Greenpeace pedirá explicaciones al Gobierno por la gravedad del descontrol en las exportaciones de armas

Greenpeace considera sumamente grave que el Gobierno no informase, como publica hoy Eldiario.es, correctamente ni al Parlamento ni a Naciones Unidas sobre las exportaciones de armas que la industria española realizó en 2018 y que, supuestamente, el Gobierno debió autorizar. La investigación publicada hoy vuelve a poner de manifiesto cómo el deficiente sistema de control de comercio de armas español y la falta de transparencia, amparada en la Ley de Secretos Oficiales, impiden comprobar el cumplimiento por parte del Gobierno de la legislación vigente.

Gracias a la información aparecida hoy, que recoge documentación de exportaciones de armamento contrastada con los datos oficiales de aduanas, se ha conocido que en 2018, solo el grupo Everis logró exportar al menos 100 sistemas de portamorteros Alakran y 151 morteros de diversos calibres (120 mm, 81 mm y 60 mm) a Arabia Saudí. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Comercio, como es su obligación, no menciona la exportación de estos morteros en sus estadísticas anuales, Por otro lado, en la información que envió a la ONU (tanto al Registro de Armas Convencionales, como al Tratado de Comercio de Armas) solo incluyó 21 sistemas de artillería de gran calibre, concretamente 21 morteros de 81 mm, y un mortero de calibre menor a 75 mm. 

Ni las estadísticas anuales de información al Parlamento ni los informes enviados a Naciones Unidas reflejan la realidad de las exportaciones realizadas por la “consultora” Everis y su filial NTGS a Arabia Saudí en 2018. Las estadísticas oficiales así como los reportes a Naciones Unidas de 2019 tampoco mencionan estas exportaciones.

Ante esta situación, la organización ecologista y pacifista enviará una carta al Gobierno pidiendo aclaraciones por estas contradicciones que indican un grave descontrol en el comercio de armas españolas, al amparo de una injustificable falta de transparencia que se ha vuelto a poner de manifiesto gracias a esta investigación.

“La falta de transparencia del comercio de armas en España es aún peor de lo que creíamos dado que la información que comparte el Gobierno en sus informes oficiales no es correcta como se ha podido demostrar. El uso de la ley de Secretos Oficiales para facilitar los negocios de la industria armamentística al margen del cumplimiento de la ley es profundamente antidemocrático e inmoral”, ha declarado Mario Rodriguez, director de Greenpeace. “Un Gobierno que se precie de ser mínimamente de democrático tiene que desbloquear esta información clasificada injustificadamente y dar explicaciones al Parlamento y a la ciudadanía”, ha añadido Rodríguez.

Litigio contra el Gobierno

Precisamente, Greenpeace tiene abierto un procedimiento judicial contra el Gobierno tras haberle denegado el acceso a la información sobre el caso de exportación de los sistemas de portamortero Alakran en 2018, que está aún pendiente de resolución. 

“En los próximos días aportaremos esta nueva información a la causa que tenemos abierta contra el Gobierno. Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva a nuestro favor, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva años diciendo que las ONG tenemos un papel de ‘guardianes de la sociedad’ y que los gobiernos deben darnos acceso a la información pública más sensible, porque con ello se contribuye al control de la actuación del gobierno, y a fomentar un debate público que fortalece la democracia”, ha declarado la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta.