Greenpeace exige dejar de financiar los combustibles fósiles y pide consenso a las fuerzas políticas para acabar con su dependencia

• Lamenta la rebaja del IVA en carburantes y gas al 10%, subsidios injustos y dañinos y pide ampliar las ayudas directas a colectivos y sectores afectados
• Reclama medidas urgentes para acabar con la especulación de los combustibles fósiles, que empobrece a la ciudadanía a golpe de guerras
• Valora positivamente la recuperación del bono social eléctrico, la prohibición de corte de suministros y la aprobación de un decreto específico que congela temporalmente la subida de los alquileres 
• La organización respalda las medidas para reducir la dependencia fósil y acelerar la eficiencia, la electrificación y la penetración de las renovables con salvaguardas ambientales y garantía de beneficios a la gente  

Greenpeace considera que parte de las medidas aprobadas en el Consejo Extraordinario de Ministros celebrado hoy para hacer frente a las consecuencias inflacionarias de la guerra en Oriente Medio, siguen beneficiando a empresas de combustibles fósiles bajo la justificación de ayudar a la gente. Para la organización ecologista, el Gobierno pierde una oportunidad de pasar página de ayudas indiscriminadas e ineficaces, como la rebaja universal del IVA de los carburantes y el gas del 21% al 10%, que profundiza en la dependencia fósil y acaba beneficiando en buena parte a las petroleras, como ya vimos en la crisis del gas que desencadenó la Guerra de Ucrania en 2022. 

La organización ecologista sí valora positivamente el paquete de medidas estructurales que profundizan en las soluciones que protegen los hogares y la economía de la dependencia fósil, como las desgravaciones en el IRPF para instalación de paneles solares, puntos de recarga y bombas de calor, y la rehabilitación de edificios. Entre las medidas aprobadas, hay iniciativas pertinentes como la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables, la ampliación del bono social eléctrico, así como las desgravaciones fiscales para las mejoras de eficiencia en hogares, que recuperan algunas de las propuestas del denominado ‘escudo social’. 

Asimismo, la organización aprecia que el Gobierno haya incluido, en un segundo decreto ley, las medidas para congelar el precio de los alquileres. Greenpeace pide a todas las fuerzas políticas que, ante la tensión inmobiliaria asfixiante que sufre la ciudadanía, apoyen esta iniciativa y sigan trabajando en medidas que den respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad.

“Aunque valoramos positivamente la buena dirección de algunas medidas que se han recuperado del escudo social como el bono eléctrico, la prohibición del corte de suministros, el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas. Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente. El mayor beneficio será para  las petroleras, grandes vencedoras de una guerra en la que no paran de ‘hacer caja’, ha señalado Carlos García Paret, portavoz de Greenpeace. 

“En cuanto a vivienda, establecer un escudo social que contemple la congelación temporal del precio de los alquileres es lo mínimo que se puede pedir en una situación como la actual. Es necesario seguir avanzando con medidas más contundentes para proteger a la ciudadanía del tsunami especulativo y garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha añadido García Paret. 

Análisis en detalle de los elementos de los dos decretos aprobados en base a la comparecencia del presidente del Gobierno 

Medidas de corto plazo: paguitas fósiles indiscriminadas a costa del erario

Greenpeace valora muy negativamente que el Gobierno haya sucumbido a las presiones de las gasolineras y empresas fósiles para rebajar el impuesto a hidrocarburos al mínimo y el IVA al 10% para todos los carburantes y el gas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), este tipo de medidas indiscriminadas no tienen foco en la gente con rentas más bajas y son regresivas al no depender de la renta, sino de la cantidad consumida del producto. Además, cuanto mayor es la renta del hogar, mayor es la probabilidad de tener uno o varios coches u hogares más grandes que calentar. En la anterior crisis derivada del gas fósil ruso, este tipo de ayudas acabaron en gran medida en las cuentas de resultados de las empresas fósiles.

En general, las medidas adoptadas para paliar la crisis del gas fósil al inicio de la guerra de Ucrania dejaron una lección clara: según el Banco de España, el 80 % de las ayudas se destinó a medidas generalistas que no llegaron a quienes más lo necesitaban, sino que premiaron a quienes más contaminan. Si esas medidas se hubieran sustituido por transferencias directas a hogares y empresas en función de su renta y situación, se habrían logrado efectos redistributivos similares, pero con un menor coste presupuestario. 

