitud de minería. El plazo de la ISA para adoptar una normativa completa termina este mes de julio, y el proceso legal una vez transcurrido el plazo está sujeto a debate político y jurídico.
(3) Los activistas del Pacífico también intervendrán en un acto organizado por Greenpeace Internacional el 24 de marzo.
