Greenpeace urge al Gobierno a acelerar la descarbonización de la vivienda para garantizar el bienestar y frenar el cambio climático

Tras el anuncio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) de sus planes para acometer la descarbonización del parque inmobiliario español, Greenpeace hace un llamamiento al Gobierno a realizar un mayor esfuerzo de asignación de recursos y de coordinación entre los diferentes ministerios implicados, para adelantar al 2040 el compromiso europeo de llevar nuestros edificios a emisiones netas cero en el 2050. Estos planes se presentan en el marco de la transposición de la nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación (EPBD por sus siglas en inglés). 

La organización ecologista considera que el proyecto ARCE2050, presentado por el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, aborda una necesidad fundamental, aunque aún le falta ambición, por lo que demanda multiplicar por 10 (mínimo) la tasa de rehabilitación actual; además de un desarrollo regulatorio y normativo vinculante, al tiempo que alerta sobre la incertidumbre de su financiación y la necesaria atención a los aspectos sociales para su implementación.

“Buena parte de la población vive en casas viejas, ineficientes y que todavía hoy consumen el peligroso gas o gasoil, cuando podríamos tener hogares más eficientes, confortables y  seguros, que necesiten menos energía y que se alimenten con energías limpias renovables. En definitiva, hogares que nos protejan mejor y a menor coste del frío y del calor, que con el   cambio climático se harán más extremos. Nuestros Gobiernos tienen la responsabilidad y oportunidad de diseñar e implementar una rehabilitación holística (eficiente y renovable) urgente, que sea justa para todas las personas y para el planeta“, ha declarado Maria Prado, portavoz de Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace recuerda que vivimos en un contexto de emergencia climática y que más del 80% de nuestras casas son muy ineficientes energéticamente y muy envejecidas, lo cual nos condena a malgastar excesiva energía (basada en combustibles fósiles contaminantes en gran parte), con un alto coste para el bolsillo y la salud de la ciudadanía y el planeta. Por ello, incide en el papel que nuestras viviendas tienen a través de la descarbonización y rehabilitación, no solo sobre el clima sino sobre nuestra calidad de vida y salud, asegurando así una mayor justicia social al convertir a las personas en agentes de cambio y beneficiarios directos de las ventajas económicas, sociales y de salubridad de la transición energética.

Demandas de Greenpeace:

Mayor ambición en diseñar políticas vinculantes y aumentar al menos 10 veces la velocidad de rehabilitación.

Para cumplir con el escenario de 1.5ºC de los compromisos europeos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el Gobierno debe aumentar la tasa de rehabilitación actual (40.000 viviendas/año aproximadas), hasta 10-12 veces, para alcanzar al menos las 500.000 viviendas al año y adelantar el cumplimento del objetivo europeo de descarbonización del parque de edificios al año 2040, en coherencia con nuestra responsabilidad climática. Además, el Gobierno debe diseñar  una regulación y normativa jurídicamente vinculante que supere las dificultades competenciales entre los ámbitos estatal, autonómico y local. 

Mayor coordinación interministerial e interlocución social para converger en un plan de acción con mirada holística que escale la rehabilitación a toda la ciudadanía. 

Ante la multitud de planes y directivas pendientes de diseño y/o implementación gestionadas por diferentes ministerios y con claras líneas convergentes*, el Gobierno debe redoblar su esfuerzo de coordinación entre los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)  y Hacienda (MHAC), para asegurar la convergencia de esfuerzos eficientes y objetivos de modo holístico (integrando la rehabilitación, eficiencia energética y financiación). Por el mismo motivo, debe asegurarse la interlocución con las instituciones autonómicas, locales y actores de la sociedad civil interesados, para converger en un verdadero plan de acción que permee a toda la ciudadanía y descarbonice de manera rápida, masiva y fácil nuestros hogares, priorizando a los hogares en situación de vulnerabilidad. 

Aumentar y movilizar mecanismos de financiación públicos y privados.

La poca concreción anunciada sobre la financiación disponible para acometer el reto de rehabilitación, puede hacer peligrar el éxito de la descarbonización, por lo que se hace necesario asegurar el número de mecanismos, instrumentos y esquemas financieros disponibles (públicos y privados), estables y suficientes, para cumplir con la escala de la rehabilitación necesaria. La falta de presupuestos generales del Estado impide, además, la aportación económica europea al Fondo Social para el Clima.
Por otro lado, es imprescindible que la financiación se adecue al estado  de la vivienda, el nivel de tenencia e ingresos para asegurar que las rentas bajas y medias accedan prioritariamente a estos procesos. 

Mayor monitorización y transparencia de datos. 

Se debe asegurar una correcta monitorización de datos sobre rehabilitación y aumentar los indicadores de seguimiento y transparencia disponible que permitan y ayuden a la evaluación y  diseño de políticas estratégicas.

Asegurar que la rehabilitación atiende a criterios de justicia social.

La rehabilitación es y deber ser una oportunidad de justicia social, pues permite combatir la pobreza energética de nuestro país (21% en 2024) y las desigualdades residenciales;   y de justicia climática (como medida de mitigación y adaptación al cambio climático que sufrimos, al convertir nuestras casas en nuestro primer refugio climático ante el frío o el calor extremo). 

En el contexto inmediato de crisis de acceso a la vivienda que vive España, la renovación de la vivienda no puede exacerbar el problema de acceso a la misma, añadiendo especulación sobre los precios de alquiler/venta u otras externalidades negativas como los desalojos por rehabilitación. Por ello es vital que la vivienda sostenible sea accesible para todos, y para ello, deben asegurarse ciertas tasas mínimas de rehabilitación en regímenes de alquiler o sobre perfiles vulnerables -30%- (con especial atención a la perspectiva de género).

Incrementar notoriamente el esfuerzo de concienciación social por la descarbonización.

El gobierno, empresas y sociedad civil deben hacer un importante esfuerzo en acelerar la sensibilización y acompañamiento que nos permita como sociedad generar y acelerar un salto en la cultura de rehabilitación, clave para nuestra salud pública, para convertir la descarbonización de nuestras casas en un proceso en escala y continuo y cumplir los compromisos políticos y permitir alcanzar Emisiones Netas Cero en 2040 como reclama Greenpeace.