Greenpeace pide al próximo Gobierno que eleve un 200% la tasa nuclear para que el desmantelamiento nuclear lo paguen las eléctricas

A pocos días de las nuevas elecciones generales, Greenpeace pide al Parlamento que resulte elegido, así como al Gobierno que emane de ellas, que se tome como una prioridad la financiación del desmantelamiento del parque nuclear y la gestión de sus residuos para que las empresas del oligopolio eléctrico asuman la mayor parte posible de los elevados costes del desmantelamiento de centrales y la gestión de residuos nucleares.

La organización ecologista recuerda que el cierre nuclear proporcionaría una oportunidad para el empleo para más de 300.000 personas y el desarrollo económico del país (1), además de evitar los riesgos latentes intrínsecos a la energía nuclear.

La propia Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha reconocido que carece de la financiación adecuada, lo que refuerza la tesis de la necesidad de actualizar al alza los fondos del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en cuanto haya un Gobierno, ya que la propuesta anterior ha quedado totalmente obsoleta. Actualmente el fondo cuenta con 5.674 millones de euros, cuando finalice la actual vida de las centrales a los 40 años, aunque Enresa calcula que se necesitarán al menos 10.697, una cantidad que Greenpeace eleva a 15.400 millones (2).

“La energía nuclear es el elefante blanco que sigue pidiendo dinero público tanto para continuar como para cerrar, ambas cosas, y no aporta lo que la sociedad necesita para el año 2020 en términos ambientales, económicos y energéticos”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

La organización ecologista pide al Gobierno además que vigile para que las empresas del oligopolio eléctrico no repercutan, en caso de lograrse un aumento de la tasa nuclear, en la ciudadanía el aumento de los costes del desmantelamiento nuclear de unas centrales que tantos réditos han proporcionado a sus accionistas. Cada vez son más las iniciativas que surgen en esta línea, lo que muestra la necesidad de que este tema sea abordado con urgencia.

“Los problemas económicos derivados tanto de la continuidad como del desmantelamiento del parque nuclear nos van a salir caros si no se exige a las empresas propietarias la totalidad de los gastos de su negocio calculados con rigor”, ha añadido Montón. “Los errores nucleares se pagan caros, sirva como ejemplo el caso del accidente de de Vandellós I (Tarragona) y su actual desmantelamiento, tres décadas después del accidente, sigue necesitando tres cosas financiación, gestión y seguridad, y por ello ello la compañías operadoras deben respetar tres principios el del que contamina paga, el de justicia intergeneracional y el de responsabilidad del riesgo real que su negocio produce”.

Asimismo la organización ecologista pide la aceleración del cierre nuclear previsto en el actual Plan Integral de Clima y Energía, porque es viable técnicamente sustituir la potencia nuclear en 2025, (junto con la de carbón que ya se está produciendo), tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como del de la estabilidad de frecuencia del sistema eléctrico, ya que las diferencias en términos económicos y de emisiones son perfectamente abordables cuando se priorizan las políticas públicas encaminadas a la transición ecológica (3).

Greenpeace recuerda que todo lo que la sociedad se ahorre en costes nucleares podrá ser destinado a propiciar una transición ecológica justa en otros sectores que lo necesitan mucho más, así como a reducir las emisiones de CO2.

La organización ecologista hace especial hincapié en Cataluña, ya que tres de los siete reactores operativos en la actualidad, por lo que es aquí donde urge más asegurar que las empresas propietarias, principalmente la italiana Enel-Endesa, paguen la totalidad de los gastos (4).

La organización ecologista recuerda en víspera de las elecciones que la política energética, la económica y la ambiental, son inevitablemente dependientes entre sí, y que por tanto la emergencia climática y la crisis de biodiversidad implican emergencia y crisis económica y energética. La energía nuclear aporta muchos más problemas que soluciones en los tres ámbitos, el energético, el económico y el ambiental, y además y tiene un coste social muy elevado.