La solución de Greenpeace para evitar que las casas sean un horno en verano y un témpano en invierno: un nuevo instrumento integral de rehabilitación urgente y masiva

En la semana en la que Greenpeace ha denunciado con cámaras termográficas cómo el calor se cuela en nuestras casas, con hasta 48 ºC registrados, y ha publicado nuevos datos sobre pobreza enerǵetica en verano, que dobla la de invierno, la organización ecologista propone al Gobierno central una rehabilitación simplificada, urgente y masiva. Una solución estructural a la pobreza energética y al cambio climático para asegurar el derecho a que todas las personas, vivan de alquiler o en propiedad, puedan disfrutar de una vivienda digna y sostenible, en beneficio de su salud, el confort, el ahorro y la justicia social y climática.

En un momento de urgencia social y climática, Greenpeace exige al Gobierno que lidere una estrategia nacional a largo plazo para rehabilitar el parque de viviendas como política central del Estado, con tres elementos fundamentales: 

1. Un eje financiero, que constaría de: 
   • Un gran fondo estatal de dinero, accesible y permanente, que aúne y multiplique los fondos públicos y movilice recursos privados destinados a mejorar la eficiencia energética de los hogares, especialmente en los más vulnerables. 
   • Una cuenta vivienda digna, asociada a cada vivienda, sea en alquiler o propiedad, que permita invertir en obras de mejora energética con el dinero por adelantado, y cuyo crédito se devolvería a largo plazo con los ahorros energéticos generados, excepto en casos de vulnerabilidad. 
   • Un paquete de incentivos fiscales duraderos acompañado de una remoción de las subvenciones que frenan la transición energética en los hogares.
     
2. Un eje informativo, con oficinas de barrio o de proximidad actuando en coordinación con las administraciones públicas locales como ventanilla única para asesorar y acompañar a las personas en todo el proceso de rehabilitación de su edificio, con servicios de apoyo a la planificación, la financiación y la gestión de los mismos.
   
3. Ambos instrumentos estarían gestionados por una Agencia Estatal de la Vivienda Digna, destinada a coordinar con el resto de actores institucionales necesarios (autonómicos y locales) la rehabilitación y la ampliación del parque residencial con criterios de justicia social, y a aunar la inversión pública y privada necesaria. Todo ello para garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna.

“Reclamamos el derecho a la vivienda, pero la vivienda va mucho más allá del acceso a un techo. No basta con acceder a casas si luego son un cuchitril inhabitable, donde nos congelemos en invierno o asemos en verano. Necesitamos viviendas dignas, y esto implica no solo seguridad en su tenencia y servicios básicos, sino asegurar su calidad en términos de eficiencia energética, entre otros, para que sean habitables, confortables, y que no nos arruinen luego en la factura para enfriarlas o calentarlas, con el consiguiente impacto en el planeta, como ocurre ahora. Somos la generación que puede y debe hacer frente al problema de la habitabilidad y vulnerabilidad de los hogares frente a la emergencia climática. Necesitamos una política pública de vivienda que proteja a las personas, vivamos en alquiler o propiedad, y esto pasa por poner más recursos públicos al servicio de las soluciones para la ciudadanía. Dinero hay; soluciones también”, ha declarado María Prado, responsable de campañas del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace España.

Greenpeace pide al Gobierno central que recoja el guante con una solución de largo plazo que priorice el derecho a la vivienda digna como política de Estado en un momento de urgencia social y climática, y con la oportunidad, entre otras, de diferentes directivas y planes en actual diseño. Es imprescindible dar pasos para asegurar que en todos los futuros alquileres y compra-venta de vivienda se garantice un estándar mínimo de habitabilidad y calidad energética, tal como aconseja la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD por sus siglas en inglés), y que ello suceda sin repercusión en su precio.

¿Cómo se financia la propuesta?
Para cumplir con el objetivo de multiplicar por más de 10 el ritmo actual de rehabilitación, es necesario incrementar los recursos públicos y privados y dar mayor coherencia y durabilidad a los incentivos disponibles. A corto plazo es urgente reforzar los recursos públicos y su accesibilidad y redireccionar las subvenciones perniciosas que reciben actualmente los combustibles fósiles (23.000 millones anuales). Para el largo plazo, la organización propone un marco institucional adecuado que dé escala a la inversión con una combinación de recursos públicos con la movilización de inversión privada, y un sistema tributario justo que grave las emisiones de CO2 como la introducción rápida y efectiva de un impuesto especial sobre los carburantes, permanente y escalable.

“Pensamos en rehabilitación y nos entran sudores o escalofríos. Si vives de alquiler, porque tu casero no quiere o te sube injustamente el alquiler; y si vives en propiedad, porque no te salen las cuentas o te pierdes en el laberinto burocrático. Pero ¿y si fuera barato, fácil y te ayudaran para ello? Esto es lo que proponemos al Gobierno: invertir responsablemente en nuestro futuro. Porque rehabilitar es invertir en salud y justicia social y climática, y vivir en viviendas dignas debe ser un derecho exigible. El papel del Estado es clave. Hay soluciones técnicas y hay dinero disponible. Solo hay que dejar de financiar a los combustibles fósiles y poner el dinero al servicio de las soluciones que benefician a todas las personas y al planeta, priorizando a las que más lo necesiten”, continúa Prado.

Greenpeace recuerda que el sector de la edificación contribuye casi con un 40 % de gases de efecto invernadero en su ciclo operativo, aunque los edificios contribuyen por su consumo directo de combustibles fósiles en un un 8.2 %. La tasa de rehabilitación anual se encuentra muy lejos del 3 % marcado por la Comisión Europea como mínimo necesario para la lucha contra el cambio climático. Por ello, y ante el fracaso de las políticas basadas en la voluntariedad de la rehabilitación y las numerosas barreras actuales existentes (normativas, organizativas, financieras y sociales), Greenpeace considera que todas las personas deben tener derecho a un mínimo de eficiencia energética que garantice la salud y el confort de las viviendas, lo que es clave para acelerar la necesaria transición ecológica. 

La organización confía en que la actual crisis social en materia de vivienda sea un revulsivo para el Gobierno para dar un paso más allá y crear estos instrumentos que, sin duda, ayudarán a dar un salto cualitativo en la buena dirección de la justicia social y medioambiental.

Más información:

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Imágenes tomadas con cámara termográfica en Madrid, Valencia y Málaga AQUÍ

Dosier para medios con explicación de las imágenes AQUÍ