Greenpeace muestra su preocupación por la presión que las administraciones guipuzcoanas están haciendo contra el colectivo Gurasos
- Se trata de una organización que se ha mostrado contraria al proyecto de la incineradora de Zubieta y que a raíz de sus denuncias públicas está sufriendo diferentes presiones
- Greenpeace ha advertido que la actuación de las autoridades puede estar coartando el derecho a la protesta y denuncia social parte de colectivos sociales de Guipúzcoa
- Las irregularidades e incidentes ocurridos desde la puesta en marcha de la incineradora evidencian que es un modelo obsoleto que pone en peligro a la ciudadanía y al medioambiente
9 de marzo de 2021.- Greenpeace ha mostrado su preocupación frente a los hechos acontecidos los últimos meses en torno al proyecto de la incineradora de Zubieta y al papel que están jugando desde las autoridades hacia los colectivos sociales. El proyecto, oficialmente denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, ha estado rodeado desde su puesta en marcha de graves irregularidades y las autoridades competentes (Diputación foral de Guipúzcoa y el GHK, Consorcio de Residuos de Guipúzcoa) han incumplido reiteradamente los deberes de información, participación y acceso a la Justicia. Desde las autoridades competentes, en lugar de iniciar las correspondientes investigaciones internas y la depuración de responsabilidades, han amenazado públicamente con iniciar acciones legales por difamación contra el colectivo Gurasos, que está denunciando la situación de Zubieta. Además han solicitado acciones disciplinarias contra el Interventor de una Mancomunidad de Residuos que solicitó información para estudiar las denuncias de quebranto económico. Este tipo de actuaciones, conocidas como SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública, por sus siglas en inglés), supone una merma en la gobernanza democrática, puesto que debilita la capacidad de las organizaciones sociales para cumplir su función de control de la ciudadanía sobre las actuaciones de empresas o gobiernos.
“Tenemos claro que la incineradora no es más que un parche para la mala gestión de los residuos. Lejos de suponer una solución, no está más que agravando la situación. Es especialmente preocupante la posición que está tomando la administración, limitando el derecho a la información, y poniendo a la población y al medio ambiente en peligro por no querer asumir el reto de hacer las cosas bien. Además es alarmante, que en vez de hacer un trabajo interno y esclarecer responsabilidades, desde GHK, con el apoyo de las instituciones, se pretenda criminalizar a Gurasos, un colectivo social que está ejerciendo su derecho a denunciar estas irregularidades”, ha afirmado Lorea Flores, coordinadora de Greenpeace en el País Vasco.
Ante esta situación el colectivo Gurasos, formado por padres y madres preocupados por las afecciones que pueda tener la incineradora en la salud de sus hijo e hijas, ha interpuesto diversas denuncias en instancias judiciales y ante el Ministerio Fiscal y ante la Comisión y el Parlamento Europeo. Las denuncias abarcan, además del incumplimiento de la directiva de residuos y la ausencia de participación, entre otras, la de fraude en la contratación y a las normas de estabilidad presupuestaria; quebranto económico en la forma de contratación; caducidad de la autorización ambiental; falsedades documentales; prevaricación administrativa; condonación de penalidades al contratista y pagos indebidos; y la puesta en marcha sin contar a fecha de hoy con la pertinente homologación y legalización de los hornos.
Cabe señalar que la Consejería de Medio Ambiente ya ha sido amonestada por la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública por la falta de transparencia, lo que agrava la preocupación por los efectos negativos que sobre la salud y el medio ambiente puede estar provocando la instalación. Más aún teniendo en cuenta que desde el inicio de las obras se han conocido ocho episodios de vertidos, incendios, accidentes industriales y un grave accidente químico que se investiga por delito ecológico. En una ocasión, la concesionaria de la incineradora ha sido sancionada en firme por el Departamento de Industria, a raíz de uno de los accidentes industriales, con el agravante de ocultación de accidente. Y es que las autoridades han ocultado todos ellos, salvo el último incendio del 12 de enero de 2021.
