Con motivo del nombramiento de la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico
Greenpeace pide a Sara Aagesen que dé prioridad a una transición ecológica ambiciosa y justa frente a las presiones de las corporaciones
- La organización ecologista reclama más ambición en las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad
- Greenpeace celebra que se mantenga la Vicepresidencia tercera del Gobierno, imprescindible para abordar la crisis ecológica y social en sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte, la alimentación y el comercio
- La ministra debe dar prioridad a las ayudas a las personas en situación de vulnerabilidad en los impactos de la crisis ecológica y asegurar que nadie se queda atrás en la transición
- La organización espera que uno de los primeros hitos como ministra sea la Aprobación definitiva del Tratado de los océanos
Greenpeace felicita a Sara Aagesen por su nombramiento como vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y le recuerda la enorme responsabilidad que supone estar al frente de las políticas más decisivas para la sostenibilidad de la vida en el planeta.
«Es una buena noticia que se mantenga la Vicepresidencia tercera del Gobierno, imprescindible para poder coordinar las políticas gubernamentales, incluidas las económicas, y liderar y garantizar la coherencia entre ministerios, de tal forma que se pueda abordar la crisis ecológica y social en sectores clave como energía, vivienda, transporte, alimentación y comercio, entre otros. Esperamos ambición en una agenda de transición ecológica para la ciudadanía y las futuras generaciones y que no sea prisionera de los intereses cortoplacistas del oligopolio”, ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
Greenpeace pide políticas medioambientales y energéticas más ambiciosas, más justas y accesibles a la ciudadanía, frente a las presiones de las corporaciones y ante la dolorosa evidencia de los impactos y las consecuencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en España.
La organización señala que los siguientes asuntos deberían ser prioritarios para la nueva vicepresidenta:
Adaptación al cambio climático. Ante los terribles impactos causados por la DANA en el este y el sur de España es necesario impulsar la adaptación de forma urgente siguiendo los objetivos marcados en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y asegurando que se doten de las distintas herramientas necesarias.
Ambición contra el cambio climático. Ante el decepcionante resultado de la COP29 del CMNUCC es necesario impulsar una reducción de emisiones de acuerdo con la ciencia, para que España haga la parte que le corresponde en el cumplimiento del Acuerdo de París, acelerando la transición energética para el abandono de los combustibles fósiles, en especial el gas. Es necesario impulsar el almacenamiento energético y las energías renovables gestionables. También desarrollar la transposición de la directiva europea de eficiencia energética en edificios.
Dinero público para políticas verdes y más ayudas a las personas vulnerabilizadas. Hay que avanzar sustantivamente en los compromisos de eliminación justa de subvenciones fósiles, incrementar la fiscalidad verde, aumentar las ayudas para los más vulnerables y garantizar un alineamiento verde de los Presupuestos Generales del Estado. También hay que abordar el desarrollo del Plan Social para el Clima en este ciclo de manera transparente, participativa y ambiciosa.
Protección y restauración de la biodiversidad. Ante el fracaso de la COP16 de la CBD es necesario proteger, conservar y gestionar el 30% del territorio para el 2030. En este sentido hay que garantizar que haya una estrecha coordinación con las comunidades autónomas para su gestión y asegurar la implementación de los planes de gestión, incrementando la financiación comprometida en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en favor de las próximas generaciones.
Protección del mar. Ratificar de forma definitiva el Tratado de los Océanos. Hasta la fecha se ha logrado un 20,9% de superficie marina protegida a nivel estatal, aunque debemos no sólo proteger, sino gestionar de manera eficiente, y lograr un 30% en 2030, y además contar con un 10% de superficie altamente protegida. Asimismo, es imprescindible elaborar un Plan de Protección ambiental de la Costa, armonizado con el de adaptación al cambio climático, que asegure la protección del 100% de los hábitats costeros en buen estado de conservación y recupere el resto frente a las amenazas de la masificación turística y el urbanismo para abordar los impactos del calentamiento global.
Gestión forestal y prevención de grandes incendios forestales. Mayor coordinación entre el Gobierno central y las CC.AA para asegurar el cumplimiento de la planificación preventiva y de emergencias, un refuerzo de competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF), y priorizar un fondo presupuestario de 1.000 millones de euros de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal.
Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Desarrollo del futuro Plan Nacional de Restauración así como estrategias regionales con la máxima participación pública, incluyendo a todos los sectores, para evitar la desinformación y priorizando su importancia, defendiendo su implementación y haciendo un esfuerzo en comunicarlo a la sociedad y agentes implicados.
Ahorro y democratización de la energía. Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas con medidas efectivas que permitan a la ciudadanía tomar un papel proactivo, desarrollando la normativa de autoconsumo compartido y comunidades energéticas tal como dictan las directivas europeas, así como frenar las prácticas del oligopolio eléctrico -que con su posición de dominio sobre la generación y la comercialización de la electricidad, controlan el mercado- para fomentar un precio justo de la energía y la entrada de nuevos actores y modelos innovadores más democráticos.
Renovables, justas y sostenibles para el territorio y la naturaleza. Buscar el consenso social en el despliegue de energías renovables a través de una planificación territorial con la participación informada, equilibrada y activa de las comunidades locales y la prohibición de las actuales malas prácticas. Ofrecer reglas claras que garanticen la minimización del impacto ambiental y la maximización de los beneficios sociales. En este sentido, la ministra debería priorizar la ordenación del despliegue de las renovables realizando el mapeo al que le obliga la Directiva de Renovables, coordinandose con las CC.AA y priorizar la participación ciudadana y las garantías ambientales, eliminando la tramitación ambiental exprés
Transición ecológica en el medio rural y litoral. Cambiar el modelo de producción transformándolo en un modelo con menores emisiones y mayor capacidad de absorción de gases de efecto invernadero y que proteja la naturaleza y a quienes viven de ella. Además, en un país con riesgo de desertificación, es necesario proteger el agua gestionando este recurso de manera eficiente y con carácter social. Reducir la contaminación por nitratos poniendo freno a la ganadería intensiva y al uso de fertilizantes sintéticos
Cierre nuclear. De acuerdo con el calendario de cierre nuclear acordado, el Ministerio debe ir aprobando dichas licencias de cierre cuando le sean solicitadas comenzando por los reactores nucleares de Almaraz.