Greenpeace pide que el pacto de Estado contra la emergencia climática sea más que una declaración de intenciones: debe basarse en la ciencia y en medidas y objetivos ambiciosos

Tras el anuncio ayer del presidente del Gobierno de un pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, Greenpeace, que lleva años demandando un acuerdo de este tipo, considera que estamos ante una oportunidad única para lograr un acuerdo de Estado transversal y vinculante que esté basado en el conocimiento científico, que sea mucho más ambicioso que las políticas y objetivos actuales y que incluya medidas como, por ejemplo, la mejora de la fiscalidad aplicada a la gestión forestal o partidas presupuestarias que pongan el foco en la prevención y no en la extinción.

Ante la gravedad de los impactos sociales, económicos y ambientales provocados por los fenómenos meteorológicos extremos, la organización ecologista lleva años exigiendo medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Greenpeace destaca que lo vimos en la DANA de Valencia y lo estamos viviendo en directo en la situación actual, con una ola de calor que incrementa el riesgo extremo de incendios forestales y cambia el comportamiento del fuego que arrasa nuestros montes. Una vez más, eventos climáticos que se han cobrado vidas, personas heridas, destrucción de viviendas, infraestructuras y modos de vida, miles de personas desalojadas y la pérdida de patrimonio natural y cultural.

“Este pacto de Estado, que lleva tiempo siendo reclamado por la sociedad civil, es la oportunidad para definir una hoja de ruta nacional ambiciosa, basada en la ciencia y a la altura de las circunstancias contra la emergencia climática que se está cobrando ya tantas vidas. Y, para ello, tiene que dotarse de compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Solo así se diferenciaría de un mero gesto político. El futuro es ahora”, ha declarado Eva Saldaña Buenache, directora ejecutiva de Greenpeace España.

“El pacto debe involucrar a toda la sociedad, reconociendo que el cambio climático es una realidad que nos afecta a todas las personas, pero no a todo el mundo por igual ni con la misma responsabilidad”, ha añadido Saldaña.

El objetivo fundamental del pacto debería ser convertir la Declaración de Emergencia Climática, en vigor desde enero de 2020 en políticas reales con objetivos de mitigación y adaptación verdaderamente ambiciosos basados en la ciencia, que dejen atrás la tibieza.

Estas medidas deberían plasmarse en un calendario a corto, medio y largo plazo con metas intermedias verificables.

Para su puesta en marcha, Greenpeace pide la convocatoria urgente del Consejo Nacional del Clima, para que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, ayuntamientos, comunidad científica y agentes sociales (sindicatos, ONG y demás entidades) allí representados propongan y acuerden, fuera de la confrontación partidista, las medidas más urgentes que es necesario tomar.

Asimismo, la organización considera crucial establecer mecanismos de coordinación interterritorial para evitar guerras competenciales en situaciones de emergencias.

Medidas de adaptación, prevención y gestión de riesgos climáticos

Hace falta actuar en cuatro grandes ejes: incendios forestales, inundaciones, olas de calor y sequías-desertificación.

• Estrategia nacional contra incendios forestales. Ante la evidencia de que los incendios han evolucionado y se multiplican los episodios de incendios de alta intensidad, es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1 %¹ de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha) para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación, de manera que no haya que lamentar pérdidas de vidas y se reduzca el riesgo para la población y el patrimonio natural y cultural. Las comunidades autónomas deben avanzar en el cumplimiento de la normativa en las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) y velar por el cumplimiento  de los planes preventivos (Ley de Montes) y de emergencia local (Directriz básica de  protección civil), con los recursos necesarios para ello.

• Plan estatal para prevenir los daños por inundaciones debidas a los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, danas) que incluya la prohibición de construcción de infraestructuras y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables para reducir los impactos de las inundaciones sobre la población. En el caso de las viviendas e infraestructuras existentes, debe asegurarse que cuentan con planes de gestión del riesgo en inundaciones implementados, comunicados y testados.

• Plan estatal de renaturalización y restauración de ecosistemas como humedales, riberas de ríos, llanuras de inundación y masas forestales a lo largo de los cauces para reducir los efectos de las inundaciones. Debe fomentarse la cubierta vegetal y otras prácticas agrícolas para proteger el suelo agrícola, evitar una mayor escorrentía superficial, aumentar la infiltración y reducir la erosión.

• Plan de adaptación al calor extremo. El cambio climático ha triplicado las muertes por calor, que se producen de forma mayoritaria en las ciudades. Impulsar los planes municipales de adaptación al calor, con especial atención a la creación de refugios climáticos en todas las ciudades. También debe abordar la pobreza energética en verano, que duplica a la de invierno, y la sufren hasta una de cada dos familias vulnerables.
  

• Sequía y desertificación. Es necesario encaminar la política de gestión de los recursos hídricos hacia una transición hídrica justa, adecuada al contexto de cambio climático. Para ello, se debe combatir la sobreexplotación y contaminación del agua, especialmente de acuíferos subterráneos y recursos estratégicos y reducir el consumo total de agua, con especial foco en el regadío intensivo, que acapara casi el 80 % del agua.
  

