Greenpeace pide a todos los partidos de Castilla y León que se comprometan con el transporte público y se adhieran al abono único

• La organización demanda que la movilidad sea un tema prioritario en el próximo ciclo político de la comunidad autónoma
• Propone que Castilla y León se consolide como una región líder al  sumarse al nuevo abono único en beneficio de la calidad de vida y el bolsillo de su ciudadanía
• Al dar ese paso, la comunidad castellanoleonesa reforzaría el transporte público y facilitaría la movilidad en el medio rural y la conectividad con otras comunidades 

Ante las próximas elecciones en Castilla y León el 15 de marzo, Greenpeace hace un llamamiento a todas las candidaturas para que, gane quien gane, la movilidad sostenible sea un tema prioritario en el próximo ciclo político en una comunidad autónoma con un alto índice de dispersión territorial y dependencia del vehículo privado. El transporte público es fundamental para reducir el impacto del cambio climático, garantizar los servicios de proximidad y facilitar la movilidad cotidiana y, con ello, el bienestar de la ciudadanía. Para ello, resulta clave reforzar las conexiones de tren y autobús entre pueblos y cabeceras de comarca, con horarios útiles para la vida que contribuyan a frenar el aislamiento del territorio castellanoleonés.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas con mayor grado de dispersión territorial, donde miles de personas dependen del vehículo privado para acceder al trabajo, la educación, los cuidados o el ocio. En muchos municipios, la falta de alternativas, junto a factores como la ausencia de estaciones cercanas, la excesiva duración del trayecto o la inexistencia de horarios adecuados a la vida cotidiana, condena a miles de personas a una dependencia forzosa del coche, lo que genera desigualdad y pobreza en el transporte.

En este sentido, Greenpeace pide que la movilidad se trate como un derecho y reclama mejorar las conexiones entre los municipios y sus cabezas de comarca y entre las capitales, reforzando el transporte a la demanda, coordinando mejor los horarios entre autobuses y trenes de modo que se facilite la intermodalidad, con rutas y horarios que respondan mejor a las necesidades de la población. Asimismo, la organización argumenta que se facilitaría el uso y la información a la ciudadanía si el sistema autonómico estuviera integrado en una misma plataforma que permita unificar y planificar los desplazamientos, como el abono único de transporte que se acaba de poner en marcha a nivel estatal y que Greenpeace lleva años proponiendo.

Este abono único, recientemente aprobado por el Gobierno central, permite viajar por todo el país con una tarifa plana mensual, combinando trenes de Cercanías y Media Distancia con autobuses de ámbito estatal. Sin embargo, deja fuera, por ahora, a los transportes de titularidad autonómica y municipal, lo que genera un sistema fragmentado y poco comprensible para la ciudadanía. Greenpeace propone integrar la red de Castilla y León en este esquema, incluyendo la tarjeta Buscyl y el extenso sistema de transporte a la demanda y los servicios de transporte urbano, convirtiendo así a la comunidad en la primera en sumarse a la propuesta de abono único.

“La Junta de Castilla y León ya ha dado pasos importantes en movilidad sostenible, con la creación de la tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis en las rutas de autobús dentro de la comunidad, o la extensión del bono rural de transporte a la demanda. En la próxima legislatura, puede convertirse en un referente de movilidad sostenible en España si estos avances se conectan con el nuevo abono único estatal. Integrar el transporte autonómico, urbano y rural en el abono único estatal permitiría aprovechar al máximo su potencial social y ambiental, además de facilitar la vida cotidiana de miles de personas y reducir la dependencia del coche”, señala Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace.

Además, dado que persisten problemas como el aislamiento de muchos municipios y la baja frecuencia de algunas rutas, la organización reclama a los responsables políticos que se definan estándares vinculantes para frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad, para que exista una verdadera Garantía de Movilidad Sostenible, que asegure frecuencias suficientes, paradas accesibles y tiempos de viaje razonables para que vivir en un pueblo no signifique tener menos oportunidades de movilidad. Esta propuesta, unida a un abono único, permitiría reducir la dependencia del coche y garantizar que la movilidad sea un derecho para toda la ciudadanía, no un privilegio para quienes viven en los centros de las grandes ciudades.