Greenpeace lamenta el anuncio de la presidenta Von der Leyen de relajar las restricciones al uso de plaguicidas

“Inadmisible y claramente perjudicial”, así califica Greenpeace el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de retirar parte de la legislación europea que pretendía reducir el uso de plaguicidas en la agricultura, para acallar así una de las demandas de las protestas agrarias.

Para Greenpeace, es inconcebible que la primera medida de supuesto “apoyo” al sector agrario tras sus protestas consista paradójicamente en envenenar el campo. “Este tipo de anuncios contribuyen al descrédito de nuestra agricultura en lugar de protegerla”, señala Helena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace. “Entendemos y apoyamos numerosas reivindicaciones del sector agrario; por eso no comprendemos que se les quiera hacer este regalo envenenado”, ha añadido. “Este anuncio no es un apoyo a los agricultores y agricultoras, asfixiados por la diferencia de precios entre la producción y la venta o por la competencia desleal, sino un regalo para el lobby agroindustrial”, concluye.

Según la organización ecologista, los plaguicidas son un grave problema ambiental, tanto para la biodiversidad como para la contaminación de suelos y aguas. Pero además son un problema para la salud de los agricultores y agricultoras y una amenaza para el modelo de negocio de los productores, por el fuerte rechazo que generan entre los consumidores.

Greenpeace recuerda que algunos estudios señalan el enorme coste, no solo social y humano, sino económico de estas sustancias en la agricultura europea. Estas fuentes apuntan a un coste anual de unos 2.300 millones de euros -tratamiento de enfermedades, descontaminación de aguas, subvenciones que reciben los fabricantes de plaguicidas, exenciones fiscales, etc-. Este coste es más del doble de los beneficios empresariales de este sector, de unos 900 millones netos en la UE. En concreto, en España, el sistema alimentario actual, tan dependiente de plaguicidas, tiene unos costes ocultos a nivel de salud, medioambiental y social que fueron calculados en torno a 150.000 millones de dólares en 2020 (según el último estudio de la FAO de 2023), y que es aproximadamente equivalente al gasto total público en Salud y Educación en un año. Siendo el mayor coste oculto, el sanitario, de 115.000 millones (más que el gasto en salud de 95.000 millones).

Además, el lobby agroquímico gasta unos 10 millones de euros anuales en influir en la agenda política de las instituciones europeas, y concretamente, España, fue el país de la UE que más plaguicidas utilizó en 2020, con 75.774 toneladas, según un reciente estudio de Amigos de la Tierra. Según datos de la ONU, en todo el mundo, el uso de plaguicidas provoca unos 385 millones de casos de intoxicación no intencional cada año y los agricultores son las principales víctimas, con unas 11.000 muertes anuales.

“Los plaguicidas son un gravísimo problema para la biodiversidad, sus efectos persisten en el medio ambiente y reducen las oportunidades de una agricultura más sostenible, como la aplicación del control biológico de plagas”, ha declarado Helena Moreno responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace. “Esta crisis del campo no se solucionará eliminando las mínimas normas ambientales actuales. No hay agricultura sin biodiversidad. Y sin un medio ambiente sano, no habrá una agricultura a corto, medio y largo plazo.”

Greenpeace demanda que Europa invierta, política y económicamente, en impulsar una transición hacia un sistema alimentario y agrícola que trabaje con la naturaleza y no contra ella, en el que todos los agricultores y agricultoras obtengan unos ingresos justos por su trabajo y que se facilite y apoye esa transición hacia la agroecología.