Greenpeace no parará hasta detener el vertido de Aznalcóllar que pondrá en riesgo de muerte el estuario del Guadalquivir

Greenpeace rechaza tajantemente la resolución firmada ayer por el director general de Minas, Jesús Portillo, y entregada por el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, por la cual se autoriza a Mina Los Frailes a iniciar las labores de reapertura. La reapertura de esta mina supondrá un vertido total de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año. Este vertido sobre el estuario del Guadalquivir afectaría a varios Hábitats de Importancia Comunitaria (HICs) de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Bajo Guadalquivir que están en Red Natura 2000, al Parque Nacional de Doñana -que sumará una amenaza más al listado que desgraciadamente ya tiene. y supondría además una amenaza para la supervivencia de agricultores de la marisma y  las cofradías de pescadores de la desembocadura del Guadalquivir.

Greenpeace advierte, por otra parte, que en la autorización que se ha otorgado se está incumpliendo uno de los requisitos que exigían las bases para optar a este proyecto: garantizar que no se producirían daños al corredor ecológico del Guadiamar. Sin embargo, en el proyecto presentado se prevé que la antigua balsa de Aznalcóllar funcione como balsa de lodos tóxicos mineros durante 17 años. Si bien es cierto que tanto la empresa como el consejero han calificado estos lodos como un “relleno a efectos de restauración”, lo cierto es que esta balsa almacenará concretamente el 50 % de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998. Greenpeace no considera que el proceso de restauración asegure que la balsa vaya a eliminar la presencia de metales pesados, y recuerda además que el material de rellenado también tendrá presencia de elementos contaminantes que dañarán tanto al acuífero como al citado corredor ecológico del Guadiamar.

Por otro lado, la autorización de un vertido de estas características le pondrá la puntilla a un ecosistema que ya está en serio peligro. El estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Castillo. El nuevo vertido proyectado para la reapertura de la mina de Aznalcóllar podría conducir a repetir el desastre sufrido hace 27 años tras la ruptura de la presa de Boliden. Fruto de aquel desastre, aún hoy quedan restos en los  ecosistemas marinos del Golfo de Cádiz, e incluso en el Mar de Alborán. La propia dinámica interna del estuario del Guadalquivir dificulta la eliminación de estos metales. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río aguas arriba se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro. porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia la desembocadura. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros o agrícolas y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada.

En un contexto así, y cuando las administraciones públicas deberían estar invirtiendo en la recuperación ecológica del estuario del Guadalquivir, lamentablemente se está firmando un nuevo vertido que podría suponer la sentencia de muerte de un ecosistema ya dañado.