Greenpeace pide protección para el pueblo venezolano ante la intervención estadounidense motivada por el petróleo
Madrid, 5 de enero de 2026.- Greenpeace está profundamente preocupada por la última acción militar ilegal del presidente Donald Trump contra Venezuela, que viola tanto el derecho internacional como sus poderes constitucionales como presidente de los Estados Unidos.
Trump, que reclama el control de facto sobre el país, afirmó que Estados Unidos se «implicaría muy activamente» en la industria petrolera venezolana.
«Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo. Las propias palabras de Trump dejan claro que el control y la explotación de esas reservas es su prioridad actual. En una era de acelerado colapso climático, poner el ojo en las vastas reservas petroleras de Venezuela de esta manera es imprudente y peligroso. El único camino seguro a seguir es una transición justa que nos aleje de los combustibles fósiles, que proteja la salud, salvaguarde los ecosistemas y apoye a las comunidades en lugar de sacrificarlas en aras de beneficios a corto plazo», advierte Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.
En este momento crítico, los derechos, la seguridad y los intereses del pueblo venezolano deben ser lo primero. Los venezolanos deben tener derecho a determinar pacíficamente su propio futuro, libres de coercióny violencia. No se debe permitir que la situación sea explotada para obtener beneficios petroleros a corto plazo o ganancias extractivas por parte de gobiernos o empresas extranjeras.
«La comunidad internacional debe actuar ahora con decisión para defender el derecho internacional y evitar más daños. Los gobiernos deben rechazar la intervención militar unilateral, exigir una desescalada inmediata y reafirmar la prohibición establecida en la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza para obtener beneficios políticos o económicos. Los esfuerzos diplomáticos deben dar prioridad a la protección de la población civil, la supervisión independiente de los derechos humanos y los riesgos medioambientales, y la rendición de cuentas por cualquier violación».
«Es fundamental que los Estados resistan los intentos de aprovechar la crisis para explotar los combustibles fósiles y, en su lugar, movilicen apoyo financiero, legal y político para una transición justa que sirva al pueblo venezolano, no a los intereses petroleros», afirma Christensen.
El pueblo de Venezuela ha soportado años de agitación política, dificultades económicas y un profundo sufrimiento social, en gran parte intensificado por la dependencia extractiva y la presión externa. “Está claro que la estabilidad no vendrá de los yacimientos petrolíferos ni de la fuerza militar. Es hora de trazar un camino diferente, en dirección a construir alternativas frente a la emergencia climática y que promuevan la paz. Mediante la movilización de financiación climática, el alivio de la deuda y el apoyo internacional para una transición justa hacia otro modelo energético, los gobiernos pueden ayudar a lograr mejoras reales en los medios de vida, proteger los ecosistemas y apoyar una recuperación basada en la dignidad, la autodeterminación y un futuro libre de combustibles fósiles, moldeado por las personas y no por los beneficios de unas pocas corporaciones”, ha apuntado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