• Sistemas de alerta temprana meteorológica e hidrológica. Ante esta emergencia, los protocolos de actuación y los sistemas de alerta temprana son las medidas más eficaces a corto plazo para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales derivados de eventos extremos. Los estudios demuestran que los países con sistemas de alerta temprana consolidados tienen tasas de mortalidad ocho veces más bajas que aquellos con sistemas limitados o inexistentes y pueden reducir los daños económicos en un 30 %.
  

• Adaptación de infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, redes eléctricas) a olas de calor, subidas del nivel del mar, inundaciones o incendios.
  

• Avanzar con urgencia en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dotándolo de las herramientas y presupuestos adecuados para que la adaptación llegue a los ámbitos autonómicos y locales.
  

• Aprobar una normativa que obligue a empresas y administraciones públicas a prevenir riesgos laborales asociados al cambio climático.

Medidas de mitigación del cambio climático

Para reducir la amenaza que suponen los eventos meteorológicos extremos es imprescindible aumentar la ambición climática con medidas que reduzcan las emisiones y frenen el avance del cambio climático. El objetivo es reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, la única vía posible para evitar los peores efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, posición que debe defender el Gobierno español en las negociaciones europeas e internacionales. 

• Para conseguir el objetivo del Acuerdo de París, de un calentamiento global máximo de 1,5 ºC, España debe comprometerse a una reducción de sus emisiones en 2030 del 55 % respecto a las emisiones de 1990 y alcanzar emisiones netas cero en 2040. Los Gobiernos municipales, autonómicos y el estatal deben tomar medidas realmente ambiciosas y valientes para reducir el uso de combustibles fósiles lo más rápidamente posible hasta su abandono antes de 2040.
  

• 2025: debe confirmarse el fin definitivo del uso de carbón en España.
  

• Deben abandonarse todos los incentivos a la importación y uso de gas fósil y aprobar una regulación de pagos por capacidad que asegure la reducción progresiva del recurso al gas, incorporando un límite de emisiones que se reduzca progresivamente.
  

• Debe acelerarse la transición energética para llegar a un sistema eléctrico eficiente, inteligente y 100 % renovable en 2030, al tiempo que se incrementa la electrificación, la democratización y la eficiencia energética, y se incorporan objetivos de suficiencia, para alcanzar un sistema energético totalmente descarbonizado en 2040, en el que la demanda energética se reduzca a la mitad y el necesario despliegue renovable se hace de forma respetuosa con las personas y al biodiversidad.
  

• Se deben evitar distracciones y pérdida de tiempo y dinero en falsas soluciones y por tanto mantener el calendario de cierre nuclear tal como está acordado.
  

• Se debe reformar íntegramente el sistema de movilidad y transporte, con medidas eficaces que reduzcan efectivamente el uso de combustibles fósiles, impulsando el transporte público con medidas como un abono único y un sistema de garantía de movilidad, la supresión de vuelos cortos con alternativa ferroviaria, el fin de las exenciones fiscales al queroseno de aviación y el abandono de planes de ampliación de aeropuertos.
  

• Debe acometerse un plan de renovación y rehabilitación integral de viviendas, con el objetivo de que toda vivienda reúna las condiciones de confort térmico que eviten tanto el derroche energético como la pobreza energética de invierno y verano, mediante el aislamiento, bomba de calor y autoconsumo compartido.
  

• Hay que aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que los costes de las pérdidas y daños debidos al cambio climático (como olas de calor, incendios forestales o inundaciones sean asumidos por las corporaciones de combustibles fósiles, que son la principal causa del cambio climático, las que más responsabilidad tienen, y las que tienen que aportar a la sociedad, por justicia climática, dados los beneficios de miles de millones que obtienen cada año, contribuyendo a instrumentos como el Fondo Social por el Clima.

Justicia climática y seguridad

• Refuerzo de los medios de investigación de las fiscalías de medio ambiente para localizar a los responsables y conocer las causas y motivaciones de los incendios forestales.
  

• Protección de afectados climáticos (personas que pierden su vivienda por incendios o inundaciones).
  

• Garantía de seguros accesibles y fondos de compensación rápida tras catástrofes.

Ciencia e investigación

• Refuerzo de la financiación a la investigación climática y a la monitorización de riesgos.
  

• Campañas de concienciación ciudadana sobre autoprotección, cultura de prevención y de percepción del riesgo.

Financiación estable y verificable

• Creación de un Fondo Estatal para Mitigación y Adaptación blindado frente a cambios de legislatura.
  

• Creación de un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal de 1.000M €/año² para gestionar el paisaje forestal a escala nacional.
  

• Uso de fondos europeos con criterios de sostenibilidad.

• Informes anuales auditados públicamente con grado de cumplimiento.