Greenpeace propone recuperar la costa como escudo natural: una oportunidad para proteger playas y hogares

Greenpeace ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto que modificará el Reglamento General de Costas. Ante la grave situación que está viviendo el litoral debido al tren de borrascas que ha azotado la Península y con una mirada puesta en el futuro, la organización aboga por una gestión del litoral que armonice la seguridad de las personas con la recuperación de los espacios naturales que nos protegen de temporales e inundaciones.

La naturaleza como nuestra mejor aliada

Frente a la política tradicional de muros de hormigón y las numerosas e interminables concesiones en primera línea de playa, Greenpeace propone una urgente y necesaria transición hacia la resiliencia costera. La organización destaca que liberar el dominio público marítimo-terrestre de infraestructuras y viviendas en riesgo no es solo una medida de seguridad, sino una forma de devolverle a la costa su función protectora.

«Recuperar sistemas como las dunas, humedales y praderas marinas permite que la propia costa actúe como una barrera viva ante el aumento del oleaje, las borrascas y la subida del nivel del mar. Estamos viendo que los daños son cada vez más cuantiosos y que se ponen en peligro vidas. La retirada de elementos artificiales no puede retrasarse más», señala María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Hacia un litoral de futuro: propuestas para la adaptación

Las alegaciones presentadas buscan que la nueva normativa sea una herramienta útil y ambiciosa para afrontar los retos climáticos actuales:

• Prioridad a las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN): abandonar los «parches temporales» de ingeniería técnica para apostar por la recuperación de ecosistemas que estabilicen la costa de forma natural y definitiva.
• Deconstrucción estratégica y proactiva: liberar el espacio de forma planificada para evitar que la destrucción por temporales sea la única vía de cambio.
• Análisis de riesgo para proyectos ya en trámite: paralizar todos los proyectos urbanísticos en zonas de riesgo de inundación hasta que se consideren las proyecciones futuras. 
• Gestión responsable de concesiones: evaluar siempre los efectos del cambio climático antes de decidir la duración de cualquier ocupación en el dominio público.
• Prohibición del urbanismo en zonas inundables: impedir la calificación de urbanizables a aquellos terrenos cuya peligrosidad solo ha sido mitigada por obras estructurales como diques.

Greenpeace fundamenta esta visión en el principio de in dubio pro natura (1) (en caso de duda, a favor de la naturaleza) y en la necesidad de una utilización racional de los recursos que asegure una mejor calidad de vida para todos. La organización subraya que esta reforma es también una oportunidad histórica para aplicar el principio de resiliencia: la capacidad de prever, adaptarse y recuperarse eficazmente ante los eventos extremos agravados por el cambio climático.

El nuevo Reglamento de Costas debe basarse igualmente en el principio de “no regresión ambiental” proveniente del derecho comunitario, que veta la reducción de los estándares de protección ambiental.

Además, la organización pide que, ante la compleja realidad de la costa, el texto que se apruebe goce de una precisión y rigurosidad lingüística así como de un lenguaje legal que contemple las nuevas precisiones terminológicas contenidas en la jurisprudencia. 

«No se trata solo de proteger la costa, sino de permitir que la costa nos proteja a nosotros», concluye el escrito. La organización solicita que se establezcan fórmulas de participación pública efectiva para que la ciudadanía sea parte activa en la creación de planes locales de adaptación y que la cooperación y la colaboración interadministrativa sea un elemento sustancial.

Las alegaciones completas pueden descargarse aquí