Greenpeace Internacional emprende un caso legal pionero mientras organizaciones de toda Europa participan en acciones contra las SLAPP 

En el primer caso que pone a prueba la nueva legislación de la Unión Europea para proteger la libertad de expresión y detener las demandas abusivas, Greenpeace Internacional ha demandado hoy a la empresa estadounidense de oleoductos, Energy Transfer, ante los tribunales de los Países Bajos [1]. Al mismo tiempo, 40 organizaciones de quince países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea “anti-SLAPP” al derecho nacional.

Esta empresa multimillonaria interpuso dos demandas SLAPP consecutivas contra Greenpeace Internacional y Greenpeace en Estados Unidos, tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto Dakota Access. La primera demanda fue desestimada, pero las organizaciones de Greenpeace siguen defendiéndose contra la segunda, que está en curso, después de que un jurado de Dakota del Norte concediera recientemente más de 660 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios al gigante de los oleoductos.

Activistas de Greenpeace International y sus aliados se han manifestado frente al juzgado de Ámsterdam durante la primera vista procesal del caso, con una gran pancarta en la que se leía en inglés: «ENERGY TRANSFER, BIENVENIDOS A LA UE, DONDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIGUE EXISTIENDO».

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Mads Flarup Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, declara: “El ataque de Energy Transfer a nuestro derecho a protestar es un ataque a la libertad de expresión de todos. Greenpeace ha sido objeto de amenazas, detenciones e incluso atentados con bombas durante los últimos 50 años y ha perseverado. Seguiremos resistiendo todas las formas de intimidación y explorando todas las opciones para que Energy Transfer rinda cuentas por este intento de abusar del sistema judicial. Este innovador caso anti-SLAPP contra Energy Transfer en los Países Bajos es solo el comienzo para derrotar esta táctica de intimidación que están utilizando los multimillonarios y los gigantes de los combustibles fósiles para silenciar a los críticos en todo el mundo. Aquí está en juego algo absolutamente vital: la capacidad de las personas para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes por la devastación que están causando”.

La demanda es una prueba importante de la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea, adoptada en abril de 2024 [2]. La Directiva está diseñada para proteger a periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra persona que se pronuncie sobre asuntos de interés público, de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), es decir, demandas intimidatorias infundadas presentadas por poderosas empresas o personas adineradas que buscan suprimir el debate público [3]. Dado que Greenpeace International es una organización con sede en los Países Bajos y que los daños causados por la demanda SLAPP de Energy Transfer en Estados Unidos se están produciendo en los Países Bajos, se aplican tanto la legislación neerlandesa como la de la UE.Cada vez más organizaciones, periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y miembros de comunidades de toda Europa reconocen que las SLAPP constituyen una amenaza tanto para la libertad de expresión como para el derecho del público a estar informado. CASE (Coalición contra las SLAPP en Europa) ha identificado un total de 1.049 casos SLAPP interpuestos entre 2010 y 2023. Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporar la directiva a su legislación nacional, pero hasta ahora se ha avanzado muy poco. Por eso, más de 30 organizaciones en más de once países se han reunido hoy para exigir a sus gobiernos que cumplan con esta directiva.

Valentina Carvajal, responsable de campañas de paz y democracia de Greenpeace España ha expresado: “Hoy nos sumamos a esta acción europea contra las SLAPP para denunciar los intentos de silenciar a quienes defendemos la libertad de expresión. Con nuestros mensajes —Nuestras voces protegen el planeta y No seremos silenciadas— exigimos que España transponga la Directiva Anti-SLAPP. Nadie debería enfrentarse a este tipo de demandas abusivas por señalar a quienes se lucran contaminando el planeta”.

Charlie Holt, responsable europeo de Global Climate Legal Defense (CliDef) y miembro de CASE, afirma: “Ha pasado más de un año desde la aprobación de la histórica Directiva Anti-SLAPP, y sorprendentemente se ha avanzado muy poco en hacer realidad sus medidas de protección. La demanda de Greenpeace Internacional en los Países Bajos supone ahora la primera gran prueba de la directiva ante los tribunales neerlandeses. En su preámbulo, la directiva subrayaba que la protección frente a las SLAPP presentadas fuera de la UE era necesaria para salvaguardar la democracia europea y proteger los derechos humanos en la Unión. Si estas protecciones no pueden invocarse en un caso tan agresivo y evidentemente abusivo como el de Energy Transfer, resulta difícil imaginar una situación en la que se puedan aplicar. Hasta que no tengamos claridad por parte de los tribunales, la democracia europea seguirá expuesta a los ataques de poderosos intereses privados”.

Maja Sever, presidenta de la Federación Europea de Periodistas (EFJ), señala: “Después de años de negociaciones legislativas, ha llegado el momento de ver cómo se aplica en la práctica la directiva europea anti-SLAPP y comprobar su eficacia para proteger la participación pública. Hoy, los periodistas europeos nos solidarizamos con Greenpeace: contra el abuso de poder, por la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Este caso nos concierne a todas y todos”.

Organizaciones participantes

En el momento del comunicado de prensa aún no se sabía con certeza si Energy Transfer comparecería en la audiencia. Los siguientes pasos consisten en que el juez acuerde un calendario para el caso.