Greenpeace pide un Pacto de Estado por el Medio Ambiente en la apertura de la XV Legislatura

• La organización pide que el derecho de las personas a tener un medio ambiente equilibrado y saludable sea un derecho fundamental en la Constitución
• Greenpeace señala la necesidad de avances legales en la transición energética, la protección de la biodiversidad, en impuestos y presupuestos sociales y verdes, y en los derechos y libertades
• Es un momento clave para que el Legislativo actúe con altura de miras y responsabilidad con las próximas generaciones y escuche a la comunidad científica para frenar la emergencia climática

Madrid 16 de agosto de 2023. Mañana comienza la XV legislatura tras las elecciones del pasado 23 de julio y Greenpeace pide a los nuevos cargos parlamentarios que prioricen la lucha contra la emergencia climática y la crisis de biodiversidad en un momento clave para el planeta. El primer paso es consensuar un pacto de Estado por el medio ambiente que siente las bases de largo plazo para las transformaciones socioeconómicas y democráticas necesarias.  

“La primera fase de esta nueva legislatura tiene como objetivo conformar un Gobierno, pero cualquiera que sean los pactos a los que se llegue hay uno que es crucial: el pacto de Estado por el medio ambiente. Necesitamos que ese pacto acelere la descarbonización, proteja y restaure la biodiversidad y avance hacia un cambio en el sistema socioeconómico que reduzca su huella ecológica y asegure la disponibilidad equitativa de agua, alimentos, energía, salud y bienestar”, ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

La organización ecologista también pone de relieve la necesidad de dotar de una mayor protección jurídica posible al medio ambiente, con una reforma del artículo 45 de la Constitución Española, que eleve su categoría de principio rector, tal como figura actualmente, al de derecho fundamental, y así garantizar legalmente su integridad y, por tanto, velar por la salud y el bienestar de las personas, en especial de las generaciones futuras.

Greenpeace alertó el pasado mes de julio de que España es uno de los países del mundo que más está sufriendo los impactos del cambio climático, con un ritmo de calentamiento más rápido que la media mundial. Esto implica que, de seguir la tendencia actual, la desertificación avanzará hasta el 75% del territorio, que habrá sequías diez veces peores a las actuales y que la temporada de incendios se alargará e intensificará. Todo ello repercutirá directamente en los ecosistemas, la producción de alimentos, la economía, el trabajo, la habitabilidad y salubridad de los núcleos de población y el bienestar general de las personas. 

Además, y en línea con las 125 propuestas realizadas para el nuevo ciclo político, la organización también recuerda los cuatro grandes retos en los que deberá avanzar la agenda política parlamentaria: 

Reto 1: Hacer frente a la responsabilidad histórica del cambio climático

Se necesitan metas más ambiciosas y una transición energética más democrática, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que se aisla políticamente al negacionismo. Algunas medidas con las que avanzar son: 

• Incrementar la ambición de los objetivos climáticos en consonancia con la evidencia científica y a partir de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Es necesario lograr que en 2040 se alcance la descarbonización total, se reduzca la demanda energética a la mitad y se consiga un sistema energético 100% renovable. 
• Reducir la contaminación de los núcleos urbanos con un transporte limpio e inclusivo mediante una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que garantice la descarbonización del sector del transporte e impulse la movilidad limpia, inclusiva y multimodal con foco en el transporte público, el tren, la electrificación, la bicicleta y las zonas de bajas emisiones. 
• Hacer de la energía un bien de utilidad pública, con una reforma de la Ley del Sector Eléctrico que ponga el foco en el valor que tiene la electricidad para las necesidades de la ciudadanía. Se necesita una reforma que evite la posición de dominio de mercado de unas pocas compañías que capturan la renta pública en detrimento de la ciudadanía.
• Apostar por una industria verde y descarbonizada con la aprobación de una nueva Ley de Industria que sustituya a la de 1992 y dinamice el papel de este sector en la transición ecológica y digital desde principios de sostenibilidad, género, cohesión social y territorial y respeto a los derechos humanos. 
• Aprobar una Ley de Diligencia Debida que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente, incluso cuando actúen fuera de nuestras fronteras.

Reto 2:  Proteger y restaurar el patrimonio natural 

Para ello, hay que hacer frente a los grandes incendios, la sequía, transformar el modelo agropecuario, restaurar los ecosistemas y dar condiciones de vida dignas a las personas del campo. Algunas iniciativas son: 

• Garantizar la aplicabilidad de la Ley de Montes con el establecimiento de un fondo presupuestario permanente estimado en 1.000 millones de euros al año de apoyo a la coordinación de los planes de prevención de incendios, gestión forestal preventiva y actividades económicas sostenibles compatibles con el mantenimiento de los bosques y del medio rural. 
• Garantizar el cumplimiento de la Ley de Aguas y establecer una transición hídrica para 2030.
• Fomentar la producción sostenible de la “España vaciada”, mediante el cumplimiento de la Ley 9/2017 de contratos del sector público para asegurar que puedan participar en las licitaciones de restauración colectiva las empresas y cooperativas rurales y así fomentar los productos rurales ecológicos y con ello generar una alimentación saludable y sostenible.

Reto 3: Impulsar la transición ecológica con unos presupuestos y unos impuestos justos y verdes

Se necesita avanzar en la suficiencia de los Presupuestos Generales del Estado y del sistema fiscal y en su alineamiento con la transición ecológica y la justicia social, en línea con las mejores prácticas de nuestro entorno europeo.

Reto 4: Profundizar en la democracia y los derechos fundamentales

Algunas medidas legislativas claves son la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y desarrollar una legislación que proteja el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; fomentar un marco legal que proteja a la democracia de la amenaza de los bulos y del mal uso de inteligencia artificial; la derogación de la actual Ley de Secretos Oficiales y aprobar una nueva ley orgánica que garantice y desarrolle el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz, tal y como está reconocido en la Constitución. 

“Nuestro planeta está enfermo y por ello las diputadas y diputados deben actuar ahora ante la alerta realizada por la ciencia y pensar en el país que dejaremos a las futuras generaciones. Por ello, mitigar y adaptarnos a la emergencia climática, salvar los bosques, ríos y océanos, hacer de las ciudades y pueblos lugares más saludables y con mayor bienestar, garantizar y ampliar los derechos más básicos y contribuir a que España y Europa sean líderes en el cuidado de la casa común, la cooperación y la paz, deben ser prioridades absolutas en esta decimoquinta legislatura”, ha concluido Saldaña.