Greenpeace propone una hoja de ruta a la Junta para alcanzar una verdadera y necesaria “revolución verde” en Andalucía

Tras el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de efectuar una “revolución verde” durante su legislatura, Greenpeace ha solicitado una reunión con el máximo dirigente del Gobierno autonómico para compartirle una hoja de ruta, con la cual la comunidad autónoma se pueda convertir realmente en un verdadero referente de la transición ecológica y evite así los peores impactos del cambio climático a los que se tendrá que hacer frente si no se actúa con urgencia.

Para encaminarse hacia una verdadera revolución verde, Greenpeace considera necesario y urgente que Andalucía lidere la transición hacia un sistema 100% renovable para evitar la ruina del cambio climático. La comunidad andaluza tiene un enorme recurso renovable disponible, lo cual le ofrece una oportunidad única: la capacidad de generación de electricidad con fuentes renovables variadas (biomasa, solar, eólica, marina, geotérmica) en el territorio andaluz cubriría todas las necesidades energéticas (e incluso le sobraría para exportar al resto de España), y podría ser 65 veces mayor que la demanda de electricidad estimada que necesitará en 2050, según demostró hace años el estudio Renovables 2050 encargado por la organización ecologista al Instituto de Investigación Tecnológica.

Además, la nueva legislación favorable al autoconsumo ya permite una rápida y masiva penetración de energía ciudadana, democratizando así la producción y gestión de la energía, de manera que crezcan exponencialmente los proyectos de auto-producción y consumo de energía. Esta medida mejora la resiliencia del sistema de producción energético y reduce la población vulnerable a la pobreza energética, en consonancia con el proyecto que la propia Agencia Andaluza de la Energía está realizando en la actualidad.

Junto a la producción de energías renovables, la Junta de Andalucía debe jugar un papel importante en el abandono de su dependencia energética de fuentes no renovables, como las centrales térmicas de carbón. Por un lado, el Gobierno andaluz debe ejercer un papel activo en la exigencia de planes de cierre de todas las térmicas de carbón que hay en la comunidad. Por otro lado, debe coordinar un proceso de negociación entre las empresas energéticas, el Gobierno central y los agentes sociales para acordar un calendario de cierre rápido y una transición justa para los trabajadores y trabajadoras, así como para todas las personas afectadas por los cierres teniendo en cuenta la perspectiva de género.

La gestión del agua y el actual modelo agro-ganadero

Los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua afectarán de forma radical al sector agro-ganadero andaluz. Por ello Greenpeace cree necesario un nuevo modelo de gestión del agua para priorizar qué se riega y cuánto se riega. Más de una cuarta parte del cultivo de regadío de España se encuentra en Andalucía: cultivos tradicionalmente de secano como el olivo, almendro, o la vid son intensamente regados y dependientes del agua. Por tanto, es necesario que la Junta presente una moratoria y una progresiva disminución de la superficie de regadío en Andalucía que apueste por una política agrícola acorde con el clima y el agua disponible, que priorice en el aumento de superficie de agricultura ecológica y la disminución de la agricultura intensiva.

Por otra parte, Andalucía debe abandonar el nuevo modelo de ganadería industrial por la ingente cantidad de agua necesaria así como por la contaminación de suelos y acuíferos derivados del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la gran cantidad de excrementos generados por este tipo de modelo. Al mismo tiempo, la Junta debe promover que centros educativos, formativos y administraciones regionales adopten la dieta de salud planetaria, esto es, garantizar una disminución del consumo de carne a dos porciones semanales en los menús públicos, y que la verdura que se consuma provenga de agricultura ecológica, de temporada y local.

Políticas imprescindibles en los sectores de transporte y gestión de residuos 

Sobre movilidad, la Junta de Andalucía, en coordinación con ayuntamientos y diputaciones provinciales, debe de abandonar el actual modelo en el que prima el coche privado en propiedad, para transitar hacia una oferta multimodal, compartida y limpia al alcance de cualquier persona, con independencia de su condición física y poder adquisitivo. En cuanto a las infraestructuras, la Junta tendría que priorizar la conservación y mejora de la red actual frente a la construcción de nuevas autopistas, líneas de alta velocidad y la ampliación o construcción de nuevos puertos o aeropuertos.

Respecto a la problemática del plástico de un solo uso, Greenpeace insta al Ejecutivo andaluz a elaborar un plan autonómico de reducción efectiva de este tipo de plásticos e implantar un sistema de devolución y retorno que sirva para introducir masivamente el envase reutilizable, a la vez que que para recuperar el máximo número de envases de un solo uso puestos en el mercado.

Plan forestal y demolición del Algarrobico

La Junta de Andalucía debe acometer políticas forestales que generen un paisaje que fomente la diversidad, para recuperar el paisaje tradicional en forma de mosaico que ayude a reducir el riesgo de grandes incendios forestales, de manera que se protejan a los bosques y a la población. Para ello es necesario que se dote presupuesto para planes preventivos, inexistentes en el 80% de las localidades en zonas de riesgo, tal y como marca la Ley de Montes, con el objetivo de crear un paisaje resiliente ante incendios forestales.

Por último, Greenpeace destaca que el mejor gesto para visibilizar una revolución verde en Andalucía pasa por acabar con una aberración urbanística como el Algarrobico, aún en pie, símbolo de la dejadez de la administración andaluza  y el incumplimento de las sentencias. El hotel del Algarrobico es ilegal e ilegalizable: se construyó en un parque natural en suelo no urbanizable y a menos de 20 metros de la orilla del mar. Desde la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 señalando que es un área ambientalmente protegida y no urbanizable, la Junta de Andalucía ha continuado con la abulia que ha caracterizado la política andaluza en el asunto del hotel ilegal. La Junta no debe  esperar a ninguna sentencia más para poner en marcha el protocolo de demolición acordado entre el gobierno andaluz y el Ministerio de Medio Ambiente (BOE Núm. 293 de 6 de diciembre de 2011). Asimismo, debe proceder al desmantelamiento del hotel inmediatamente y a la restauración ambiental del Parque Natural, lo cual podría generar 400 puestos de trabajo con la demolición y la restauración.