En relación a las ayudas a sectores concretos, como las ayudas directas de 20 céntimos por litro de carburante y ayudas a la compra de fertilizantes, Greenpeace critica la falta de imaginación del Gobierno, que podría haber aprovechado la ocasión para desplegar instrumentos alternativos de liquidez y apoyo empresarial, orientados además a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. 

Por otro lado, Greenpeace echa en falta medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector del transporte y la movilidad, principal sector dependiente de los combustibles fósiles, como la mejora de la oferta de transporte público a través de la generalización del abono único, el impulso a la movilidad eléctrica y la movilidad compartida y medidas de conciliación como el teletrabajo.

Medidas estructurales para avanzar en la transición ecológica  

La organización valora de manera positiva los esfuerzos de reducir el precio de la electricidad por la vía de los impuestos, las deducciones en el IRPF y las bonificaciones por inversiones en mejoras de eficiencia energética en viviendas y edificios. Son medidas cruciales para reducir las emisiones, reducir el consumo de energía sucia, abaratar la factura energética y disminuir los riesgos de  dependencia energética de poderes fósiles agresivos. No obstante, es fundamental avanzar en una reforma fiscal estructural para dar señales de precio permanentes hacia la transición energética y para dejar atrás los combustibles fósiles y el derroche energético en nuestras viviendas, transporte, industrias y agricultura. También es imprescindible acabar con los subsidios al gas y los carburantes cifrados en unos 10.000 millones de euros al año. 

En relación a las medidas de despliegue de las renovables, y a la espera de conocer los detalles de los textos aprobados, Greenpeace pide un despliegue ágil de las energías renovables que genere beneficios reales en los territorios, cuente con la participación de las comunidades locales y respete la biodiversidad. Para ello, es fundamental crear mecanismos para impulsar proyectos que destaquen por su participación social y su respeto a la biodiversidad. 

También propone garantizar mecanismos de retorno económico al territorio y crear, con financiación pública, una figura de mediadores locales que facilite un diálogo temprano, constructivo y continuo entre los promotores y las comunidades. Y definir criterios ambientales y sociales claros para las Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR), priorizando áreas de baja sensibilidad ambiental y proyectos comunitarios. Asimismo, se advierte del riesgo de acelerar la tramitación a costa de recortar la participación pública o las garantías ambientales, por ejemplo ampliando la posibilidad de rebajar los requisitos de evaluación de impacto ambiental fuera de las ZAR.

“Exigimos un Escudo Social Verde que aplique justicia fiscal a las petroleras y avance en  una transición justa y respetuosa con la biodiversidad. Mientras el petróleo y el gas nos encadenan a polvorines geopolíticos, el sol y el viento garantizan nuestra soberanía energética y bienestar. Cuidar de la gente y del clima es hoy la única política de seguridad real y duradera”, ha señalado García Paret.   

EL BALANCE DE GREENPEACE SOBRE EL DECRETO APROBADO

BIEN 

• Recuperación de las medidas del escudo social para los hogares en situación de vulnerabilidad como prohibición del corte de suministros básicos a hogares en situación de vulnerabilidad y la ampliación del bono social eléctrico.
• Las medidas estructurales que profundizan en las soluciones que protegen los hogares y la economía de la dependencia fósil, como son la rehabilitación en edificios, la electrificación de la movilidad, la instalación de bombas de calor, el autoconsumo, las comunidades energéticas y la generación renovable y almacenamiento (a la espera de los detalles de estos dos últimos). 

INSUFICIENTE

• Las medidas fiscales para rehabilitación, movilidad eléctrica y señales de precio en la electricidad son de corto plazo, cuando deberían ser estructurales, porque la necesidad y urgencia de impulsar la transición no termina con la guerra.
• Es positivo un refuerzo de la CNMC en el control de precios, pero se requieren medidas estructurales por ley para acabar con estas prácticas abusivas.
• Aunque se aprueba un decreto específico de control de alquileres, faltan medidas de control contra la especulación en tiempos de crisis y una fiscalidad robusta para controlar la turistificación y el que grandes tenedores dejen de calentar el mercado de la vivienda. 

MAL

• La rebaja del impuesto a los hidrocarburos y del IVA de los carburantes y del gas al 10%, subsidios injustos y dañinos que favorece principalmente a las empresas fósiles.
• Falta de ayudas directas a colectivos afectados por la inflación fósil en el sector primario y transportistas, que les ayuden a liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles.
• Falta de exigencias a las electrointensivas para avanzar en la transición energética.
• Faltan medidas de impulso al transporte público para hacerlo más accesible y asequible para la ciudadanía, desaprovechando una herramienta clave que favorece el ahorro energético.