Greenpeace exige más contundencia contra el oligopolio energético y pide al Gobierno que publique los nombres de las centrales que no respondieron ante el apagón

Greenpeace valora positivamente que el nuevo decreto antiapagones rescate medidas importantes del Real Decreto Ley tumbado en el Congreso el pasado julio, como las que limitan el poder del oligopolio eléctrico, pero  lamenta que la nueva propuesta olvide aspectos claves como el  impulso del autoconsumo. También exige al Gobierno que publique los nombres de las centrales nucleares y de gas que no respondieron ante el apagón al tiempo que pide que no se elimine la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las baterías hibridadas en plantas renovables por ser una medida innecesaria y peligrosa. Así lo ha señalado hoy la organización ecologista en sus alegaciones al decreto presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“Este decreto es un paso necesario, pero hace falta más contundencia para que el sistema eléctrico no siga controlado por un oligopolio, puesto que  la investigación sobre las causas del apagón dejó claro que el debate nuclear y el ataque a las renovables tras el 28 de abril eran una cortina de humo para esconder los fallos de las centrales de gas, y del oligopolio que las controla, que no estuvieron disponibles cuando tendrían que haberlo estado”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace. “El Gobierno tiene que proteger a la ciudadanía, no al oligopolio, y por eso exigimos que publique los nombres de las centrales que no estuvieron disponibles el día del apagón, por transparencia y para acabar con la protección de los responsables del apagón”, ha añadido.

Greenpeace celebra las medidas del nuevo decreto que ayudan a acelerar la transición limitando el poder del oligopolio eléctrico y el rol de las centrales de gas. Así, valora positivamente que la norma proponga limitar el poder de los agentes del sistema eléctrico con mayores controles por parte de la CNMC e imponiendo a las distribuidoras tiempos máximos de tramitación para los refuerzos de las líneas e infraestructuras necesarios para cargadores de vehículos eléctricos o electrificación de la demanda. Sin embargo, recuerda que no basta con limitar el poder del oligopolio, sino de acabar con ese poder como única vía para, entre otras barreras, evitar su boicot actual al consumo colectivo o las comunidades energéticas. Por ello, Greenpeace demanda medidas adicionales para separar de manera efectiva y no solo contable a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas. Además, reclama regular el abuso del uso especulativo de las hidroeléctricas por parte de las compañías concesionarias.

Greenpeace también valora positivamente que uno de los ejes prioritarios del Gobierno sea activar las inversiones en almacenamiento, y en especial en hibridación con las plantas renovables ya existentes. Considera positiva la agilización de sus trámites recortando a la mitad los plazos para los hitos administrativos de las baterías hibridadas con plantas renovables pre-existentes. Sin embargo, considera peligrosa y totalmente innecesaria la eliminación de EIA para estas instalaciones que ya disfrutan de EIA simplificada con plazos máximos de resolución de tres meses. Además, al eliminarla se cierra la única puerta de participación pública durante toda la tramitación. 

La experiencia de la Tramitación Ambiental Exprés (Determinación de Afección Ambiental) ya ha demostrado que eliminar los trámites ambientales y la participación pública no es una herramienta efectiva para agilizar la tramitación y, además, genera muchos temores en las comunidades locales que potencialmente retroalimentan discursos contrarios a la transición. Por ello, Greenpeace pide que se elimine la exención de la EIA para las baterías en hibridación con plantas renovables y se siga con la EIA simplificada como hasta ahora.

“Estamos de acuerdo en la necesidad de agilizar trámites para avanzar la transición, pero es un error hacerlo a costa de garantías ambientales o de participación pública. La transición será participada o no será”, ha declarado Sara Pizzinato, coordinadora de la Campaña de Energías Renovables de Greenpeace.

Greenpeace también lamenta que el Real Decreto propuesto deje fuera medidas largamente esperadas de aceleración de la transición energética y de impulso del autoconsumo y pide que se presenten urgentemente normas que regulen cuestiones como:

• La tan demandada ampliación del radio para el autoconsumo de proximidad a 5 km que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea publicar en septiembre con otras medidas para facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas. 
• La creación de la figura del gestor del autoconsumo, que no ha podido incluirse en el presente decreto ya que es una medida de rango superior que implica reformar la Ley 24/2013. 
• Medidas encaminadas a liberar a los hogares de la dependencia del gas como son las desgravaciones fiscales por instalar bombas de calor. 
• La puesta en marcha rápida de la Comisión Nacional de Energía con el mandato de ordenar y regular el sistema energético con el horizonte de alcanzar un suministro energético 100% renovable para 2040 así como una reducción de la demanda de energía a la mitad para el mismo año.
• Estandarizar la carga bidireccional para vehículos eléctricos que minimice la necesidad de baterías fijas y normalizar la tecnología del “grid forming” para que las renovables aporten inercia sintética al sistema.
• La limitación de uso especulativo para los operadores de las plantas hidroeléctricas, que se han demostrado tan útiles en la recuperación del apagón. Estas centrales han de ser operadas para dar inercia, flexibilidad y estabilidad al sistema, no estar condicionadas por los intereses económicos de las empresas concesionarias.
• Regular los pagos por capacidad según las alegaciones de Greenpeace, remunerando solo el servicio realmente prestado, y evitando que ni esas ayudas ni ninguna otra se destinen a alargar la vida de las contaminantes centrales de gas o las peligrosas nucleares. 
• Fin del oligopolio: iniciar los trámites para legislar el fin del oligopolio, separando completamente a las empresas y grupos que realicen actividades energéticas reguladas y liberalizadas, de manera que ninguna empresa que posea más de un 15 % del mercado de generación, distribución o comercialización pueda estar verticalmente integrada.

Greenpeace también pide que el Gobierno se mantenga firme en el calendario acordado de cierre de las centrales nucleares, ya que son incompatibles con un sistema eléctrico basado en renovables flexibles y que las trabajadoras afectadas merecen claridad a la hora de abordar una transición justa.